El calvario – Nicolás Villanova

JubiladosLa situación de los jubilados y el proyecto de ley de reparación histórica

El proyecto de ley de reparación histórica que el macrismo reivindica con bombos y platillos no es más que reparto de miseria. Oculta un verdadero problema, que explotará dentro de unos años, cuando la masa de desocupados para sostener sea mayor.

Nicolás Villanova

OES-CEICS


El macrismo impulsó el proyecto de ley de “reparación histórica”, según el cual se prevé pagarles a los jubilados los retroactivos adeudados para aquellos que tienen juicios iniciados contra el Estado, ya sea con sentencia firme o sin ella. Estas demandas fueron iniciadas por jubilados a quienes sus haberes les fueron incorrectamente calculados, razón por la cual perciben menos de lo que legalmente debieran recibir. En caso de acceder a la oferta del Estado, los jubilados se comprometen a no continuar con los juicios o no iniciarlos, según el caso. Todo esto pretende pagarse no sólo con parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, sino también con el blanqueo de capitales, que es lo que complementa el proyecto. Como veremos, esta propuesta no es más que reparto de miseria y a su vez oculta un verdadero problema que explotará dentro de unos años, cuando la masa de desocupados para sostener sea cada vez mayor.

Otra vez la distribución de la miseria

El proyecto sólo abarca a menos de la mitad de los jubilados. Según el Ministerio de Trabajo, a diciembre de 2015 había 5.010.143 jubilados y más de 1,5 millones de pensionados. Del total de jubilados, cerca de 2,8 millones obtuvieron su aporte a través de las moratorias de los años 2005 y 2014. La medida no ampara ni a estos últimos ni a los autónomos, sólo contempla a aquellos jubilados con juicios iniciados y a quienes cuyos haberes deben ser reactualizados, es decir unos 2.150.000.

A su vez, el proyecto presupone un ajuste para los jubilados amparados por la normativa, ya sea porque el Estado sólo reconoce un porcentaje de los años adeudados (y no su totalidad), o bien, porque el índice salarial utilizado para calcular el pago de los haberes no es el más beneficioso. Si aceptan la oferta del Estado, las 50 mil personas con juicios con sentencia firme percibirán el pago del 50% del retroactivo y el resto en 12 cuotas trimestrales, montos que serán estimados en base al Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Este último es un índice que, actualmente, resulta un 40% menor respecto del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), el cual fuera utilizado en los juicios contra la ANSES.

Por otra parte, para los 300 mil jubilados sin sentencia firme que decidan abandonar el juicio, el Estado les ofrece el pago del 50% del retroactivo en una sola cuota y el resto en 12 abonos trimestrales, pero se les reconoce la retroactividad sólo de hasta 4 años, contados a partir de los dos años antes al inicio de la demanda. Por último, a los 1,8 millones restantes el Estado les ofrecería una reactualización de los haberes en base al índice RIPTE. Al parecer los jubilados tendrían un aumento del 30 al 50% en el haber actual, pero éste implicaría un 23% menos de lo que les correspondería si se reajustara con los índices judiciales.1

El proyecto también crea la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Se trata de una pensión no contributiva destinada a personas que no están en condiciones de acceder a dicha cobertura. Este beneficio reemplazaría las moratorias y en su lugar supone un incremento en la edad jubilatoria para las mujeres: en lugar de acceder a los 60, ahora se obtiene a los 65 años al igual que los hombres. También implica un ajuste: en lugar de percibir el haber mínimo se obtendría una suma equivalente a su 80%. Y no sería incompatible con personas que aún se encuentren trabajando en relación de dependencia o de manera autónoma.

Como vemos, estas medidas reproducen la miseria kirchnerista. No solo porque la normativa ampara a menos de la mitad de los jubilados, sino porque el incremento propuesto no resuelve la precariedad de los jubilados. Actualmente, más del 60% de los jubilados y pensionados percibe un monto equivalente o por debajo del haber mínimo, que al día de hoy es de 4.960 pesos, mientras que la canasta de pobreza estimada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires llega a los 11.031 pesos.2 De este modo, el haber debiera incrementarse un 122% en promedio para igualar la canasta, algo que el proyecto no promueve.

No te vayas nunca abuelo

El proyecto de “reparación” se lanza en un contexto en el cual la situación de los jubilados y las personas que ya tienen edad para hacerlo se encuentran en condiciones muy precarias. A partir de información extractada de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) podemos aproximarnos a las condiciones generales de la población en edad de jubilarse, es decir, mujeres de 60 y más años y varones de 65 y más años, la cual constituye el 13,1% del total de personas en los aglomerados urbanos. Lo primero que puede destacarse es que la población inactiva que percibe una jubilación o pensión se incrementó entre 2003 y 2015 de un 56 a un 75%, debido a las moratorias.

En 2015 aún existía un 25% de personas en edad avanzada que se hallaban ocupadas, o bien, no trabajaban y no gozaban de una pensión o jubilación (7%). En su abrumadora mayoría los ocupados eran asalariados y trabajadores por cuenta propia. Esta población, a mediados del año 2015, obtenía un salario promedio de 6.038 pesos. De ese total de ocupados, el 60% era asalariado en relación de dependencia y, de este porcentaje, el 41% no estaba registrado, o sea, no se le descontaba para la jubilación. Estos obreros “en negro”, en edad de jubilarse pero sin poder hacerlo, obtenían a mediados del año pasado un salario de 3.760 pesos promedio, el cual se asemejaba al monto del haber mínimo, pero se hallaba por debajo del haber de una pensión por vejez no contributiva, único abono al que podría acceder debido a la relación de dependencia no registrada.

A pesar de ser muy bajos, los haberes de los jubilados representan una suma sustantiva para muchos hogares. En el 2015, el 20,4% del conjunto de los hogares estaba compuesto por un jubilado como jefe de hogar, los cuales en promedio aportaron con sus haberes el 62% del total de ingresos en la unidad familiar. De este modo, un porcentaje para nada despreciable de la población se reproduce en buena medida de los escasos montos percibidos por los jubilados.

Un horizonte preocupante

La situación de los ancianos cubiertos es precaria y la de los futuros jubilados está en jaque. En efecto, en el sistema previsional actual de reparto (que rige desde la década de 1950 y sólo fue parcialmente modificado entre los años 1994 y 2008 con la creación de las AFJP) los trabajadores activos sostienen a los jubilados y pensionados. Por ello, la precariedad en las condiciones del mercado de trabajo de alguna manera determina la situación en la que se hallan los actuales (y futuros) jubilados.

Por otra parte, las jubilaciones y pensiones constituyen el 77% de las erogaciones de la ANSES. Sus recursos se nutren de un 60% que provienen de contribuciones patronales y aportes de los empleados. El 17,5% se recauda con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otro 16,6%, con el Impuesto a las Ganancias. Estos tres rubros representan el 94,3% de lo que se recauda. De este modo, con excepción del IVA, los recursos del sistema previsional son garantizados por los asalariados registrados y, de éstos, los mejor pagos son los que mayores aportes realizan. Por ello, la disminución salarial de las últimas décadas, los aumentos no remunerativos en las paritarias y el crecimiento del empleo no registrado atentan directamente contra el sistema previsional.

La situación actual del sistema jubilatorio, el mercado de trabajo y el crecimiento poblacional se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la tendencia general muestra un incremento de la cobertura previsional. En los últimos cuatro años por cada 10 personas ocupadas hubo 4 jubilados o pensionados, una relación que duplica lo que ocurría en la década de 1970 (ver gráfico). Incluso, por cada 100 cotizantes al SIPA, hay 55 jubilados o pensionados. Por otro lado, la esperanza de vida ha crecido sustantivamente. Mientras que en los años ’60, las personas se morían en torno a los 60 ó 62 años; hoy el promedio es de 75 años. Dicho en otros términos, la cantidad de jubilados crece a una proporción mayor que los ocupados en un contexto en el cual la población tiende a envejecer.

Probablemente, este proyecto sea la antesala para que dentro de unos pocos años se impulse un incremento generalizado en la edad jubilatoria, algo que ya se propuso en la provincia de Tierra del Fuego y que en otros países del mundo ha proliferado en momentos de crisis. En efecto, ya en el año 2015 el ex titular de la ANSES, Diego Bossio, manifestó su interés en subir la edad jubilatoria.3 Sin embargo, en momentos de crisis y estancamiento económico los empresarios tienden a acelerar los retiros anticipados, como ocurrió durante los años 2009 y 2014. Hay aquí una contradicción entre las empresas y el Estado.

Hasta el momento, la única forma en que el Estado y las empresas resolvieron esta contradicción ha sido el incremento del empleo en negro: mientras que el capital se puede deshacer de obreros no registrados sin el costo de la indemnización, el Estado (cuando acompaña la situación económica) les ofrece una cobertura precaria, como sucede con los jubilados actuales. Un salario de miseria para los obreros de la tercera edad. Contra esto debe enfrentarse el movimiento obrero en activo y los jubilados, para exigir un ingreso por jubilación que supere la línea de pobreza y que permita disfrutar del tiempo y no convertir los últimos años de vida en un verdadero calvario.

Notas

1Clarín, 06/06/16.

2Ídem, 05/04/2016.

3Perfil.Com, 10/05/2015.

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