El verde mayo. Los “indignados” en España

HarariFabián Harari
LAP-CEICS

Los años finales de la década que pasó fueron testigos de una serie de levantamientos en el viejo continente. Desde la banlieu de Paris, a los “700” en Grecia, pasando por la generaçao a rasca en Portugal, se suele aludir al sujeto social del fenómeno como “jóvenes”. Ya explicamos, hace un tiempo, que no se trata de un problema etario. Lo distintivo de esta gente no está en su juventud, y su descontento no puede explicarse por una cuestión generacional. Son obreros, más (específicamente, sobrepoblación relativa) y sus problemas se deben a esa condición.

En España, asistimos a una manifestación ciertamente particular: el movimiento 15-M o, como se lo suele llamar, “los indignados”. Este hecho parece marcar un punto de inflexión en esta clase de levantamientos y pone sobre el tapete una serie de debates ineludibles, debido a que su desarrollo llegó a provocar una crisis política: el 1 de julio, la oposición le pidió la renuncia a Rodríguez Zapatero. Tratemos de examinar este proceso más de cerca.

Los efectos de la crisis

A pesar de la insistencia de los comentaristas, no se trata de una crisis de representatividad. No importa lo que digan algunos “indignados”: no salen a la calle porque los políticos son corruptos. Durante años, gobernó un partido como el PP, cuya dirigencia llevó a España a la guerra de Irak y nadie puso el grito en el cielo. El problema es otro: desde el 2008, España viene sufriendo los efectos de la crisis económica y los descarga en la población obrera. El país cuenta con una desocupación oficial del 21%, lo que equivale a 5 millones de desocupados. En la franja etaria que no supera los 30 años, el desempleo llega al 43%.

El año pasado, el gobierno aplicó un severo plan de ajuste, con una reforma laboral y previsional que liquidaba décadas de conquistas obreras. La edad jubilatoria se elevó de 65 a 67 años. Se efectuó un recorte del 7% de los salarios del sector público .En Cataluña, se votaron recortes de gastos sociales equivalentes al 10% del presupuesto. Este año, se votó un ahorro en salud que implica la reducción a la mitad de los 185 centros de salud nocturnos de Barcelona. Los pacientes oncológicos, podían atenderse en 20 centros. Este año sólo lo podrán hacer en 6. Los hospitales han recibido la orden de reducir 50 mil entradas. Se restringió, también, el acceso al “cheque bebé” (asignación por hijo), de acuerdo con la llamada “ley ómnibus”.

El problema de la vivienda en las grandes ciudades es acuciante. En la última década, la especulación inmobiliaria había llevado los precios a un alza desmesurada. La crisis comenzó a desplomarlos y a desatar un apuro de los bancos por vender y ejecutar hipotecas. En ese contexto, se multiplicaron los desalojos (“desahucios”). Este año, en los juzgados españoles se tramitaron 21.787 desalojos, un 21% más que el año pasado. A este problema hay que agregarle la quiebra de las “cooperativas”, planes de ahorro a 20 o 30 años para acceder a la casa propia. Mucha gente entró en este sistema. Fue poniendo el dinero de su salario. Sin embargo, los departamentos nunca se construyeron, las cooperativas se declararon en quiebra y los “cooperativistas” se quedaron sin dinero ni vivienda. Solamente en Madrid, el número de damnificados asciende a 40 mil personas.

La década que pasó se encargó de “argentinizar” a España: pauperización de la clase obrera, flexibilidad laboral, una creciente población sobrante y un proceso de expropiación y proletarización de la pequeña burguesía. No es extraño que, al otro lado del océano, encontremos reacciones similares.

El ciclo de las ciudades paralelas

El 7 de abril de este año, estudiantes universitarios realizaron manifestaciones en Madrid y Barcelona. Los primeros acampes, en cambio, fueron protagonizados por los “cooperativistas”, el 1 de mayo, en Cuesta de Moyano (Madrid).

El 15 de mayo, tras una marcha que partió de Cibeles, se concentraron 20 mil personas en Plaza del Sol, donde se dio lectura a un manifiesto. La movilización fue desalojada por la policía. No obstante, los activistas decidieron volver y pasar allí la noche. Como sabemos, ese acampe se prolongó en el tiempo y fue sumando adherentes. El método se extendió por todo el país: cada ciudad de España ha tenido su acampe.

Las asambleas fueron creciendo en organización y la catarsis dio paso a las comisiones de trabajo: cultura, infraestructura, legales, prensa, extensión, biblioteca, arte y alimentación, entre otras. Cada una se reúne y eleva a la asamblea general sus propuestas. En la plaza, los “indignados” podían comer, dormir, estudiar (biblioteca, cursos y charlas) y asistir a obras de arte callejero. Incluso, comenzó a circular un “club de intercambios”, cuyos impulsores buscan combatir la “mercantilización de la vida” (reduciendo todo el problema a la circulación de moneda). Infaltables, los posmodernos llegaron a imponer la necesidad de un “lenguaje colectivo”, que implicaba que ninguna discusión podía resolverse con una votación, sino que había que “crear” un “nuevo consenso”. Durante esos primeros días, el autonomismo supo convencer y levantar la ilusión de una ciudad paralela. Parecía que allí se estaban gestando nuevas relaciones sociales, al margen de la vida cotidiana. En vez de pelear por transformar la ciudad real, se pretendía construir todo de nuevo. En vez de impulsar una forma organizada de intervención en las elecciones, se decidió abstraerse del problema, dejando todo el campo al PP. En vez de votar un programa, se tardó 15 días en elaborar un “consenso mínimo”. Puerta del Sol (Madrid) fue la capital del virus idiota (en contraste con Barcelona).

Programas en disputa: Hessel contra Marx

El movimiento fue impulsado, en un primer momento, por dos organizaciones: Democracia Real Ya! y Jóvenes Sin Futuro, ambas surgidas en el ámbito universitario. Más allá de sus diferencias, las dos están inspiradas en el libro Indignaos! de Stephen Hessel. Este personaje, de 93 años, es un demócrata, antiguo integrante de la resistencia francesa, funcionario de De Gaulle y uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En su folleto, denuncia la creciente distancia entre los representantes y sus representados, producto de la burocracia, y el desmantelamiento del Estado de Bienestar, producto del avance del mundo de las finanzas sobre la producción. Es decir, no sale de cualquier programa reformista burgués: volver a la “producción” (capitalista, claro) y a reformular la democracia (burguesa, obviamente). Su propuesta es la construcción de un movimiento pacífico de “indignación”, al estilo de Gandhi. Es decir, la clase obrera no debería tomar las calles y, mucho menos, el poder. Este veterano del republicanismo francés llama, en última instancia, a confiar en las mismas instituciones que lo han llevado a la indignación.

En las primeras semanas, los acampes siguieron esta lógica: no cortaron la calle, no interrumpieron ninguna de las actividades cotidianas y se negaban a marchar al centro del poder político (Moncloa). Los autonomistas impusieron que no se diera de comer a nadie que no estuviera en el acampe (centralmente, los indigentes que se acercaban) e, incluso, en Madrid llegaron a entregar mendigos de la plaza a la policía. A esta gente no le importa las necesidades de la población y el sufrimiento de miles de desocupados. Para ellos “el objetivo es el medio”, que es “aprender a escuchar” y la revolución es “el cambio en la forma de relacionarnos”. Su pliego de reivindicaciones incluye controles a los funcionarios y a sus salarios, reformas electorales, el uso del referéndum y el impuesto a las transacciones financieras. Este programa burgués, es sostenido por quienes iniciaron el movimiento: una masa compuesta por elementos provenientes de la burguesía y pequeña burguesía pauperizada, pero que no reconoce su descenso de clase. Por lo tanto, mantiene el programa y los métodos propios de su origen. Su objetivo: encausar el descontento dentro del régimen.

No obstante, no todo el movimiento sufre estos componentes. La protesta atrajo también a población obrera (desocupados y empleados públicos) y elementos revolucionarios. En un principio intentaron imponer votaciones explicando la dramática pérdida de tiempo y esfuerzo que implicaba la búsqueda de “consensos”, cuyo resultado no eran más que consignas insípidas. Otros explicaban que había que impulsar la exigencia de medidas concretas para la población. Al comienzo, no fueron escuchados. Poco a poco, la euforia de una “república paralela” dio lugar a un replanteo.

Hacia la clase obrera

Los acampantes catalanes, a diferencia de los madrileños, comenzaron muy tempranamente su vínculo con los problemas de la vida obrera. Para ello, constituyeron una comisión contra los desalojos, que en un mes impidió 14, mediante el bloqueo del accionar policial. El 18 de junio, los indignados realizaron un “abrazo” al parlamento catalán, para impedir que se votase el presupuesto con recortes. Los pocos diputados que se atrevieron a ir en auto fueron escrachados. El resto, tuvo que acceder en helicóptero. El episodio culminó con una represión policial. Con el ejemplo catalán, Madrid comenzó su tarea de detener desalojos. El 14 de junio impidió que dejaran en la calle a un inmigrante marroquí y a su familia.

A mediados de junio, la “ciudad paralela” comenzó a desgastarse. Estaba pensada para agradar a los ojos de la conciencia media burguesa, pero justamente esta es la que se cansó. Las cámaras empresariales y los comerciantes del barrio realizaron una protesta formal y los vecinos poco politizados comenzaron a hartarse. Con respecto a la población más necesitada, la acampada no podía exhibir ningún logro y, lo que es peor, ninguna voluntad de conseguirlo. Por lo tanto, el acampe fue vaciándose y hubo que discutir levantarlo. Como alternativa, se decidió llevar las asambleas a los barrios, lo que puso al movimiento en contacto con necesidades concretas.

La coordinación entre ciudades logró convocar a una de las marchas más masivas de los últimos 10 años. El 19 de junio, marcharon al menos 1 millón y medio de españoles en todo el país contra el Pacto del Euro. Para el 23 de julio, se está preparando una marcha en Madrid, a la que concurrirán manifestantes de todas las ciudades en lo que promete convertirse en un hito histórico. Se está recurriendo al corte de calle y a la paralización del parlamento. La acción directa se vincula con un programa que enfrenta la política estatal desde una mirada obrera. Es decir, la pequeña burguesía va perdiendo la dirección.
Hasta el momento, lo que más llamaba la atención de quien escribe era la ausencia de una comisión de “parados” (desocupados). Había una comisión de defensa de derechos del animal, pero ninguna de desocupados. Como se ve, los autonomistas se preocupan por su pichicho, pero los pobres les causan impresión. En Barcelona, los compañeros de Clase Contra Clase (PTS), impulsaron una comisión de “extensión” que iba a las fábricas en conflicto a volantear y prestar apoyo. Incluso, llegaron a realizar tres encuentros. Es loable la iniciativa. Sin embargo, se trata de una concesión al autonomismo que cree que los indignados no son obreros, sino “jóvenes”. Las masas a ganar están ahí, en ese conjunto de población sobrante. Esa es precisamente la tarea que las asambleas de barrio tomaron en sus manos. Desde hace unos días, comenzaron a crearse comisiones de “parados” y, el 15 de julio, va a producirse la primera marcha nacional de desocupados de toda España. Ahí es donde hay que intervenir.

El 15-M está realizando un desarrollo acelerado. Las organizaciones empresariales ya se reunieron con el Rey para analizar la situación y conformar una mesa permanente que ponga fin al conflicto. Los sucesos de julio (15 y 23) van a constituir un verdadero salto político en la lucha de clases española. Estamos asistiendo a los inicios de la conformación de una fuerza revolucionaria, por ahora embrionaria, que aún se resiste a la tendencia insurreccional. Si esta última logra romper la barrera autonomista, la apertura del proceso revolucionario en España estará al caer.

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