Femicidio progre. Los riesgos de la ligadura de trompas como método anti-conceptivo

Rosana López Rodriguez

Trece Rosas

La ligadura, reivindicada por muchas feministas como un derecho de las mujeres, no solo no previene las enfermedades de transmisión sexual, sino que significa una intervención física de consecuencias difícilmente reversibles que, además, coloca en el cuerpo de la mujer el problema del control de la natalidad


Con ocasión de asistir al Feminist Forum 2018, en Bruselas, tuve la oportunidad de conocer, a través de Inés Condorí, la otra cara de la ligadura de trompas como método anti-conceptivo. La ligadura, reivindicada por muchas feministas como un derecho de las mujeres, no solo no previene las enfermedades de transmisión sexual, sino que significa una intervención física de consecuencias difícilmente reversibles que, además, coloca en el cuerpo de la mujer el problema del control de la natalidad. Tanto en términos individuales como sociales. Y en este terreno, las consecuencias de una política laxa o de “liberalidad” estatal, puede dar como resultado la consumación de un verdadero crimen contra las mujeres.

 

¿Quién es Inés Condorí?

 

Inés es una campesina peruana de la provincia de Chumbivilcas, en el departamento de Cuzco. Con 56 años a cuestas, a los 34 fue esterilizada en el marco de la política de “salud reproductiva y planificación familiar” de Alberto Fujimori. Luego del embarazo de su cuarto hijo y por dolores y molestias consecuencias del parto, concurrió a una posta sanitaria de Cuzco donde, sin demasiadas explicaciones, se le terminó realizando la ligadura de trompas con la excusa de que resultaba imprescindible para sus problemas de salud. Tengamos en cuenta que los habitantes de la provincia son quechua-hablantes, mientras que el personal sanitario no. Eso solo habla de la validez de las “explicaciones” y del “consenso” de las esterilizadas.

Tiempo después caería en la cuenta de lo que había pasado. Comenzaría a tomar nota de nuevos casos, cada vez más numerosos, de mujeres esterilizadas luego de varios partos. Y también de casos cada vez más frecuentes de esterilizaciones practicadas a mujeres que no cumplían esa regla, que tenían menos de tres hijos, incluso uno o ninguno. En ese proceso de conocimiento y de juntarse las víctimas, se forma la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la provincia de Chumvibilcas, que comienza sus actividades en 2003-2004, y de la que Inés es presidenta desde 2013. Desde entonces se ha transformado en dirigente y vocera de un movimiento que está poniendo sobre la mesa uno más de los tantos crímenes del recientemente indultado presidente peruano.

 

La política de Fujimori

 

Recordemos que Alberto Fujimori llega sorpresivamente a la presidencia del Perú en 1990 y que gobernará hasta el año 2000. Condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, fue liberado 2017 después de cumplir una década encerrado. Su gobierno se caracterizó por la aplicación de ajustes económicos salvajes, por el control dictatorial de los medios de comunicación, por una corrupción galopante (se calcula en 600 millones lo robado por el propio Fujimori) y por el combate a la guerrilla Sendero Luminoso con métodos propios de las dictaduras de los años ’70.

Es en este último marco que debemos poner la política de esterilizaciones masivas. En 1995, Fujimori puso en marcha el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, ejecutado entre 1996 y 2000. La política en cuestión tenía en su centro la esterilización de población pobre, incluyendo varones. Dos investigaciones del congreso peruano, luego de la caída de Fujimori, iniciaron la toma de conciencia nacional de la magnitud del fenómeno. Un informe de la Defensoría del pueblo calcula en 272.028 esterilizaciones realizadas durante el período mencionado. Aunque la ley data de mitad de su mandato, los primeros casos de mujeres esterilizadas por la fuerza datan de 1992. La ley acelera las intervenciones: se amenaza a las mujeres con consecuencias de todo tipo, apoyados en que la normativa obligaba a las mujeres a regresar al lugar de atención, luego de parir, con un plan de control de la natalidad. Rápidamente se llevó adelante una campaña de promoción de las esterilizaciones, actuando los promotores de forma cada vez más compulsiva, incluso recorriendo los poblados casa por casa. Basta escuchar a las víctimas para darse cuenta del método (véase recuadro): violencia física directa, amenaza de represalias económicas, engaños.

Es obvio que esta política tiene por función una “solución” malthusiana de la pobreza y está en línea con las teorías anti-insurgentes del Pentágono, desarrolladas por la época. Incapaces de reconocer que el problema de la miseria no es la “superpoblación” sino las relaciones sociales capitalistas, las burguesías de todo el mundo han utilizado el malthusianismo como un caballito de batalla muy efectivo, porque refleja el sentido común. “Para qué tienen hijos si no los pueden alimentar”, o “se embarazan para cobrar planes”, son expresiones ideológicas populares de una política recurrente que responsabiliza a los pobres por su pobreza. Adicionalmente, en el caso peruano (y en otras sociedades de fuerte base campesina, como la India), detrás de la pobreza se encontraba el peligro de la insurgencia social, en particular, la guerrilla, representada en Perú por Sendero Luminoso. Reducir la población campesina a mediano y largo plazo esconde, entonces, detrás de pomposos nombres y siglas aparentemente neutras, la continuidad de la lucha de clases.

 

Consecuencias sobre las mujeres

 

Las consecuencias de las esterilizaciones no se limitan a las que pueden originarse en torno a “derechos”: el derecho a la elección, al consentimiento o la negación, al conocimiento pleno de las consecuencias, etc. Tienen expresiones más inmediatas en la salud reproductiva y no reproductiva de las mujeres. Por empezar, la mayoría de las “operaciones” se realizaron sin condiciones médicas adecuadas y sin control post-operatorio. Desde problemas hormonales, infecciones, complicaciones no atendidas que incluso han desembocado en la muerte de la mujer esterilizada, las secuelas físicas están presentes en todas ellas.

Las secuelas sicológicas no son menores. Piénsese en la educación de las mujeres en general, en la que la capacidad reproductiva ocupa un lugar tan importante que genera crisis de grandes magnitudes en aquellas que no pueden concebir, incluso en las que forman parte de segmentos cuyo acceso a los bienes culturales y sociales está más que garantizado, para tener una idea de lo que puede significar la esterilización para una campesina. Perder su estatus de “madre” en una cultura patriarcal es casi perderlo todo. Las consecuencias sociales no se hacen esperar: segregación, repudio por sus maridos, expropiación de todo lo que ser madre en una sociedad campesina pueda tener de “bueno”, en tanto valorable por la comunidad.

Al día de hoy, el Estado peruano se ha visto obligado a desarrollar un registro nacional de víctimas. Uno de los problemas es que muchas víctimas aún no saben que lo son. Las que logran registrarse tienen, todavía, un largo camino hasta la reparación del daño, al menos en forma económica y de reconocimiento social.

 

¿Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Gran Buenos Aires?

 

En Argentina, el malthusianismo está tan vivo como en cualquier otro lugar del mundo. Abundan los médicos, sanitaristas, especialistas en salud y políticos que se pretenden “progres”, que hablan alegremente de las virtudes tanto de la ligadura como de la vasectomía. Muchas feministas, incluso, exigen la flexibilización de las normas que regulan la práctica en los hospitales públicos. Más allá de la discusión de la validez de la práctica en sí, el discurso de la intervención quirúrgica ligada a los “derechos reproductivos” puede dar lugar a la emergencia de un consenso peligroso. No son pocos los interesados en “limpiar” de “indios” y “negros” tanto los bosques que, convenientemente talados dejan espacio a la soja, sino de los asentamientos urbanos pobres a los que se imagina fuente de todas las lacras sociales, desde la inseguridad hasta la droga.

No se quiere con esto señalar que la defensa del derecho a la intervención quirúrgica con fines de salud reproductiva lleva necesariamente a estos escenarios y a estas conclusiones. Se pretende, simplemente, mostrar la complejidad del tema y la cantidad de variables que hay en juego a la hora de discutirlo. Solo teniendo en cuenta todas las aristas el fenómeno podremos tener una intervención que no genere efectos indeseables.

 

Las voces de un crimen silencioso

“Me han obligado y me gritaron de que tenía que hacerme operar porque si no a mi hijo le iban a entregar al Estado, de ahí me han cerrado en un cuarto con todas las mamás hasta que nos llamen de nuestro nombre.”

“Ahí las enfermeras me dijeron que nos debemos hacer la ligadura porque tenemos muchos hijos y tendremos que pagar impuestos por cada hijo, tampoco habrá escuelas para nuestros hijos. Luego las enfermeras vinieron cada rato a mi casa buscándome para hacernos operar. Luego nos trajo a la fuerza en una ambulancia a Santo Tomás. Me asusté mucho porque había hartas mujeres que estaban llorando.”

“Estaba mal de salud y visité la posta para recibir medicamentos. No me dieron nada y me detuvieron en la posta. Después no sé qué me habrán dado, no me acuerdo de nada. Aparecí en el hospital de Cusco. Me ataron a una cama, pero ya me habían operado, no me acordaba nada… nadie de mi familia sabía de la operación. Estaba abandonada en Cusco.”

“Estaba embarazada en ese momento, aborté después de la operación. Mi esposo puso una denuncia a la fiscalía en el 1998. Volví a embarazarme a los 6 meses de haberme hecho ligar, me operaron mal, ahora sufro de muchos dolores.”

(Tomado de Esterilizadas y olvidadas. Chumbivilcas a la espera de justicia y reparación integral (1990-2000), folleto de la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de la Provincia de Chumbivilcas.)

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