En la tierra del fuego – Por Romina De Luca

view_los-trabajadores-siguen-esperando-que-la-gobernadora-los-convoque_20593La última lucha docente volvió a poner sobre la mesa los mismos problemas de siempre, evidenciando la pauperización progresiva de las condiciones de trabajo docente y la ausencia de una herramienta política eficaz que ejerza un papel dirigente en sus luchas.

Por Romina De Luca (GES – CEICS)

Hace más de 50 días que los docentes de Tierra del Fuego se encuentran en paro por tiempo indeterminado. Protagonizan, junto a estatales y otros trabajadores de la industria, una de las medidas de lucha más importantes y masivas de los últimos 20 años en la provincia. A los métodos asamblearios se le opone la represión paraestatal y nuevas formas de criminalización de la protesta social. La reforma previsional fue la gota que rebalsó el vaso en una provincia que hace varios años se encuentra al borde del estallido. Consignas levantadas en el 2001 ya empezaron a sonar en las calles fueguinas y pueden anticipar lo que vendrá.

La raíz del problema

Tierra del Fuego se presenta al resto del país cómo la provincia que mejor paga a sus docentes. Claro, esa reivindicación se funda en el análisis del salario nominal. Es decir, se compara cuánto cobra el docente en abstracción de cuanto necesita para vivir en cada lugar. Como explicamos en el número anterior de este suplemento, la realidad es otra si miramos la evolución del salario en relación a la Canasta Básica Total de alimentos en cada provincia. Al hacerlo, vimos que a lo largo y ancho del país, el salario docente cubre poco más de la mitad, y que Tierra del Fuego no se sale de ese esquema. En 2004, el salario de bolsillo de una maestra de grado con diez años de antigüedad cubría apenas el 63% de la canasta; entre 2006 y 2009 un 80% y, a partir de 2010, entre un 50 y un 70%.

Con esa realidad salarial no extraña que los docentes fueguinos no inicien su ciclo de huelgas en 2016. Tampoco los métodos desplegados hoy son nuevos: piquetes, tomas de la Casa de Gobierno o del Ministerio de Educación, asambleas, marchas de antorchas, se sucedieron en todos ellas. La contraofensiva patronal también recurre hoy a viejas técnicas: represión policial y paraestatal (ejercida centralmente a partir de “padres-autoconvocados”), súplicas por gestos de buena voluntad, desgaste y descuentos de los días caídos. Por cuestiones de espacio, no podemos aquí reponer toda la historia pero valgan los siguientes ejemplos. En abril de 2007, los docentes en el marco de una doble jornada de lucha por la mejora del salario y de las condiciones de trabajo ocuparon la sede del Ministerio de Educación. En 2008, se movilizaron para presionar para que el Ejecutivo provincial homologara el aumento dictado por Nación y que abonara el ítem “material didáctico”. En 2010, protagonizaron una huelga por cinco semanas consecutivas que fue levantada luego de la conciliación obligatoria dictada por Nación. En ese momento, el SUTEF reclamaba un salario básico de 3.800$ (igual al de Santa Cruz) cuando el fueguino se ubicaba en 2.600$.[i] Luego de la conciliación obligatoria y nueva convocatoria a paritarias en abril, el gobierno apeló a la tercerización de la represión. “Padres auto-convocados” irrumpieron en medio de una asamblea docente “patearon la puerta y con insultos, amenazas, agresiones físicas y empujones hacia los docentes obligaron por la fuerza a algunas maestras a dirigirse a las aulas”.[ii]

En 2013, los docentes iniciaron el año con una larga huelga que se extendió hasta el mes de mayo. En el marco de esa protesta, que tuvo una larga serie de paros, docentes y camioneros tomaron la Casa de Gobierno de la provincia durante una semana. En ese momento, mientras el sindicato pedía un 50% de aumento, el gobierno ofertaba 33%. Durante esa toma, se produjeron enfrentamientos con la policía que terminaron con heridos de ambos lados. Sin embargo, fueron los líderes sindicales docentes los únicos que fueron llevados a juicio. Durante el 2014, los docentes volvieron al paro, a partir de julio, para reabrir las paritarias en medio de un fuerte contexto inflacionario. Paros y piquetes en las escuelas estuvieron a la orden del día.

Los episodios del año 2015, constituyen los antecedentes más inmediatos del conflicto actual. Por un lado, el inicio de clases se vio, una vez más, signado por los paros docentes. Una vez más, en articulación con camioneros, los docentes volvieron a tomar la Casa de Gobierno en el mes de mayo. Así lograron arrancarle al gobierno un incremento del 42% en el salario básico inicial y la mejora de ítems como “función docente”, valor índice y antigüedad. Al inicio del ciclo lectivo, los docentes habían realizado “paros activos” manifestándose frente a sus escuelas o “reteniendo tareas”. A partir del segundo semestre, los docentes iniciaron una nueva oleada de huelgas por la reapertura de las paritarias. Pero hacia fin de año los hechos se precipitarían. En noviembre, se inició juicio a los 33 trabajadores (17 de ellos son docentes e incluye a secretarios gremiales) que habían protagonizado la toma de la Casa de Gobierno en mayo de 2013. El proceso judicial fue un escándalo. El gobierno aportó testigos que eran citados para “repasar” su declaración, también un video visiblemente editado en donde los docentes “atacaban” a la policía y una acusación general donde los imputados no sabían ni de qué se los acusaba. La fiscalía obtuvo la condena, el 2 de diciembre: a 28 de los 33 imputados les impuso penas que iban desde los 8 meses hasta los tres años de prisión efectiva, incluyendo al actual Secretario General del SUTEF, Horacio Catena. Con la condena bajo el brazo, la gobernadora Ríos pretendió “limpiarse” a los sindicalistas: les inició un proceso de exoneración, lo que equivale a expulsarlos del sistema educativo. El recambio del personal político a cargo del ejecutivo no impidió que se siguiera en la misma línea: Bertone ratificó meses más tarde el pedido de exoneración de los 17 docentes involucrados.[iii]

Que se vayan todos (versión 2016)

Si el pedido de exoneración predispuso a los docentes a la lucha, la gobernadora Bertone avivó aún más el fuego e implementó un combo de ajuste y despidos. Desde la asunción, solo en el ámbito estatal, se registraban al 21 de abril 375 despidos, cifra que ascendería a 1.000 al contabilizar la caída en contratos privados. El jefe de Gabinete provincial, Leonardo Gorbacz, defendió los despidos y señaló que la planta estatal era de 22.000 en una provincia con 220.000 habitantes. Dentro de los estatales, destacó que la gobernadora Ríos dejó un “festival de horas cátedra que generaban una erogación de 20 millones sin control”.[iv] A los despidos se sumó la propuesta salarial del gobierno: la expropiación vehiculada a través del arsenal de leyes de reforma previsional -leyes 1068, 1069 y 1070- (véase artículo en esta misma edición) y de la devaluación e inflación. Como si no fuera suficiente con la licuación del salario vía inflación-devaluación el paquete de leyes votadas en enero avanzó más. El congreso provincial aprobó nuevas normas para que los trabajadores aportaran un porcentaje mayor de sus sueldos para cubrir el déficit del Ipauss (Instituto de Previsión Social). También se elevó el tiempo de aportes al ampliar la edad jubilatoria: se derogó la ley “25 inviernos”, que fijaba ese número como aporte requerido y se lo elevó a “treinta años de servicios computables” y a sesenta años la edad jubilatoria para ambos sexos. En lo que respecta a docentes, el artículo 35ª dispuso en 25 los años de servicios y 50 años de edad para los profesores con un mínimo de 21 hs cátedra o directivos y técnicos con más de 10 años de servicio frente al aula. La medida fue repudiada por diputados del FIT y otras bancadas con un Proyecto de Resolución.[v]

Los docentes que ya venían movilizados a propósito de la criminalización de la protesta operada por el combo juicio-exoneración se articularon rápidamente con otros trabajadores estatales e industriales. Las movilizaciones que protagonizan los trabajadores por la magnitud solo encuentran paralelo con las de 1995, cuando asesinaron al obrero Víctor Choque. Asambleas, piquetes y acampes coparon rápidamente las calles fueguinas. Y, al igual que en otras contiendas, los docentes protagonizaron numerosas asambleas escolares y asambleas diarias generales en las que se ratificaron las medidas de lucha y se decidieron nuevas acciones.

El gobierno provincial “militarizó” el conflicto. Los docentes denunciaron que la policía se apostó, con sus armas reglamentarias, dentro de las escuelas para “velar” por el inicio de la jornada escolar. En la misma línea de acción, el 13 de abril, el Ministerio de Educación plantó dos patrulleros en la puerta del Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar de Río Grande para prevenir “posibles tomas” del edificio.[vi] El gobierno también se sirvió otra vez de padres “autoconvocados” que llamaron a garantizar el dictado “normal” de clases, denunciaron a los huelguistas, armaron listas negras y llamaron a repudiar a los docentes y a su dirigencia sindical. Los docentes demostraron que muchos de los “padres” no eran más que militantes del Frente para la Victoria. El gobierno también habría liberado la zona para que camioneros desalojaran un piquete de docentes y estatales frente a la planta de YPF de Orión el pasado 12 de abril.

Antes de la expropiación previsional, la situación ya era en la provincia bastante precaria. Horacio Catena señaló que “tras la caída de los subsidios, se habla que el gas envasado estaría subiendo en un mil por ciento y el gas en red un quinientos por ciento, lo que va a hacer también que suba la tarifa eléctrica.”[vii] Como dijimos, la canasta básica familiar total ronda los 26 mil pesos y el salario inicial del docente cubre apenas la mitad.

Sentando las bases para la represión

Luego del enfrentamiento en la planta de Orión, la gobernadora Bertone anunció dos medidas que preparan una escalada represiva mayor. Por un lado, bajo el slogan “se terminó la paciencia”, ordenó el desalojo del acampe frente a la Casa de Gobierno. Pero fue por más. En segundo lugar, anunció la quita de la representación gremial a los sindicatos provinciales al derogar el Decreto 834/09. La gobernadora fueguina anticipó que “vamos a trabajar en una solución con los gremios que tengan personerías a nivel nacional”.[viii] Por eso, el 21 de abril, se derogó el decreto y se quitó personería jurídica a los sindicatos provinciales estableciendo como únicos interlocutores sindicales a los gremios reconocidos por el Ministerio de Trabajo de Nación. Como si eso fuera poco, al igual que en provincia de Buenos Aires (ver nota en este mismo suplemento), el gobierno fueguino pretende reemplazar a los docentes en huelga con “docentes auxiliares” para garantizar el “normal” dictado de clases. Si bien al momento de redacción de esta nota, aún la resolución no había sido difundida, es inminente el anuncio de la instauración de “pares pedagógicos” que cumplirían funciones en los establecimientos educativos fueguinos. Para diluir la gravedad, el Ministro de Educación provincial, Diego Romero, señaló que la medida sería transitoria hasta el 31 de julio y que tampoco afectaría la continuidad de los puestos de trabajo de los docentes en huelga.[ix] Para él, se trata de “salvaguardar el supremo derecho de los niños a la educación”. Para eso contratarán rompehuelgas…[x] La represión, el descabezamiento de la dirigencia sindical (exoneración y quita de personería jurídica) y el terror a perder el trabajo se entrelazan como respuesta de la patronal a la lucha docente.

En ese magma en el cual la burguesía se pertrecha para la represión, los trabajadores fueguinos ya empezaron a corear las consignas del Argentinazo. En la reciente marcha de antorchas realizada el 16 de abril, que finalizó en la Casa de Gobierno, docentes y estatales, junto a otros trabajadores cantaban “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.[xi] Dos días atrás, la Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego había realizado su propia marcha de antorchas. Al fuego, parece, comienza a responderse con fuego.

[i]Ámbito Financiero, 30/03/2010. Disponible en: http://goo.gl/IErVsw

[ii]Opi Santa Cruz, 16/04/2010. Disponible en: http://goo.gl/JZMdFJ

[iii]Clarín, 03/12/2015. Disponible en: http://goo.gl/8MGSxa

[iv]Clarín, 23/02/2016. Disponible en: http://goo.gl/QPu3kF

[v]Firmaron el proyecto Myriam Bregman, Soledad Sosa, Victoria Donda, Néstor Pitrola, Pablo López, Graciela Cousinet, Diana Conti, Araceli Ferreyra.

[vi]Gremiales del Sur, 13/04/2016. Disponible en: http://goo.gl/EeKNrk

[vii]Gremiales del Sur, 20/04/2016. Disponible en: http://goo.gl/bJ5KNG

[viii]Clarín, 12/04/2016. Disponible en: http://goo.gl/9z4ybX

[ix]Telam, 20/04/2016. Disponible en: http://goo.gl/nlMwph

[x]Red 23 Noticias, 19/04/2016. Disponible en: http://goo.gl/Y3JIKA

[xi]Gremiales del Sur, 16/04/2016. Disponible en: http://goo.gl/qIqqaw

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