El estado penitenciario en la era de la crisis – Hanna Holleman, Robert W. McChesney, John Bellamy Foster y R. Jamil Jonna

554011aa5d90a Por regla general, la delincuencia y la protesta social aumentan en  períodos de crisis económica en la sociedad capitalista. En tiempos de  inestabilidad económica y social, la clase adinerada se vuelve cada vez  más temerosa de la población en general, más dispuesta a adoptar  medidas severas para salvaguardar sus posiciones en la cúspide de la  pirámide social. La desaceleración de la tasa de crecimiento económico  del capitalismo de EE.UU. a partir de finales de la década de 1960 y principios de los años 1970 -que convergen con el surgimiento de la protesta social radical alrededor del mismo período- fue acompañada por un rápido aumento en el gasto de seguridad pública como una parte de los gastos sociales del gobierno. Tan importante fue este cambio que podríamos decir que los gastos estatales de bienestar (salud, educación, servicios sociales) han sido superados por los gastos estatales penales (aplicación de la ley, los tribunales y las cárceles) en los Estados Unidos durante el último tercio de siglo.2
Con la economía de los EE.UU. experimentando un estancamiento en una escala nunca vista desde la década de 1930, el círculo vicioso de crecimiento lento y ampliación de desigualdad, por un lado, y el aumento de la represión estatal de la población por otro lado, que ha caracterizado la época neoliberal, está destinado a empeorar, al menos que ocurra un cambio importante en las relaciones sociales. Por lo tanto, el papel de los gastos de los centros penitenciarios estatales es crucial para entender la crisis en vías de desarrollo de la sociedad de clases de EE.UU.

El gobierno, el techo del PBI y el gasto penal del Estado

En otro trabajo nuestro dos de nosotros observaron que el gasto público no destinado a la defensa se mantuvo en torno al 14% del PBI durante los últimos cuarenta años. 3 (Ver cuadro 1.) Las políticas progresistas invariablemente requieren un aumento en el gasto civil del gobierno -en realidad, éste se convierte en un barómetro clave para medir el éxito material de la organización progresiva y la política de la clase trabajadora. El gasto civil del gobierno como porcentaje del PBI alcanzó el 14,5% en 1938-39, a la altura del New Deal. Disminuyó drásticamente en el momento de la Segunda Guerra Mundial, pero volvió a alrededor del 14% en la década de 1970, donde básicamente ha permanecido desde entonces.

Gráfico 1. El consumo del gobierno no destinado a la defensa (federal, estatal y local) y la inversión bruta como porcentaje del PBI, 1929-2008

Fuentes: Oficina de Análisis Económico, Ingresos Nacionales y Cuentas de Productos (NIPA), cuadro 1.1.5. (Producto Interno Bruto), en el cuadro 3.9.5. (Gastos de consumo del gobierno e inversión bruta)

Nuestro argumento es que existían graves presiones políticas internas -en efecto, la clase capitalista y los intereses especiales corporativos- que hacían difícil, casi imposible, que el gasto del gobierno civil como porcentaje del PBI se sitúe por encima del límite máximo del 14% durante cualquier periodo de tiempo.4 Hemos observado que en otros países capitalistas avanzados, donde el movimiento obrero y la izquierda fueron más fuertes, el porcentaje del PBI destinado a gasto público civil tiende a ser considerablemente mayor. Por lo tanto, sostenemos que es muy poco probable llegar a algo que se acerque a un aumento drástico en el gasto social del gobierno, sin un incremento extraordinario en la organización política popular, más allá de lo que ha existido en los EE.UU. por generaciones o lo que los dos partidos políticos dominantes de EE.UU. alentarían. Creer que Obama obtendría un New Deal por su propia cuenta era absurdo, incluso si un porcentaje significativo de sus votantes, tal vez la mayoría, estaría encantado que él que lo hiciera.
El otro aspecto principal del presupuesto del gobierno, el gasto militar, no genera la misma oposición de elementos de la clase capitalista o la comunidad empresarial -al contrario- y, por lo tanto, no tiene ese límite en su crecimiento. Por lo tanto, el gasto militar ha sido objeto de grandes aumentos periódicos (como también de disminuciones periódicas), y ha seguido siendo el principal medio de estímulo fiscal de la economía durante los últimos setenta años. Nosotros describimos el alcance poco reconocido de los gastos militares en la economía de los EE.UU.5 Pero había un problema persistente en torno al gasto social del gobierno. Si los tres últimos decenios han sido años de reducción de gastos sociales, según los obreros y la izquierda, de creciente desigualdad, de aumento del poder del capital sobre el gobierno y de ataques masivos y exitosos a los programas gubernamentales que atienden a los pobres y la clase trabajadora, ¿cómo pudo el gasto social del gobierno haberse mantenido estable en torno al 14% como porcentaje del PBI? ¿No tendría que haber disminuido?
Una buena parte de la aparente paradoja se explica por otras fuentes de gasto con un respaldo político muy fuerte tales como diversos subsidios a la agricultura, carreteras, y empresas, y la necesidad de mantener al menos los servicios básicos y el funcionamiento del gobierno civil.
Si bien gran parte de los gastos civiles del gobierno como porcentaje del PBI se han visto limitados en los últimos treinta años o más -en especial los servicios sociales- estos se han incrementado en otras aéreas que benefician directamente a la clase dirigente. Una de las áreas, en particular, que ha sido objeto de fondos públicos cada vez mayores ha sido la policía, los tribunales, las prisiones, cárceles y lo que eufemísticamente se denomina “el orden público y la seguridad”. Como muestra el gráfico 2, la proporción de los gastos estatales penales casi se ha duplicado como porcentaje del gasto social del gobierno en los últimos cincuenta años y ahora se sitúa en el 15% de este último. Dado que el gasto social total se mantuvo bastante constante como parte del PBI, este fuerte aumento del gasto en los establecimientos penitenciarios del Estado ha tenido el efecto de excluir otras formas de gasto social del gobierno.

Gráfico 2. La seguridad pública como porcentaje del gasto social del gobierno

Fuentes: Oficina de Análisis Económico, la renta nacional y cuentas de productos (NIPA) “Gastos de consumo del gobierno y la inversión bruta”, cuadro 3.9.5, y “Gastos de consumo del gobierno y la inversión bruta por función”, cuadro 3.15.5.

El gasto estatal penal está mucho más cerca del gasto militar que de otras formas de gasto social del gobierno, no sólo en su compromiso de controlar a través de la violencia estatal (en particular, donde la policía se han vuelto cada vez más militarizada), sino también en la ausencia de barreras erigidas por intereses creados que bloquean una expansión futura. No se enfrenta a una circunscripción poderosa nacional que se opone a los gastos en este ámbito, como sí lo hace el gasto en medio ambiente, vivienda pública, salud pública, transporte o la educación pública. Por lo tanto, ha evolucionado hasta convertirse en una gran industria por derecho propio. Una industria que demanda sin cesar que el gobierno abra el grifo cada vez más grande. Y está en una posición única, al igual que los gastos militares,  para aprovecharse del fanatismo y del miedo con una buena dosis, por si lo anterior no fuera suficiente. Para un político, oponerse a mayores gastos en prisión como rutina es invitar al suicidio de su carrera. Las recientes declaraciones públicas críticas de la prisión-industrial por el senador Jim Webb son sorprendentes, no sólo por su visión y coraje, sino por su aislamiento de casi todos los demás comentarios políticos sobre el asunto que emanan del establishment. El estado penitenciario está fuera de los límites en la política oficial de EE.UU. como imperio. En este sentido, puede considerarse como el ámbito interno de una sociedad militarizada y de un imperio en declive.
El surgimiento del estado penitenciario en la sociedad de EE.UU. es sorprendente y catastrófico. Durante gran parte del siglo XX, los EE.UU. encarcelaron aproximadamente la misma proporción de su población que otras naciones. Desde unas décadas atrás, este ya no es el caso. El gráfico 3 muestra el sorprendente aumento de los índices de encarcelamiento de todos los adultos, que comenzaron a dispararse en la década de 1970.

Gráfico 3. Índices de encarcelamiento de adultos por cada 100.000 habitantes

Fuente: Oficina del Censo de EE.UU., Resumen Estadístico de los Estados Unidos: 2009 (edición 128), N° SA-24, “Federal and State Prisoners by Jurisdiction and Sex: 1925 to 2001”, Estadísticas de la Oficina de Justicia, “Prisoners” and “Prison and Jail Inmates at Mid-year”, diversas cuestiones en serie.

Este crecimiento se vuelve más drástico cuando la tasa de encarcelamiento de EE.UU. se compara con la de otras naciones, como demuestra el gráfico . Los Estados Unidos representan el 5% de la población del mundo, y casi una cuarta parte de los presos del mundo. Es el primero cuando se trata de encerrar a su propio pueblo. Ningún dictador matón, ningún psicópata loco, en cualquier lugar del mundo puede igualar a los EE.UU. en este asunto.6
Las cifras de los EE.UU. se basan en la población de las cárceles y prisiones que ascendían a un total de de 2.293.157 en 2007. Esto sin incluir los 119.955 detenidos reportados en las cárceles territoriales, las cárceles en territorio indio, las instalaciones de ICE (Inmigración y Aduanas de EE.UU.), las prisiones militares y centros de detención juvenil.7

Gráfico 4. Las tasas de encarcelación del mundo por 100.000 habitantes, países seleccionados

Fuente: Roy Walmsley, op. cit., enero de 2009

La ofensiva neoliberal que siguió a la desaceleración económica y a las protestas sociales de la década de 1960 y principios de 1970 dio lugar a una definición ampliada de la delincuencia y al aumento de las penas. El cambio fue más evidente en la epidemia de encarcelamiento de la población por el delito de posesión de drogas en la década de 1970 y 1980 que, junto con onerosas sentencias obligatorias, fue la dinamita para la explosión de prisioneros. Los encarcelados por delitos relacionados con las drogas han aumentado 1.200% desde 1980.8 Los que están en la cárcel debido a posesión de drogas representan actualmente el 53% de todos los prisioneros federales, y el 20% de los presos estatales.9 Estos delitos no tenían víctimas y no fueron violentos. “Cuando empecé como reportero de policía” -dijo David Simon, ex periodista de Baltimore Sun y creador del programa de televisión The Wire- “el 33%, 34% de la población reclusa federal eran delincuentes violentos. Ahora es como de 7% a 8%”.10
La “guerra contra las drogas” demostró ser más exitosa cuando los consumidores de drogas eran pobres y pertenecientes a la clase obrera. “Vi más drogas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown cuando yo era estudiante allí de lo que he visto en cualquier otra parte en mi vida”, dice el Senador Webb. “Y algunas de estas personas son jueces”.11

Gráfico 5. Tasa de delitos por 100.000 habitantes desde 1960*

*Nota: El UCR (Informe Uniforme de Delincuencia) del FBI utiliza los delitos violentos y a la propiedad, que se los denomina “índice de delitos”, para construir los índices de delincuencia.
Fuentes: Oficina del Censo de EE.UU., Resumen Estadístico de los Estados Unidos: 2009 (edición 128), N° SA-23, “Crimes and Crime Rates by Type of Offense: 1960 to 2002”, FBI de EE.UU., “Crime in the United States”, diversas cuestiones en serie.

La trama se hace más densa cuando miramos el gráfico 5. La tasa de delincuencia por cada 100.000 habitantes -calculada en la serie oficial en base a delitos violentos y a la propiedad, tomados como índices de delincuencia en general- alcanzó su pico cerca de dos décadas atrás. No obstante la tasa de encarcelamiento, como hemos visto, continuó creciendo. El complejo de la “prisión-industrial” por lo tanto, adoptó su propia lógica. Se necesitan cuerpos adicionales para justificar la ampliación de presupuestos y beneficios. Una prisión ha llegado a desempeñar la misma función que una base militar en el alma económica de numerosas comunidades en todo el país. “Puedo obtener 600 mil dólares del Estado para una nueva cárcel”, dijo un alcalde de Maryland recientemente, “pero no puedo conseguir 40 dólares para Familias Saludables” (un programa de salud pública para los niños).12

Como terminar con el Estado penitenciario

En nuestra opinión, la situación, a pesar de lo deprimente, no es desahuciante. El agravamiento de la crisis económica, el fracaso del giro punitivo del neoliberalismo, y la rebelión desde abajo podría, en una buena oportunidad, crear la base de un cambio radical. El gasto destinado al Estado penitenciario podría ser desplazado por un gasto renovado en el estado de bienestar o por cambios más fundamentales en la estructura social del poder en la sociedad de EE.UU.
Es posible que se aproxime el momento en el que será posible abrir un debate sobre la obscenidad y el absurdo del presente orden y de sus mecanismos de control social punitivo. La actual crisis económica está poniendo a los estados y municipios en una posición muy difícil. Tienen ingresos que disminuyen en forma drástica, no obstante, las necesidades sociales de la gente que lucha son cada día mayores. Si hoy en día los gobiernos estatales y locales siguen sus negocios como siempre, y usan sus reducidos ingresos para financiar sus abultados sistemas penitenciarios recortando los programas sociales necesarios, el apoyo al gasto de seguridad pública entre el total de la población puede fallar. Mucha gente puede concluir que los Estados Unidos no puede permitirse la industria de las prisiones de cárceles más que su complejo militar-industrial, habida cuenta de las necesidades sociales apremiantes.
La izquierda debe jugar un papel de liderazgo en la campaña. Terminar con el Estado penitenciario es tarea prioritaria para la política socialista. Los trabajadores no pueden seguir libres mientras que millones de sus hermanos y hermanas están encarcelados. Necesitamos nuestro propio Día de la Bastilla.

Notas

1Tomado de Monthly Review, nº 61, junio de 2009. El artículo completo en su versión inglesa puede verse en la página de internet de Monthly Review. Traducción de Verónica Gottau.
2Hemos tomado el término “Estado penitenciario” (penal state) de Loïc Wacquant, “Ordering Insecurity: Social Polarization and the Punitive Upsurge,” Radical Philosophy Review,  nº 11: 1, 2008, pp. 9 a 27. A diferencia de Wacquant, sin embargo, nuestro objetivo aquí no es presentar una teoría que abarque todos los elementos penales del Estado como representantes de una etapa en el desarrollo del Estado en su conjunto. Más bien, usamos el término en este artículo de forma más limitada como un concepto paralelo al de “Estado de bienestar”. Así pues, “el gasto del Estado penitenciario”, como lo empleamos en este trabajo, es conceptualmente equivalente a “gastos de seguridad pública” y se yuxtapone a los “gastos de bienestar público”.
3Foster, John Bellamy y McChesney Robert W.: “A New Deal under Obama”, en Monthly Review, vol. 60, nº 9, febrero de 2009, pp. 1 a 11.
4En 1934 y 1975 los picos de carácter temporal en el gasto civil del gobierno como porcentaje del PBI de alrededor del 15% resultaron del hecho de que la producción y el consumo privado como porcentajes del PBI se contrajeron mucho más rápido. Esto fue seguido en ambos casos por una reversión a la media de la proporción de gasto social del gobierno. Con los gastos sociales del gobierno como porcentaje del PBI en 2008 al 15%, una dinámica similar podría estar en funcionamiento.
5Foster Bellamy John, Holleman Hannah y Robert W. McChesney, “ The US Imperial Triangle and Military Spending”, en Monthly Review, vol. 60, nº 5, octubre de 2008, pp. 1 a 19.
6Roy Walmsley: “World Prison Population List 2009”, en Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, en www.kcl.ac.uk. Para una visión histórica sobre el encarcelamiento en los Estados Unidos desde su fundación, véase Foster, John, Magdoff, Harry y McChesney, Robert W.: “Prisons and Executions -the US Model”, en Monthly Review, vol. 53, nº 3, julio-agosto de 2001, pp. 1 a 18.
7Oficina de Estadísticas de Justicia, “Prisoners in 2007”, los cuadros 8 y 10 (versión revisada el 12 de febrero de 2009).
8Michael K. Fauntroy, “Toward Reform of Criminal Justice”, Washington Times, 28/04/2009.
9Oficina de Estadísticas de Justicia: “Prisoners in 2007”, Apéndice Tablas 11 y 12 (versión revisada el 12 de febrero de 2009).
10 Entrevista a David Simon, Bill Moyers’ Journal, emisión, PBS, 17 de abril de 2009.
11 Citado en Christopher Hayes, “Webb’s Prison Crusade,” The Nation , 4 de mayo de 2009.
12 Ídem.

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