Escenas de suspenso, terror y… esperanza – Por Ianina Harari

Suspensiones, despidos y el ataque de la burocracia K.

¿Usted cree que el asunto de las suspensiones es pasajero y que los despidos son aislados? ¿El problema es la izquierda que toma fábricas? En esta nota le contamos a quién está afectando la crisis y por qué mejor apoyar a los compañeros que cortan rutas.

Por Ianina Harari (TES – CEICS)

La crisis que comenzó a fines del año pasado, lejos de superarse, se profundiza cada vez más. Con ella, los puestos de trabajo de miles de obreros argentinos comenzaron a peligrar. Para el gobierno, se trata de una campaña mediática exage­rada. Para los sindicatos, un peque­ño abuso de las empresas que hay que tolerar. En el medio, cientos de trabajadores desesperados salen a buscar soluciones. Veamos con qué se encuentran.

La espiral

A fines de 2008, comenzaron a sentirse los primeros quiebres del modelo. Tras el conflicto del cam­po, quedó evidenciada la fragilidad de la expansión industrial poste­rior a 2003. La ola de suspensiones en ese momento pareció disiparse a fuerza de subsidios. A fines de 2011 y comienzos de 2012, nue­vamente aparecieron las cesantías. Otra vez, el Gobierno salió a re­partir dinero. De esa forma pareció frenar los problemas y de la conflictividad en ascenso. Sin embar­go, la crisis estaba instalada. Los aumentos pactados en paritarias perdieron impulso. Desde el 2010 el incremento del salario real se desaceleró para finalmente rever­tirse en 2013.1

El cepo cambiario y la devaluación agravaron las dificultades en lugar de solucionarlas. Los primeros sín­tomas de estancamiento comenza­ron a dejar obreros en la calle. Se­gún informó el propio INDEC, la actividad industrial del país viene en caída constante desde noviem­bre de 2013.2 La cantidad de obre­ros que quedaron en la calle o que fueron suspendidos es difícil de estimar ante la falta oficial de ci­fras. Hay ciertos indicadores que permiten estimar la magnitud de la crisis. Por ejemplo, la consulto­ra Tendencias Económicas conta­bilizaba que, en febrero de 2012, 6.605 habían perdido su trabajo y 5.775 habían sido suspendidos. Pa­ra el mismo mes de este año las ci­fras son de 4.758 despidos y 7.246 suspensiones.

Sin embargo, si se observan las ci­fras posteriores, los números crecen vertiginosamente. Tan sólo en el promocionado “polo tecnológico” de Tierra del Fuego, se han produ­cido 5 mil despidos. A comienzos de 2012 la pérdida de trabajos en ese sector había sido de 4 mil. Cla­ro que la patronal, el gobierno y el sindicato –UOM-, no los contabi­lizan como tales porque se trata de 4 mil obreros a los que no se les re­novó su contrato y a mil que traba­jaban para empresas tercerizadas, es decir que estaban bajo una re­lación laboral temporaria. Ello da cuenta que el “boom electrónico” se sustentó en condiciones sumamen­te precarias para los obreros. Los contratos temporales permitieron a las empresas poder utilizarlos se­gún los ciclos económicos. Se trata de lo que llamamos sobrepoblación relativa fluctuante ocupada en una industria que subsiste con subsi­dios y depende de lo que el gobier­no le permita importar. Por ello la situación se agravó en abril cuando, a la crisis desatada a fines del año pasado, se sumó la orden de Kici­loff de disminuir las importaciones del sector un 20%, lo cual genera la caída de su producción.

En la industria automotriz, cu­ya producción cayó un 22% los primeros cinco meses del año, el propio gremio reconoce que des­de principio de año las suspensio­nes afectaron a 15 mil trabajadores entre terminales y autopartistas, es decir un 16% del total de trabaja­dores del sector. No es de extra­ñar que nadie hable de las cifras de despedidos. Al igual que sucede en otras industrias, contabilizar la cantidad de puestos de trabajo perdidos resulta difícil, porque se trata de despidos hormigas y encubier­tos: jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, no renovación de con­tratos. Por ejemplo, en Volkswagen el SMATA y el gobierno acorda­ron en mayo la jubilación antici­pada de 320 trabajadores, aunque ya en abril se había denunciado el despido de 100. Todas las automo­trices programaron suspensiones, a excepción de Toyota, la única que no vio desplomar sus ventas.

La caída de las terminales no tardó en repercutir en las autopartistas. Lo despidos en Kromberg, Ges­tamp y Lear, de mayor repercusión pública, no fueron los únicos. En­tre otros casos, en la firma Treves se echaron a 20 trabajadores de forma escalonada durante el primer tri­mestre. A fines de junio, el depó­sito de neumáticos de Pirelli –per­teneciente al sector de logística y agremiados en Camioneros-, ubi­cado en las cercanías de la planta de Mercedes Benz y proveedor de ésta, cerró dejando 80 trabajadores en la calle. A comienzos de julio, la metalúrgica Visteon, proveedo­ra de Ford y Volkswagen, también cerró dejando en la calle 290 traba­jdores. En Córdoba, la UOM local denunció cerca de 200 despidos en las autopartistas de la provincia en lo que va del año. Por ejemplo, la firma Montich no renovó el con­trato de 35 obreros y despidió a una cifra similar de trabajadores de planta. Y Valeo, a 45 trabajadores. Se calcula que en esa provincia hay cerca de 3.000 suspendidos. Ante este panorama, el Gobierno lan­zó un plan para intentar mitigar la crisis del sector automotriz, el Pro. Cre.Auto. Pero a diez días de su implementación, las automotrices planeaban mantener sus esquemas de suspensiones durante el mes de julio.

El sector automotriz y el metalúr­gico no fueron los únicos afecta­dos. En los frigoríficos se registran más de 2.000 despidos en lo que va del año. En la vitivinicultura de Mendoza también se produjeron cesantías: al menos 60 trabajado­res fueron despedidos. En el sector alimenticio, la Oleaginosa More­no, de General Villegas, paralizó la producción de su planta. La azuca­rera Ledesma despidió 180 traba­jadores de su ingenio en El Talar. Esta escena se repite en casi todos los sectores, incluso el público, en especial el municipal. Por ejemplo, en Santiago del Estero, en La Ban­da, no se renovó el contrato de 45 trabajadores del policlínico local.

No hay peor ciego…

A diferencias de años anteriores, donde el gobierno buscaba paliar la situación con la extensión de los planes REPRO y subsidios a em­presas en crisis, este año el Gobier­no buscó minimizar la situación y reprimir las luchas. El mismo mi­nistro Tomada declaró que el nivel de empleo se mantiene estable y que se trata de una situación tran­sitoria acotada a la industria auto­motriz. Es claro que la falta de re­cursos para palear la crisis laboral lleva a los K a intentar tapar el sol con la mano.

Uno de los argumentos que se han esgrimido para negar la magnitud del problema es que no se han pre­sentado un número significativo de procedimientos preventivos de crisis (PPC). Tomada argumentó que, desde enero hasta mediados de mayo, sólo ingresaron 17 solici­tudes de este procedimiento y sólo una correspondía a una autopartis­ta e involucraba a siete trabajado­res. Sin embargo, esta cifra no re­sulta un buen indicador.

El PPC es un trámite que las em­presas deben realizar en caso de querer suspender o despedir per­sonal por una caída en la actividad por motivos relacionados con una crisis del sector. En esos casos se realiza una presentación al Minis­terio de Trabajo que media entre la patronal y el sindicato para acordar las medidas a seguir.

Pero, como toda ley, ésta también tiene su trampa. Las empresas pue­den eludir la presentación de PPC. Por empezar, esta presentación só­lo es obligatoria cuando afecta a un determinado porcentaje, según el tamaño de la empresa: más del 15% del personal en empresas de menos de 400 empleados; más del 10% si cuenta entre 400 y 1.000 trabajadores, y más del 5% para fir­mas con más de 1.000 trabajadores (Ley 24.013, Artículo 98°). Ahora bien, estos requisitos son fácilmen­te sorteables. Por ejemplo, cuando la empresa no tiene a todo el personal registrado o bien tiene con­tratados o tercerizados. Otra cues­tión es si la empresa, por ejemplo, implementa suspensiones rotativas sin afectar al mismo tiempo a la cantidad de trabajadores que san­ciona la ley, entonces queda exenta de presentar el PPC. Por otro la­do, la legislación no establece claras sanciones en caso de no cumplir con este procedimiento. En ca­so de realizar la presentación, ello no garantiza a la empresa un res­guardo legal sobre la justificación de los despidos, si se llegase a ellos. Es decir, se supone que mediante el PPC los despidos de trabajado­res pasan a tener una causa justi­ficada. Sin embargo, la justicia ha tomado incluso despidos bajo esta modalidad como injustificados. Al existir jurisprudencia sobre estos casos a favor del trabajador y al no estar establecidas sanciones claras en caso de no presentar los PPC, no existe demasiado incentivo pa­ra buscar la mediación del Minis­terio de Trabajo. Quizás por ello, no necesariamente todos los casos de despidos y suspensiones sigan la vía del PPC.

De todas formas, la utilización de esta herramienta no implica un be­neficio a los trabajadores, sino que consiste en una forma legal para que las empresas puedan despe­dir con causa justificada. Es más, la aplicación de este recurso impo­ne la prohibición de llevar adelan­te acciones de lucha por parte de los trabajadores, como ocurre en el caso de la gráfica Donnelley. Toda una declaración de principios sobre cómo los capitales –y el Estado-buscan recuperarse de las crisis.

¿Y dónde está el piloto?

No resulta llamativo, en este mar­co, que la conflictividad obrera au­mente. En efecto, según la estadís­tica del Observatorio del Derecho Social de la CTA, en el primer tri­mestre de 2014, se produjeron 318 conflictos laborales. De mantener­se este nivel de conflictividad, este año sería uno de los más álgidos de la era kircnerista hasta el momento. De hecho estaría en línea con una tendencia al aumento de los con­flictos obreros en los últimos años: 432 en 2009, 385 en 2010, 754 en 2011, 726 en 2012 y 1.078 en 2013.

Si se contabilizan las causas de los conflictos, la cantidad que se des­ata por la crisis –retraso salarial, despidos, suspensiones- viene tam­bién incrementándose. Sin embar­go, el porcentaje de este motivo en la totalidad de las causas viene de­cayendo desde 2009. Si en 2009 la crisis aparecía en el 44% de los conflictos, esta cifra fue del 41% en 2010, 33% en 2011, 28,7% en 2013. El primer trimestre de es­te año el porcentaje se ubica en el 27.6%.3 Esta tendencia resulta lla­mativa si se tiene en cuenta que, si bien 2009 fue año crítico, 2013 y lo que transcurrió de 2014 fueron escenario de un estallido económi­co. Una posible explicación es que el aumento de conflictos haya esta­do motorizado principalmente por reclamos salariales en función del incremento de la inflación. De he­cho, en el primer trimestre de este año las demandas relacionadas con los sueldos aparecieron en el 60% de los conflictos.

Esto nos lleva a reflexionar sobre algo que Cristina dijo hace poco a propósito del paro del 10A. La pre­sidenta se refirió a que los obreros protestan cuando les va bien y no hacen nada cuando les va mal. En parte, el hecho de contar con con­diciones económicas favorables, que aseguran cierta estabilidad, otorga a los obreros mayor capaci­dad de negociación frente a la pa­tronal. En cambio, un momento de crisis, donde el empleo está amenazado, los obreros se sienten más debilitados frente a una amenaza de despidos. Es decir, cambia la correlación de fuerzas. Será cuan­do pierdan todo que finalmen­te también perderán el miedo. Es allí de donde surge el movimiento piquetero.

Ahora bien, los conflictos que se dieron por la crisis parecen tener en común la ausencia de los sindi­catos, a excepción de algunas regio­nales de la UOM: Tierra del Fuego y Córdoba. Los dirigentes sindica­les vienen desentendiéndose de la situación. La UOM cordobesa rea­lizó un paro el 28 de mayo que pa­reció contar con el visto bueno de Caló. Esta seccional se encontraba jaqueada por el aumento de la con­flictividad en la provincia, donde a principio de año se tomaron tres autopartistas. El SMATA local, en cambio, se negó a realizar medidas. En Tierra del Fuego, la UOM no organizó ninguna acción de lucha, aunque los trabajadores sí se manifestaron. Para el gremio que li­dera la CGT oficial, no se trató de despidos, sino de no renovación contractual y, por lo tanto, no ten­dría nada para reclamar. El tam­bién oficialista SMATA no sólo no llevó adelante ningún reclamo sobre la situación de sus afiliados, sino que incluso atacó abiertamen­te, en los medios y a través de una solicitada a quienes sí reclamaron por sus puestos de trabajo. Su opo­sición a los obreros que lucharon no fueron sólo declamativas, sino que incluso organizó patotas con­tra ellos. En tanto, el sindicalismo opositor, quizás porque aún no se vio afectado del todo por la crisis, sigue más preocupado por las pa­ritarias y el problema de ganancias, por lo cual plantean convocar a al­guna medida luego del mundial-.

La izquierda es quien más ha capi­talizado esta situación, recogiendo el fruto de años de trabajo gremial y de la presencia en la política na­cional que ha ganado luego de las últimas elecciones. No sólo se en­cuentra dirigiendo conflictos im­portantes, sino que incluso ha si­do reconocida como oponente por la burocracia sindical. Pero, parece que incluso este suelo fértil no al­canza para lograr una mayor uni­ficación del trotskismo argentino, cuyos partidos no sólo se rehúsan a la fusión partidaria, sino inclu­so a la coordinación sindical más estable y profunda. Se han vis­to marchas conjuntas y solidari­dad en cada lucha. Sin embargo, la unidad no trasciende estas ins­tancias. Frente a la crisis del capi­tal, hay que reclamar su reempla­zo: si la burguesía no puede llevar adelante la producción, entonces es la clase obrera la que debe tomar­la en su poder, para concentrarla y llevarla a otros niveles de producti­vidad, incluso pensando en térmi­nos continentales. Claro, para eso necesita del Estado. Como el pro­blema es político, la izquierda debe plantear una solución política. La agudización de la crisis debiera im­pulsar a los partidos a buscar una mayor coordinación en la dirección de los obreros que han roto (y la los que lo harán) con la burocracia y el kirchnerismo.

Notas

1 En base a datos elaborados por el Observatorio Marxista de Economía.

2 INDEC Informa, nº 6, año 19, Ju­nio de 2014.

3 Elaboración propia en base a: Observatorio del Derecho Social CTA: Informe anual 2009; Infor­me anual 2010; Informe anual 2011; Informe anual 2013 e Informe I tri­mestre 2014.

Te podría interesar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *