Dos pasos atrás

Sobre la Guía para la intervención educativa en “situaciones complejas” del Consejo Federal de Educación

 

Natalia Álvarez Prieto

Grupo de Investigación de la Educación Argentina – CEICS

 

En el número anterior de El Aromo poníamos en cuestión la ley del FPV para “erradicar” la violencia escolar. Aquí le mostramos por qué la Guía de intervención institucional, aprobada por el Consejo Federal de Educación, supone también un avance de la degradación escolar.

 

En octubre, el Consejo Federal de Educación aprobó una Guía federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida escolar. Se trata de un conjunto de “sugerencias básicas” que cada provincia e institución podrán adoptar, si así lo desean, para actuar frente a conflictos especialmente difíciles de abordar. Sin embargo, al igual que la ley nacional aprobada en septiembre,[1] las pautas propuestas poseen tal grado de generalidad que resulta difícil encontrarles alguna utilidad. Mantienen, además, la línea perversa de la “democratización” institucional como estrategia para erradicar la violencia escolar. El panorama se torna más trágico en tanto los gremios no logran articular un planteo claro, siendo ya característica la pobreza de sus intervenciones frente al problema. En ese marco, la guía federal no encontró mayores obstáculos para imponerse y promete transformarse en un nuevo escollo frente a cualquier conflicto real que requiera actuación.

 

Intramuros

 

La guía pauta un conjunto de acciones básicas para intervenir en casos de violencia. Se presenta como una herramienta que contribuye “a un saber hacer y actuar”, en el marco de una convivencia escolar democrática y participativa. Si bien los conflictos serían inherentes a la sociedad, allí se establecería un marco para procesarlos. ¿De qué modo se lograría tal objetivo? Básicamente, dialogando. La participación y, fundamentalmente, el diálogo, propiciarían un “clima” favorable para la resolución no violenta de los conflictos. En se marco, los docentes cumplirían un papel central. La mirada atenta de los adultos posibilitaría una intervención temprana. Al mismo tiempo, una serie de estudios verificarían que la intervención docente sería un factor clave en la resolución de los problemas de convivencia. Por eso, en primer término, la guía convoca a una respuesta que ubica a la institución en el eje del proceso, en general, y al docente, en particular. La intervención de actores externos a la comunidad -policía, profesionales de la salud o de la justicia- abonaría un enfoque “punitivo, patologizante y criminalizante” del conflicto, contrario a la escuela inclusiva.

La guía dice aportar pautas de acción para catorce situaciones de violencia de diversa índole. Desde el hostigamiento entre pares y la discriminación hasta los abusos sexuales, la portación de armas y la trata de personas, pasando por los conflictos en las redes sociales y las agresiones físicas. Frente a todas ellas, impone una lógica común: “contener” a los afectados, poner en palabras la situación, evaluar los pasos a seguir, convocar al Consejo de Convivencia, es decir, mucho, mucho diálogo.

 

Tonto y retonto

 

Veamos algunos casos concretos. ¿Qué debería hacer la escuela, por ejemplo, cuando un profesor es agredido por el padre o la madre de un alumno? La guía indica, en forma abstracta, la necesidad de contener al docente y elaborar un plan de trabajo para abordar en forma institucional el conflicto. Luego, debe comunicar lo ocurrido a la vía jerárquica superior. Acciones posteriores tales como realizar una denuncia judicial ya ingresan dentro de las decisiones de índole personal. ¿Y qué hacer frente a un estudiante con un arma en la escuela? La guía enumera una serie de pasos “técnicos”, casi absurdos por su obviedad, completamente descontextualizados de las características que presenta una situación real. Sugiere tratar todas las armas de fuego como si estuvieran cargadas, solicitar al alumno que saque el dedo del gatillo, que oriente el arma hacia un mueble o piso de madera y que la deje en una superficie horizontal (de manera que no se caiga). Luego, se puede evacuar el aula, retirar al chico, llamar a sus padres y convocar a la fuerza pública para que retire el arma. Eso es todo. Va de suyo que buena parte de las situaciones violentas no son tan idílicas como las planteadas por esta guía. ¿Cómo manejar a un chico fuera de sí, armado, que amenaza con disparar? ¿Cómo tranquilizarlo, solicitar ayuda y procurar que nadie salga herido? ¿Cuál es la distancia prudencial a guardar con una persona armada? ¿Cómo intervenir frente a un alumno con intenciones suicidas? ¿Cómo solicitar auxilio desde el aula? No lo sabemos. Y ¿qué hacer en el caso de un abuso sexual? Según la guía: “se podrá ayudar a los niños y niñas a protegerse si se trabaja en la escuela desde el marco de la Educación Sexual Integral”. Si el docente tiene alguna consulta, puede llamar o enviar un mail al Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación. Resulta llamativo que no se incorporen otros protocolos existentes -tales como la Resolución 992/13 de CABA-[2] que delimitan pasos concretos a seguir: labrar un acta, identificar agresores, hacer intervenir a los equipos de salud y orientación escolar, entre otros. Tampoco son contempladas situaciones más cotidianas. Por ejemplo, si ocurre una pelea generalizada entre alumnos, ¿cómo intervenir y cómo preservar a los demás?

La propuesta oficial presenta dos grandes problemas. Por un lado, proporciona un tratamiento vago sobre qué hacer, contemplando situaciones más bien ideales. Por otro lado, sus lineamientos parecieran remitir, más que al conocimiento de expertos, al “sentido común de la abuela” que nos aconsejaría “hacer un llamadito” y dialogar.

 

¿Y los gremios?

 

Frente a esta situación, los gremios tuvieron poco para decir. Es cierto que, durante los últimos años, la magnitud del problema los impulsó a realizar algunas demandas. Así, por ejemplo, en septiembre de este año, el Frente Gremial Docente Bonaerense reclamó que el Estado adopte medidas de protección frente a los reiterados casos de violencia escolar. Durante el mismo mes, UDOCBA y seccionales disidentes de SUTEBA marcharon a la sede de gobierno de la provincia reclamando garantías y seguridad ante la “ola” de acusaciones, sin pruebas, por presuntos abusos en las escuelas. Por su parte, UDOCBA convocó a un paro de 48 hs., los días 9 y 10 octubre. Junto a otras consignas, reclamó condiciones de trabajo apropiadas para los docentes, “víctimas cada vez en mayor grado de situaciones de violencia laboral”.[3] Fuera del territorio bonaerense, en junio los docentes de La Pampa protagonizaron el segundo paro provincial convocado por los casos de violencia escolar.[4] Dentro de las iniciativas de más largo alcance, desde el año pasado SUTEBA implementa un “Programa de Intervención en Situaciones de Conflicto en el Ámbito Escolar” destinado al debate y asesoramiento en las escuelas de la provincia.

Sin embargo, la presentación de la Guía Federal ha mostrado lo desprevenidos que se encuentran los gremios frente a cada coyuntura concreta. Hasta el momento, la única crítica se limitó a cuestionar su carácter inconsulto y la falta de coordinación entre quienes la elaboraron y los diputados artífices de la ley nacional. En ese sentido, Sergio Romero, secretario de la UDA, señalaba que el Consejo Federal de Educación y la Cámara de Diputados deberían haber trabajado en conjunto dado que sus iniciativas intervendrán sobre un mismo fenómeno.[5] ¿Por qué ningún sindicato elaboró, junto a sus bases, un protocolo que se anticipe a la pantomima del gobierno? Más aún teniendo en cuenta que la comunidad docente viene reclamando alguna respuesta desde hace casi una década. Los gremios deberían advertir que la nueva guía degradará aún más las condiciones de trabajo de los docentes. No sólo porque no contempla las situaciones reales sobre las que éstos deben intervenir. Peor aún, puede convertirse en un instrumento contrario a sus intereses. O, acaso, ¿qué sanción le cabrá al docente que, en una situación real, deba intervenir por fuera de esas pautas? Así las cosas, poco hay para celebrar.

 

Situación “compleja”

 

La Guía Federal significa un retroceso para el campo educativo. Un protocolo que abunda en vaguedades -y ridiculeces- no puede más que generar un gran desconcierto. Responsabiliza a los docentes y les exige una respuesta “pedagógica”, aislada, a un problema que sin lugar a dudas requiere la intervención de especialistas. Otra vez, esta política miserable se presenta bajo el disfraz de la “inclusión”. El diálogo y la participación se plantean como claves para la eliminación de la violencia del contexto escolar. Tal concepción presupone que las escuelas tienen la capacidad de revertir aquellas tendencias a la descomposición que caracterizan a la sociedad actual. De allí se deduce que no necesitarían la ayuda de ninguna institución “externa” a lo escolar.

Como vimos, las pautas “concretas” que establece la guía se reducen al sentido común más llano para intervenir en situaciones que son ideales. El docente aparece, además, como el principal vector preventivo del problema. Va de suyo que frente a nuevos conflictos será el principal acusado. Una doble culpabilización recae sobre sus espaldas en tanto, si se generan situaciones de violencia será porque no supo prever y si actúa por fuera de este inútil protocolo se apartará de la ley. Frente a este cuadro, los sindicatos deberían tomar la iniciativa denunciando la Guía y elaborando otra que combata los verdaderos problemas de la educación.

1Véase Álvarez Prieto, Natalia: “El eterno arte de mirar para otro lado. Sobre la ley del Frente para la Victoria para ‘erradicar’ la violencia escolar”, en El Aromo, n° 74, septiembre-octubre de 2013.

2La resolución puede consultarse en: http://goo.gl/jMYU7A.

3Véase UDOCBA 30/09/13, http://goo.gl/DapKRI.

4El primer paro provincial a raíz de la violencia escolar tuvo lugar en Buenos Aires durante 2011.

5Véase Gremiales del Sur 15/09/13, http://goo.gl/Yoijlt. En la provincia de Mendoza los sindicatos denunciaron el carácter inconsulto del protocolo provincial.

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