En Perú también… – Nicolás Grimaldi

12062218595_9b1334bc84_fmtLas movilizaciones que se vienen produciendo en Perú no expresan solo un conflicto minero, sino que estamos en presencia de un alzamiento obrero generalizado y de una fractura de la fuerza social gobernante.

Por Nicolás Grimaldi (Grupo de Análisis Internacional-CEICS)

El 12 de mayo, se produjeron enfrentamientos en el distrito Cocachacra, capital de la provincia de Islay, dejando siete policías heridos. A estas protestas, se sumó un paro de 72 horas en Arequipa, convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, que fue acatado también por los maestros del Sutep y por el sindicato de Construcción Civil. Además, se produjo una movilización convocada por la Federación de Trabajadores de Arequipa, de la que participaron alumnos y trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín, que tomaron el recinto.
El disparador de todos estos conflictos es el paro contra un proyecto minero llamado “Tía María”, desde fines de marzo, en la provincia de Islay, departamento de Arequipa, al sur de Perú. Consiste en la explotación y procesamiento de cobre a cielo abierto. Los trabajadores argumentan que su implementación va a contaminar las aguas. El negocio pertenece a la empresa mexicano-estadounidense Southern Copper Corporation (SCC) y se extendería por 21 años, para extraer unas 10 mil toneladas de cobre diarias, utilizando las aguas subterráneas, a través de pozos que se ubicarán en el Valle del río Tambo. El emprendimiento se encuentra detenido desde marzo, debido a los conflictos.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El 9 de mayo fue aprobada una resolución suprema que autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en Apoyo de la Policía Nacional del Perú en la provincia de Islay. En total, contemplaba el envío de 2.000 miembros para una provincia que cuenta con unos 60 mil habitantes. La vigencia de esta norma fue estipulada hasta el siete de junio, con el fin de asegurar el control y mantenimiento del orden. Sin embargo, desde antes, se podía ver a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas consolidando el control de las vías y zonas estratégicas en los distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón (provincia de Islay). Las fuerzas del orden se ubicaron en el puente Pampa Blanca (Cocachacra), en el ingreso al puerto de Matarani y hacia la planta de combustibles de Mollendo, para evitar que fueran tomados por los grupos antimineros que se oponen al proyecto Tía María. Con ayuda de maquinaria pesada, los agentes recuperaron primero el sector de El Boquerón, vía que une los distritos de Deán Valdivia y el valle de Tambo con Mejía y Mollendo.
Asimismo, se suspendieron las conversaciones con Southern, ante las sospechas de una presunta negociación entre la minera y el dirigente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, un burócrata llamado Pepe Julio Gutiérrez, para levantar la protesta. Gutiérrez está preso actualmente por la existencia de un audio donde hablaba con un operador de de la minera y le pedía 1,5 millones de dólares para frenar el paro. La cifra iba a ser dividida entre él, Cornejo, dirigente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, y el alcalde de Dean Valdivia, uno de los pueblos en paro. La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, exigió al dueño de Southern, Germán Larrea, aclarar las responsabilidades de la empresa en el asunto.
La situación tomó un tono mayor. Dejó de ser un conflicto por un emprendimiento minero en particular y se extendió a una verdadera lucha por condiciones de vida de los obreros peruanos. El 16 de mayo se convocó a un paro macroregional, de 48 horas, para el 27 y 28 de mayo, en rechazo al proyecto minero. El paro se realizó en Arequipa, Cusco, Tacna y Puno, aunque también hubo movilizaciones en Apurímac, Ayacucho y Cajamarca.
El 18 y 19 de mayo, se produjeron jornadas de lucha nacional y una marcha en Lima, por parte de los trabajadores mineros de distintas empresas como Shougang Hierro Perú, Catalina Huanca, Uchucchacua, Morococha, Huanzalá, San Cristóbal, Condestable y Aceros Arequipa. Los mineros, nucleados en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), recibieron el apoyo de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, telefónicos de FETRATEL, Federación Nacional Textil, Colectivo Juvenil de Lima, Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Federación Nacional de Trabajadores Pesqueros, Sindicato C. LIMA, docentes y la Coordinadora de la Red Solidaria de Lima. Uno de los principales reclamos de la lucha fue la derogación del Decreto Supremo 013-2014TR y del Proyecto 4008, ya que ambos facultan los despidos masivos y recortan otros derechos laborales. Asimismo, reclamaban por la anulación de la ley de tercerización laboral, que mantiene precarizada a la mayoría de los trabajadores. El sector minero, por ejemplo, tiene casi un 70% de sus obreros tercerizados.
Los maestros también dijeron presente. El 15 de mayo, realizaron un paro nacional a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Perú (SUTEP), con la finalidad de exigir incrementos de salarios y denunciar que el Gobierno planea despedir casi 5 mil trabajadores. Los estibadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Puerto del Callao (SUTRAMPORC), así como trabajadores de los puertos de Salaverry, Paita, Yurimaguas, Iquitos, Ilo y Chimbote, realizaron una huelga por condiciones laborales. El 4 de junio, además, se convocó a un paro por parte de la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (FENASE) contra la ley del servicio civil. Esta ley plantea la reforma de la planta estatal y la instauración de la meritocracia a través de un examen donde solo pueden fallar dos veces, a riesgo de ser despedido, y resultó crucial en la fractura de la alianza gobernante. Estas luchas son respaldadas por CGTP. En definitiva, estamos ante una rebelión general de la clase obrera ocupada y sindicalizada.

Más de lo mismo

Con su llegada al Gobierno, Humala dispuso de una expansión del gasto social a través del Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión (MIDIS). En 2012, el presupuesto fue de poco más de 2.000 millones de soles. En el 2013, contó con 2.884 millones, y en el 2014, con 3.499 millones, lo que significó un incremento del 21% con una inflación de 3%.1 Este año, cuenta con un presupuesto de 4.422 millones, que se divide principalmente entre los planes Pensión 65, Cuna Más, Juntos, Foncodes, Pronaa, Gratitud y Wawa Wasi. El MIDIS destinó 1.113 millones de nuevos soles, cerca de 350 millones de dólares, al programa Juntos. Se trata de un plan dirigido a la población que vive en situación de pobreza y extrema pobreza, y constituye uno de los principales planes de Perú. El diseño del programa Juntos está inspirado en los planes Progresa-Oportunidades, de México, y en Bolsa de Familia, de Brasil. Desde el 2012, el programa es gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión, tarea que anteriormente dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su trabajo se desarrolla en coordinación con varios ministerios encargados de asuntos sociales, entre ellos el Ministerio de Salud, de Educación y el de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Esto permite que los beneficiarios de Juntos se vinculen a las diferentes prestaciones públicas ofrecidas por cada uno de los ministerios. El programa consiste en una transferencia monetaria de casi 68 dólares, y alcanza a 776 mil hogares, o sea más de 3 millones de personas. La permanencia de las familias en el programa es de cuatro años, renovable por una sola vez. Si luego del cuarto año las familias deben permanecer en el programa, ingresan a una segunda fase de cuatro años en la que el monto de la transferencia disminuye gradualmente. Juntos no solo ha venido creciendo en presupuesto, sino que también en cantidad de participantes. En 2005, cubría algunas áreas específicas (110 distritos situados en la región Andina, concretamente en los departamentos de Apurimac, Ayacucho, Huancavelica y Huanuco), pero en 2011 ya abarcaba todo el país. El número de beneficiarios aumentó de 124.025 personas en 2005 a 2.765.521 en 2011, lo que supone cerca del 7,6% del total de la población peruana y 21,2% de la población que vive en la extrema pobreza.2
Complementa estas prestaciones el programa Cuna Más, que tendrá un presupuesto de 336 millones de soles para atender a 69.544 niños y 54.305 familias en el Servicio de Cuidado Diurno y Servicio de Acompañamiento a Familias, respectivamente. Por otro lado, el programa Pensión 65 tendrá 760,3 millones de soles para atender a 500.000 adultos mayores. Consiste en una pensión especial, que otorga 85 dólares cada dos meses. Para el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES) fueron destinados 194,9 millones de nuevos soles para atender a 26.029 hogares y 2.343 proyectos en zonas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. También existe el programa Qali Warma, que contará con 1.427 millones de nuevos soles para cerca de 3 millones de niños.
Esta asistencia social, le permitió al país conseguir el “descenso” de los índices de pobreza, según lo sostenido por el MIDIS. De esta manera, la contabilidad de “pobres” en Perú se habría reducido de 27,8% en el 2011 a 22,7% en el 2014, es decir, unos 5,1 puntos porcentuales.3 En forma estimativa, más de 5 millones de personas estarían recibiendo algún tipo de ayuda social, o sea, cerca del 16% de la población. Por lo tanto, la asistencia social, si bien en aumento, no ha llegado a la totalidad de la población que, según las propias estadísticas oficiales, debería recibirla.
En relación a los pequeños empresarios, existe el plan Comprar a Mi Perú, que busca adquirir la producción de empresas nacionales como en el 2012, cuando el Estado destinó 381 millones de soles a 7 mil PYMES para la compra de uniformes. También existe el “Fortalecimiento y desarrollo de capacidades en gestión de Cooperativas Agrarias”. Al mismo tiempo que se impulsan estos programas existen otros como “Buena Siembra”, coordinado por MIDIS y el Ministerio de Agricultura (MINAG). Está dirigido a productores usuarios del Programa Juntos y tiene la finalidad de contribuir al incremento de la productividad agropecuaria en las zonas altoandinas. Programas similares son “Mi chacra emprendedora-Haku Wiñay”. Los tres consisten en la entrega de bonos equivalentes para la compra de de fertilizantes, semillas especiales y abono.
Sin embargo, esta situación no significa una ruptura con la década anterior, sino una continuidad, ya que el aumento del PBI, permitió que el gasto social creciera en términos absolutos. Si observamos los principales programas sociales impulsados por el gobierno, veremos que muchos provienen de administraciones anteriores. Los casos concretos son Juntos, creado en 2005 por Toledo, FONCODES, que se creó en 1991, Pronaa creado en 2006, Wawa- Wasi que se creó 1993 y del que el programa Cuna Más es solo una modificación. Incluso, el programa Pensión 65 complementa al programa Gratitud, de Alan García
Respecto a la asistencia a través de gobernadores, en el 2012, se comenzó a sancionar el Decreto Legislativo 1.140 para dar autonomía a Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), que tiene como tarea fundamental el trabajo con los mandatarios. En este paquete legislativo también se estructuraron todas las facultades que tendrían los gobernadores en materia de “regalos”. En el numeral 6 del artículo 6, se especifica que una de las funciones de la ONAGI será “adjudicar los premios no reclamados para fines sociales”.4 Algo que, hasta antes de dicho decreto, eran reclamados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), según lo establecido en el inciso 6 del artículo 84 de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. También reciben ingresos por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en manos de Ana Jara, del partido nacionalista. En esas donaciones, se otorgan desde productos (televisores, ropa, alimentos) hasta cheques en dólares. También se ha aumentado el presupuesto destinado a la ONAGI. En el 2014, esta entidad tuvo más de 84 millones de soles como partida presupuestal para ese año. De esta cantidad, ha destinado más de 50 millones para el pago de personal, que en su mayoría, son los gobernadores. En el 2010, en pleno gobierno aprista, la ONAGI gastó 46 millones de soles. Tras la toma de mando de Humala, su presupuesto fue creciendo: 52 millones en el 2011; 66 millones en el 2012; 33 millones en el 2013. Aquí se redujo casi a la mitad porque la ONAGI cambió de pliego. Es decir, pasaba a ser una entidad con autonomía propia, que maneja un presupuesto de 84.692.000 soles.
Al igual que el gasto social, el presupuesto estatal también ha venido en aumento. En 2014 ha crecido 9,7% respecto al 2013, que ya se había incrementado 13.5% respecto al 2012, que a su vez fue 8% mayor que el 2011. El gasto social representa el 35% del presupuesto del 2014, lo que significa un crecimiento de más del 50% respecto al 2010.5 Estos crecimientos se dan en el marco de una inflación acumulada de 8,7% desde el 2012.
Sin embargo, en una perspectiva más amplia, esta expansión del gasto se produce en el contexto de una economía que comienza a reducirse. El PBI del 2014 se ubicó en el escalafón más bajo en los últimos 5 años, aunque ya había caído en el año anterior. Lo mismo las exportaciones, que luego de haber alcanzado un récord en el 2011, cayeron un 10% en los últimos dos años. Esto derivó en que el superávit vaya descendiendo desde la asunción de Humala, alcanzando un déficit de 0,1% en el 2014. Como vemos, a pesar de la expansión del gasto, la miseria social exige mayores desembolsos, pero el capitalismo peruano no ayuda. A eso, hay que sumar el ataque a los obreros ocupados.

Roto y mal parado

La contracción que señalamos más arriba dinamitó una parte del apoyo que tenía Humala desde su asunción. En el 2011, y con un 51% en segunda vuelta, Humala asumió con promesas de realizar grandes “medidas progresistas”, como reimpulsar planes sociales para erradicar la pobreza, que alcanzaba el 30% de la población. Para triunfar, formó una coalición formada por su organización, el Partido Nacionalista, junto al Partido Comunista del Perú, el Partido Socialista, el Partido Socialista Revolucionario y el Movimiento Político Voz Socialista, así como con un sector importante de Lima para Todos. Es decir, gran parte de lo que se considera la izquierda y centroizquierda peruana lo acompañó. También contó con el apoyo del movimiento antiminero, CONVEAGRO, pequeños productores agrarios -con quienes firmó el “Compromiso con el agro” previo a ganar las elecciones- y la Confederación Nacional Agraria. En la segunda vuelta, sumó el apoyo de Perú Posible, pero luego se distanciarían en el 2014, debido a la avanzada por asociación ilícita sobre su dirigente, Toledo. Por parte de los sindicatos, contó con el apoyo de la CGTP, vinculada al PC, que reúne principalmente a trabajadores de la industria de alimentos, bebidas, comercio, hotelería, turismo, agroindustria y minería. También lo apoyó la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), y la Federación De Trabajadores de Arequipa, que moviliza a trabajadores construcción, educación y trabajadores estatales, principalmente.
A los pocos meses de haber asumido, estas centrales sindicales convocaron una movilización en su apoyo. No obstante, le plantearon acelerar los cambios económicos y sociales anunciados por el gobierno en su campaña, como aumentar el salario mínimo de 75 soles (28 dólares) a 675 soles (250 dólares). También se mostraron en contra de la designación del ministro de Economía (Luis Miguel Castilla), del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde (que se oponían al aumento salarial), y de Rudecindo Vega como ministro de Trabajo. Sin embargo, sus reclamos no fueron escuchados y ya para el 2013 comienza a verse una ruptura, expresada en las movilizaciones contra la mencionada Ley de Servicio Civil. A raíz de su sanción, se produjeron diferentes conflictos. El más importante fue el ocurrido en el informe anual del presidente en el Congreso, donde con una manifestación en la puerta, los sindicatos acusaron directamente a Humala de “traidor”.
Ya en este año, la CGTP motorizó y apoyó diferentes huelgas y marchas realizadas contra el gobierno. Por su parte, la CUT planteó su pliego en el acto del 1° de mayo. Allí se trataban dos puntos principales. Por un lado, cuestionaban al Gobierno por avanzar sobre las condiciones de trabajo y exigían aumentos salariales, libertad sindical, seguridad social y convenios colectivos, así como reimpulsar el Consejo Nacional de Trabajo.6 El otro gran punto fue el llamado a las organizaciones sociales para conformar un frente político y social para las elecciones 2016. Finalmente, la Federación de Trabajadores de Arequipa, una de las organizaciones más dinámicas del conflicto de esa región, a comienzos de este año impulsó las protestas contra la derogación, finalmente efectiva, del nuevo código laboral juvenil, que recortaba asignaciones, vacaciones y seguro de vida, entre otros aspectos.
En conclusión, sectores otrora oficialistas comenzaron a romper con el gobierno, principalmente los sindicatos y el PC. De todas formas, debe señalarse que en Perú existe una informalidad laboral muy alta, de cerca del 75% de la PEA y 61% de los ocupados totales. La sindicalización también es baja. Por ejemplo, en 2012 los convenios colectivos afectaron solo al 4,5% de los trabajadores. Es decir, que hasta aquí solo una fracción minoritaria de la clase obrera rompió con el gobierno, mientras que la sobrepoblación relativa aparece aún entre la contención por el gasto social y la desorganización.

Aprender de los errores
Como se puede observar, estamos asistiendo a la fractura de la alianza social que apoyó a Ollanta Humala. Las centrales sindicales impulsan huelgas por diferentes reclamos y acusan al presidente de traición. La burguesía agraria también parece darle la espalada ya que la Confederación Nacional Agraria convocó a un paro para el 22 de junio en reclamo de más inversión en el sector agrario, mientras que CONVEAGRO evalúa llevar adelante acciones por la eliminación de protecciones. Mientras su economía se achica, Perú está frente a una crisis política de envergadura.
El apoyo obrero a variantes burguesas ha dado pésimos resultados. No se puede hablar de traición de Humala. La traición la producen los que apoyan este tipo de experiencias, que atan al proletariado a variantes bonapartistas de la burguesía. Lamentablemente, hay gente que nunca aprende: varios de los desencantados con Humala, como el PC, conformaron el frente ÚNETE, con un programa democratizante y reformista, lo que va a llevar (otra vez) a un nuevo fracaso. Como si la experiencia Humala no fuera suficiente, se vuelve a insistir con lo mismo. Sin romper con las direcciones reformistas y populistas, no se obtendrá nada.

Notas
1http://goo.gl/G4cJD9
2Sistemas de Protección Social en América Latina y el Caribe: Perú, CEPAL, octubre, 2014
3http://goo.gl/akQtcM
4http://goo.gl/GYWOAt
5http://goo.gl/TRgmtu
6Conformado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales del Perú (Apemipe-Perú), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), la CGTP y la propia CUT.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *