El pasado y el futuro. Cromañón y el crimen del FFCC Sarmiento

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Cromañón y el crimen del ferrocarril Sarmiento

Gonzalo Sanz Cerbino

El crimen perpetuado en el ferrocarril Sarmiento contra los trabajadores conmovió a todo el país. Lejos de parecer un hecho aislado, enseguida se lo relacionó con otros crímenes sociales. Entre ellos, el de Cromañón. En este artículo, el autor del libro más importante sobre aquel suceso nos explica las profundas similitudes.

La asociación entre lo sucedido hace pocos días en la Estación Once y lo que pasó siete años antes en República Cromañón fue casi instantánea. Los enfoques más superficiales resaltaron que en ambos casos estábamos ante “tragedias” de gran magnitud, que lo único que compartían eran muertos que se contaban por decenas y centenares de heridos. Era, a su vez, una caracterización interesada: las “tragedias” o “accidentes” son imprevisibles, y por lo tanto, no son culpa de nadie. Sin embargo, muchos fueron los denunciaron que lo sucedido era previsible, evitable y que había responsables concretos. Por lo tanto, no estamos ante una “tragedia”, sino un ante un crimen. Estas caracterizaciones daban cuenta de vasos comunicantes más profundos entre Cromañón y el Sarmiento, que intentaremos reconstruir en este artículo.

Las causas

El primer elemento común entre ambos crímenes es que las muertes son el resultado de la falta de inversiones para a garantizar la seguridad y la vida de quienes utilizaban los servicios. En el caso Cromañón, la presencia de materiales inflamables y tóxicos en paredes y techos, puertas de emergencia clausuradas y una estructura que dificultaba la evacuación. En el Sarmiento, vías en estado desastroso y material rodante obsoleto y casi sin mantenimiento1. En ambos casos se privilegió la rentabilidad del negocio a poner el servicio en condiciones para evitar esos “accidentes” mortales. Es decir, se antepuso la ganancia al riesgo al que se sometió a los usuarios. Tanto Chabán como Cirigliano conocían el peligro al que exponían a sus clientes. Cromañón sufrió varios principios de incendio en los días previos al que tuvo un desenlace fatal. Ni hablar de la cantidad de problemas diarios con las formaciones del ferrocarril Sarmiento. Y ambos siguieron adelante en las mismas condiciones, para no detener el negocio.

Otro elemento que elevó el número de casos fatales fue el exceso de pasajeros, por un lado, y de público por el otro. Chabán, violando las normas para el funcionamiento de locales de baile, había vendido tres veces más entradas de las permitidas. Si la normativa vigente para los locales bailables en 2004, que no permitía más de una persona por metro cuadrado, alguna vez se hubiera aplicado al ferrocarril, difícilmente podría haber salido algún servicio en los últimos 15 años. Y detrás de este fenómeno hay, nuevamente, una misma causa: Chabán multiplicaba sus ingresos sobrevendiendo entradas. Por el otro lado, para evitar trenes superpoblados era necesario aumentar la frecuencia del servicio, que demanda, en el caso del Sarmiento, el soterramiento del trayecto, para no entorpecer el tráfico vehicular. Con esta obra de infraestructura, que desde hace años se necesita, se evitarían también los choques en los pasos a nivel, como el que hace menos de seis meses causó once muertes en las inmediaciones de la Estación Flores. Pero esa obra cuesta dinero, que ni el concesionario ni el Estado han invertido aún. Nuevamente, la ganancia por encima de la vida.
No se trató de hechos imprevisibles y desconocidos, sino de consecuencias cientos de veces anunciadas en cada una de las tantas denuncias hechas. Así y todo, quienes ganaban dinero en esas condiciones, no hicieron absolutamente nada para modificar la situación. Aquí entra en juego la otra gran responsabilidad en los crímenes: el Estado. En primer lugar, porque es su responsabilidad garantizar el control de las actividades comerciales y evitar que funcionen en condiciones tales que pongan en riesgo la vida y la salud de sus usuarios. En segundo, porque en ninguno de los dos casos los funcionarios responsables pueden alegar el desconocimiento de ese estado de cosas. Cientos de denuncias e informes dieron cuenta de la situación. De los trabajadores, de los usuarios y de dependencias oficiales como la Defensoría del Pueblo o la Auditoria General de la Nación. La situación era absolutamente conocida por las autoridades y nunca intervinieron para evitar que suceda lo que finalmente sucedió. En el caso de los ferrocarriles, porque el Estado coparticipa del negocio, al que destina cientos de miles de pesos en subsidios año a año. En el caso Cromañón, por la misma razón. Como se demostró decenas de denuncias, el ibarrismo mantenía organismos de control inoperantes porque parte de su estructura política se financiaba con el “aporte” de los dueños de locales nocturnos de la Ciudad. O sea, como era parte del negocio, no podía entorpecerlo.
La comparación podría ampliarse y nos encontraríamos con cientos de negocios capitalistas que funcionan de la misma manera. Techos que se caen, locales que se incendian, edificios que se derrumban: todos son producto de lo mismo. En la sociedad capitalista, toda actividad comercial es antes que nada un negocio, y ese negocio está regido por la ganancia. Todo capitalista pugna por elevarla y la seguridad de usuarios y trabajadores siempre ocupará, en el mejor de los casos, el segundo lugar. El Estado, que dice que está para intervenir con el objetivo de que eso no suceda, en los hechos deja hacer. En esa acción (o en esa pasividad) muestra su contenido de clase (burgués) que oficia, antes que nada, como guardián de la rentabilidad empresaria. Por eso no estamos ante hechos fortuitos, sino frente al resultado “normal” del funcionamiento de las relaciones capitalistas: crímenes sociales.

Y el después…

La comparación con Cromañón afloró también frente al operativo de rescate. En el caso de Once, en un primer momento los funcionarios porteños se jactaron de su correcto desempeño, y hasta recibieron la felicitación del gobierno nacional. No se denunciaron demoras en la atención ni hospitales abarrotados. A diferencia de lo sucedido siete años antes no faltaron ambulancias y ni hubo civiles arriesgando su vida para rescatar a las víctimas. Sin embargo, eso poco nos dice respecto a una mejora sustancial en la preparación de la Ciudad para hacer frente a la emergencia. La magnitud de lo sucedido en Cromañón fue sustancialmente mayor al choque de Once. Los heridos fueron cerca de 2.000, y la inmensa mayoría se encontraba con un cuadro de intoxicación con monóxido de carbono que demanda el inmediato traslado y la atención con oxígeno. Nada de eso sucedió en el Sarmiento. Las víctimas fatales y la inmensa mayoría de los heridos graves se encontraban en un espacio reducido, entre el primer y el segundo vagón de la formación, con lo que el rescate no demandó la intervención de mucho personal. La menor cantidad de heridos y que la mayoría no necesitara un traslado inmediato permitió una mejor distribución entre los hospitales, y evitó el colapso del sistema. Así y todo, el operativo no fue perfecto: una de las víctimas, tras una búsqueda que tuvo en vilo a sus familiares, terminó apareciendo de 48 horas después, muerto en la formación. Más allá de eso, la pregunta que cabe hacerse es qué hubiera sucedido de repetirse una situación similar a la de Cromañón.

Otro punto de contacto entre el choque del tren y Cromañón fue la cobertura periodística. Como en aquel entonces, varios medios manipularon la información para encubrir la responsabilidad oficial en lo sucedido. Las operaciones a favor de Ibarra, durante 2004 y 2005, se contaron por decenas. En el caso del Sarmiento, a poco menos de una semana de sucedido, ya se denunció la censura de una nota de Tomás Eliaschev en la revista oficialista Veintitrés. Esa misma revista estuvo a la cabeza, junto a Página 12 y Radio 10, de un operativo orquestado para desviar la mirada que se posaba sobre las responsabilidades gubernamentales en el caso Cromañón. Entre los aliados de Ibarra y el gobierno nacional en aquel momento también se encontraba el “monopolio” Clarín, y su cobertura fue de fue, como la de casi todos los medios, vergonzosa.
Uno de los ejes de esa campaña durante el caso Cromañón fue culpar a las víctimas. En primer lugar, a quienes encendieron el artefacto pirotécnico que desencadenó todo. Sin reparar en que para que el incendio se produzca, primero se debió colocar el material inflamable y prohibido, y para que las víctimas fatales se multipliquen, primero debieron clausurarse las salidas de emergencia, debieron fallar los controles estatales y el operativo de rescate. Pero no sólo se culpó a la persona que arrojó la bengala: también eran responsables los que estaban cerca y no lo impidieron, todos los que fueron ese lugar porque debían saber el peligro que corrían, sus padres, que los dejaron ir.
Hoy la historia se repite: el maquinista aparece como el primer culpable. La justicia lo procesa y permanece en el hospital esposado y con custodia policial. Los medios oficialistas discuten si estaba borracho (cuando ese nivel podría haber sido provocado por la ingesta de cualquier otra cosa), si estaba hablando por teléfono o si avisó que no le funcionaban los frenos en lugar de discutir por qué en las formaciones del Sarmiento la mayoría de los compresores -que son los que permiten el correcto funcionamiento de los frenos- no funcionan. Según Schiavi, la responsabilidad es de la gente que viaja más en los días hábiles y que se agolpa en los primeros vagones para no perder el presentismo. Según la ministra Garré, Lucas Menghini tiene la culpa de que no hallaran su cuerpo, por viajar en un lugar prohibido.
La justicia y la prensa se aprestan a avanzar nuevamente sobre las víctimas, como hace siete años. Para que eso no suceda es necesario salir a contrarrestar esta campaña ideológica, como lo hizo en su momento el Movimiento Cromañón. A su vez, para que la causa no quede en punto muerto, es necesaria la organización y la movilización de las víctimas junto a las organizaciones políticas de izquierda, que tienen años peleando contra el gobierno. Sólo de esa manera conseguirán que la justicia burguesa se vea obligada a avanzar sobre los verdaderos culpables. Solo así obligarán al Estado a garantizar un servicio de transporte que no sea una ruleta rusa en la que, diariamente, arriesgamos nuestras vidas.

Notas

1 Todos los datos referentes al caso Cromañón han sido publicados en Culpable. República Cromañón, 30 de diciembre de 2004(Ediciones ryr, 2009), de mi autoría. Sobre el crimen del Sarmiento se puede consultar “La ganancia o la vida. El crimen de Once y sus culpables”, escrito en coautoría con Nicolás Grimaldi, en http://www.razonyrevolucion.org/ryr/index.php?option=com_content&view=article&id=1862:la-ganancia-o-la-vida&catid=129:novedadesprincipal2009.

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