Entrevista con Horacio Giberti, Secretario de Agricultura de Cámpora

Reforma agraria y fuegos de artificio. Entrevista con Horacio Giberti, Secretario de Agricultura de Cámpora

Verónica Baudino

Grupo de investigación de la Historia Económica Argentina – CEICS

La retórica nac & pop coloca al peronismo como un proyecto de enfrentamiento a los terratenientes y a la burguesía agraria. Sin embargo, tanto el primero y como el segundo gobierno distan mucho de haber llevado adelante tales políticas. En el ‘73, en plena primavera camporista, el Ministro de Economía José Ber Gelbard, armó un gabinete en el cual se destacaba el ingeniero agrónomo Horacio Giberti, un clásico de la historia rural argentina. Todo indicaba que era, al fin, la hora de la reforma agraria, cuya necesidad Giberti había defendido toda su vida. Por supuesto, se ganó el odio de la Sociedad Rural Argentina, convirtiéndose en el único Secretario de Agricultura de la historia argentina a quien la entidad le negó el cargo de socio honorario. “La derecha pensaba que éramos comunistas y la izquierda que éramos de derecha”, reflexiona hoy Giberti en esta entrevista. Con la honestidad intelectual que lo caracterizó siempre, reconoce lo limitado de aquellos proyectos (que de cara a la política kirchnerista parecen revolucionarios) y concluye que no resuelven los problemas de fondo. Como explicaremos en próximas ediciones de El Aromo, el núcleo de las confusiones se encuentra en las ilusiones que se tejen en torno a la idea misma de “reforma agraria”.

 

¿Cuáles eran sus expectativas cuando asumió como Secretario de Agricultura del gabinete Gelbard?

Mi asunción, en 1973, como Secretario de Agricultura del gobierno de Cámpora, dentro del gabinete de Gelbard, la tomé como una oportunidad para contribuir a que se realice el programa político que defendía. Yo soy un técnico, porque tengo un conocimiento específico, pero siempre creí que debía involucrarme en política para aportar a la construcción de la alterativa que consideraba correcta. El gabinete de Gelbard era muy homogéneo, en el sentido de un cuerpo de técnicos que pensábamos de la misma forma. Hoy se le critica a Kirchner esta característica de su gabinete, sin embargo, no creo que se pueda trabajar si no se tiene el mismo programa. Teníamos un coherente y claro programa político a realizar, tanto en el aspecto económico general como en agricultura en particular. Constaba de reformas en el agro que generen tanto crecimiento económico como mayor igualdad social. Estábamos decididos a llevarlo a cabo, pero no contábamos con fuerza política.

 

¿En qué consistía concretamente su programa?

 

Como decía, el proyecto apuntaba a implementar una serie de medidas. Estas fueron centralmente dos: la Ley de Renta Normal Potencial y la Ley Agraria, para las cuales existían herramientas, pero para realmente efectivizar estas políticas debían darle más poder a estas instituciones, de lo contrario no tenían total efectividad. Las leyes se sancionaron casi sin resistencia, el problema vino en su puesta en vigencia. La primera de las medidas había sido elaborada bajo el primer gobierno peronista, momento en que no llegó a ser sancionada. El segundo intento con esta ley fue durante el gobierno de Illía y el tercero y “exitoso” fue durante mi gestión. La aceptación de la ley se debió a que tanto radicales como peronistas se veían obligados a apoyar una ley que fue defendida en gobiernos de ambos partidos. En términos estrictos, la ley no apuntaba a un cambio estructural, sino que ligaba los impuestos a la productividad de la tierra. Y aunque no pretendía cambios de fondo, la implementación enfrentó mucha resistencia. La más polémica fue la Ley Agraria, que apuntaba a un cambio estructural. Sin embargo, no era una reforma agraria, ya que no se proponía la expropiación y redistribución de tierras. Establecía límites a los arrendamientos, lo que propiciaba estabilidad al agricultor. El cambio provenía también de adjudicarles más tierras a los minifundistas. La estructura agraria de la época se caracterizaba por una gran masa de pequeños propietarios y minifundistas, y una cantidad menor de grandes propietarios que no trabajaban bien la tierra, no invertían en tecnología, y sólo presionaban para que aumenten los precios. La idea de la ley es que debía reconocerse la propiedad de las tierras siempre y cuando se asegurara su función social. Esta función se refería a que la explotación de la tierra debía asegurar la conservación del recurso natural, hacer producir a la tierra de acuerdo con su productividad. Además debía tender a redistribuir las ganancias.

 

¿En qué medida se llegó a avanzar en este camino de reformas en el agro?

 

Esta ley nunca llegó a aprobarse. Las características propias del proyecto iniciaron su desmoronamiento. Progresivamente, se fue erosionando el campo de acción del grupo de funcionarios de Gelbard. Faltaba el apoyo de Perón y estábamos en el medio de las disputas entre Montoneros y López Rega, quien hacía el trabajo sucio para los grandes grupos económicos y la Sociedad Rural Argentina. Esta fracción era cada vez más fuerte y no iba a permitir que se perjudique a los grandes propietarios. En realidad, desde el inicio pensaba en el fracaso del programa, sin embargo en el momento de mi asunción todavía quedaba un margen de acción, porque la derecha estaba replegada por temor físico (temía por su propia vida). Todavía no se había lanzado a la ofensiva feroz que emprendió después. Sin embargo, en el contexto de aplicación de la Ley Agraria ya era imposible gobernar con oposición y presiones de ambos lados. Por esto renuncio. Para los Montoneros y otros partidos, éramos de derecha, para la derecha éramos comunistas.

 

¿Cuál es la vigencia de una ley agraria en la actualidad como forma de paliar la crisis y apuntar a un desarrollo económico a mayor escala?

 

En primer lugar hay que diferenciar las distintas características de la estructura agraria.

En aquella época, la organización en pequeñas y medianas explotaciones como situación mayoritaria, implicaba un desarrollo de la zona rural del interior del país. Esto significaba un mayor poblamiento en las ciudades y pueblos del interior, y a su vez una mayor ocupación de mano de obra. Una cosa para aclarar es que no se trataba de la imagen del hombre de campo pobre, sino que eran propietarios con plata. Su estilo de vida austero tenía más que ver con la avaricia propia de algunos italianos, y de su cultura de ahorro, que con pocos recursos. Estas explotaciones tenían menor o igual productividad, pero lo beneficioso es que producían redistribución del ingreso al absorber mayor cantidad de mano de obra. En la actualidad, se produjo un desarrollo técnico agropecuario sólo accesible a quienes disponen de mucho capital. Esta concentración de la producción provocó la expulsión del mercado de quienes no adoptaron los adelantos tecnológicos. El Estado liberal no reguló -principalmente en los ´90- el acceso al capital, con lo cual trabó el desarrollo de los pequeños y medianos productores. Hoy en día, el gobierno interviene, pero ya hay muchos medianos productores que han sido liquidados. La gran explotación es mucho más eficiente.

 

Entonces, ¿por qué el gobierno impulsaría el desarrollo de los capitales pequeños y medianos si estos son menos productivos y por lo tanto no proporcionan una base material real para el desarrollo de Argentina en términos económicos?

 

El Estado debería subsidiarlos porque a éste le interesa tener una estructura social justa, y es más justa la explotación de pequeños y medianos productores porque no expulsan mano de obra, ni producen grandes despoblamientos en el interior.

 

Pero el Estado en la sociedad capitalista no tiene por objetivo la satisfacción de la justicia para todas las clases, en abstracto, sino para la clase dominante. Y en este sentido va a propiciar el desarrollo de las fracciones de la burguesía que estén en mejores condiciones de reproducir este sistema.

 

Por ejemplo, el gabinete de Gelbard, representaba a los pequeños y medianos capitales y su fracaso se debió a la aparición del modelo liberal de grandes empresas especuladoras, como los fondos de explotación agropecuaria cuyos contratos de arrendamiento duran un año y por lo tanto no se atan a la producción. Por eso todo depende de los grupos a los que el Estado represente. En un Estado comunista otra sería la historia. En términos personales, debido a mis ideas en materia agraria hoy en día mucha gente me considera un revolucionario. Pero yo pienso: soy conciente de todos los males que el capitalismo acarrea, pero todas las medidas que propongo vienen a intentar solucionar uno u otro problema parcial, pero no al problema en su conjunto. Entonces caigo en la cuenta de que soy reformista.

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