Devaluadores. La Mesa de Enlace, de la 125 a la puja por el dólar – Gonzalo Sanz Cerbino

devaluados

Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación de Historia de la Burguesía
 
Luego de años de crisis internas y rumores de ruptura, en 2012 reapareció la Mesa de Enlace. El gobierno, que hasta ese momento había intentado acercar a Federación Agraria repartiendo subsidios, hoy ataca a grandes y chicos por igual. ¿Qué esconden estos movimientos? Para descubrir lo que se traen entre manos, lea esta nota.
 
 
Luego de haber puesto en jaque al kirchnerismo en 2008, las corporaciones agrarias parecen haber desaparecido de la escena. Esporádicamente, vuelven a la primera plana, pero nunca recuperaron el protagonismo que les dio la 125. Y no es porque el gobierno haya renunciado a la apropiación de renta agraria. De hecho, en términos absolutos hoy se escapan del agro más dólares que en 2008. Lo único que ha cambiado es el mecanismo que el gobierno utiliza para apropiar la renta: mientras que hasta el 2008 eran las retenciones la forma privilegiada, desde ese momento el mecanismo que predomina es la sobrevaluación cambiaria, en un esquema similar al de los ’90 (ver la nota de Damián Bil, en este mismo número). Se trata de un esquema mucho menos visible, y por lo tanto, más difícil de enfrentar para la burguesía agraria. A su vez, la rentabilidad de las explotaciones no parece estar en cuestión. Los mayores niveles de apropiación estatal se dieron sobre un mayor volumen de renta, producto tanto del aumento de la producción y de los saldos exportables, como del alto precio de los granos. Salvo en trigo, carne y leche, donde la situación es más crítica, la rentabilidad de las explotaciones ha ido en aumento. Tomando en cuenta el último quinquenio, 2010 fue el año de mayor rentabilidad para las explotaciones agrícolas y, aunque menores, los resultados de 2011 y 2012 estuvieron muy por encima de lo obtenido en 2008 y 2009 [1]. El campo no se está fundiendo y eso atenúa las protestas. El único proceso que podría derivar en ciertos niveles de conflictividad es la concentración de la producción, denunciada por Federación Agraria y reconocida por el propio ministro del área. Sin embargo, los productores que por falta de rentabilidad deben retirarse de la producción no se funden ni pierden sus campos como en los ’90, sino que los entregan en arriendo. Se convierten en pequeños rentistas, con propiedades cuyos valores aumentan constantemente: un negocio nada despreciable.
No obstante, desde 2012 la Mesa de Enlace parece estar recuperando protagonismo. En la primera mitad del año pasado hubo un proceso de movilización importante contra el “impuestazo” de Scioli y, en los últimos meses, el gobierno nacional le devolvió protagonismo a los ruralistas al decretar la expropiación de predio ferial de Palermo perteneciente a la Sociedad Rural. ¿Qué ha cambiado entre 2010 y 2012? ¿Vuelve a abrirse un frente que le complicó la vida al gobierno hace poco menos de cinco años? A esas preguntas intentaremos responder en este artículo.
 
Dispersos
 
Entre 2010 y 2011 la Mesa de Enlace vivió en crisis y estuvo al borde de la disolución. Uno de sus cuatro pilares, Federación Agraria, de la mano de su presidente Eduardo Buzzi, amenazó permanentemente con abandonar el barco. A principios de noviembre de 2010, por ejemplo, declaró que “la Mesa de Enlace está en serios problemas, perdió dinámica y protagonismo” [2]. Para el dirigente eso obedecía a dos razones. En primer lugar, que la situación económica en el campo habría mejorado: “los precios internacionales permitieron que la hacienda valga un poco más [y] hoy hay condiciones para que el productor esté menos nervioso que hace dos años atrás”. Por eso, “la condición presente hace que haya menos demanda de protesta del productor”. Pero por otro lado, la crisis obedecía a que la Mesa nucleaba a productores grandes y chicos, con intereses distintos que demandaban tratamientos diferenciales en materia de políticas públicas. Ponía como ejemplo el tema de los impuestos a la exportación, denunciando que mientras “algunos” querían bajarlos en igual medida, para los grandes actores que “concentraron fenomenalmente la producción agropecuaria”, ellos proponían retenciones diferenciales. Aunque debía mantenerse la Mesa de Enlace como “custodio de los superiores intereses del sector agropecuario frente a una agresión”, exigía autonomía para negociar beneficios sectoriales con el gobierno. Para esa fecha, hacía varias semanas que Buzzi había dejado de asistir a las reuniones conjuntas, enviando delegados de menor jerarquía en representación de FAA. Recién hacia diciembre de ese año los titulares de las cuatro entidades volvieron a reunirse para lanzar un plan de lucha contra las restricciones a la exportación de trigo, que terminó en un estruendoso fracaso. En esas reuniones se acordó un paro de ocho días que comenzó el 17 de enero de 2011. Si embargo, cuando la ofensiva comenzaba a cobrar fuerzas, el gobierno la destrabó al ofrecer un acuerdo a FAA. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pactó con Buzzi la compra de 500 mil toneladas de trigo a precio pleno a una cooperativa afiliada a Federación Agraria. El acuerdo reabrió nuevamente las internas en la Mesa de Enlace. CRA y SRA emitieron inmediatamente comunicados en los que denunciaban “una nueva demostración de amiguismo en el comercio de granos” y rechazaban “la irrupción digitada de compras a determinados vendedores”. Voceros de FAA no tardaron en responder, avivando la interna. Omar Príncipe, Secretario Gremial de la corporación, señaló que era preocupante que “entidades colegas” cuestionaran “la decisión del Ministerio de Agricultura de dar más espacios al cooperativismo en el comercio de granos”, cuando durante cuatro años se callaron la boca ante la concentración del comercio en manos de las multinacionales.
Poco tiempo después, Buzzi retomaba las críticas a la Mesa de Enlace, señalando que este agrupamiento era “una circunstancia transitoria, coyuntural y periférica de la estrategia central de Federación Agraria”. Lo que ellos buscaban era “conseguir políticas diferenciadas para los pequeños y medianos productores” [3]. Bajo esa impronta, Federación Agraria trazó una alianza con el gobierno que se encontraba detrás de tanto desencuentro con sus pares de Sociedad Rural y CRA. Luego de la derrota electoral en 2009, el gobierno buscó acercar a los representantes de los pequeños productores y las cooperativas, como estrategia para quebrar el frente agropecuario. La creación del Ministerio de Agricultura y el nombramiento de Julián Domínguez en esa cartera fueron la primera señal. Con él, Buzzi trazó una relación fluida que le sirvió a Federación Agraria y CONINAGRO para conseguir subsidios y otros beneficios, que retribuyeron mostrándose en actos y reuniones con el ministro. Uno de los negocios más jugosos que obtuvo Federación Agraria de la mano de Domínguez fue un subsidio de 15 millones de pesos destinado a una cooperativa de productores porcinos, que le sirvió a Buzzi para sostener su armado interno y mantenerse en la presidencia de la entidad [4]. El presidente de FAA justificaba este acercamiento porque los productores más chicos “no pueden esperar a ver qué define la Mesa de Enlace” y necesitaban “un interlocutor con el Estado”. Evaluaban que Cristina podía ganar las elecciones en 2011 y, ante ese panorama, “no se puede seguir cuatro años de confrontación”.
Sin embargo, de cara a las primarias de 2011, influenciada por los triunfos opositores en Santa Fe y Córdoba, se impuso la posición la Sociedad Rural. La Mesa de Enlace emitió un comunicado en el que, sin muchos tapujos, llamaba a votar contra el oficialismo. Comenzaba expresando preocupación “por el empecinamiento del Gobierno que continúa trabando el desarrollo agroindustrial y del país a través de su errada política agropecuaria”, para cerrar recomendando el voto contra “un sistema como el actual, que desalienta y concentra la producción, que expulsa a los ciudadanos hacia los cinturones de pobreza urbanos y que no defiende la mesa de los argentinos” [5]. 
El resultado de las elecciones primarias, en las cuales Cristina se impuso por más del 50% de los votos y el “candidato” de la Mesa de Enlace, Mario Llambías, ni siquiera llegó al 3% con la lista de Carrió, modificó la situación. El presidente de SRA, Biolcati, admitió que el campo debía “reflexionar” sobre el resultado. Buzzi fue más allá. A tres días de las elecciones, a las que calificó como un “cachetazo” para la Mesa de Enlace, declaró que estaba dispuesto a apoyar al gobierno si desplegaba una política favorable a los pequeños productores. En ese caso el gobierno “va a contar con nosotros” dijo, mientras ponía nuevamente en duda la continuidad de la Mesa de Enlace y volvía a solicitar “autonomía” para acercarse al oficialismo. Como si no quedara claro el rumbo que proponía para Federación Agraria, aseguró que debían alejarse del rol de “coordinadora de partidos políticos de la oposición” en que había caído la Mesa de Enlace. A los pocos días, se lo vería en lo que no puede calificarse de otra forma que como un acto de campaña kirchnerista: a fines de agosto, participó junto al candidato a vicepresidente Amado Boudou y al primero en la lista a diputados bonaerenses, Julián Domínguez, en un acto para anunciar la construcción de un monumento al Grito de Alcorta. Allí nuevamente reiteró su voluntad conciliadora: “en aquellas cosas en que el Gobierno y nosotros coincidamos, nos van a encontrar trabajando juntos sin pudores”. Se mostró complacido, a su vez, de la presencia de Boudou: “el hecho de que quien puede ser el futuro vicepresidente del país venga a alentar un país productivo, que aliente el valor agregado, el desarrollo rural, en definitiva una agricultura con agricultores, es para nosotros un hecho auspicioso” [6]. Es que el triunfo de Cristina, que se repitió en octubre, mostraba un clima favorable al oficialismo que alcanzaba incluso en las bases agrarias, y Buzzi no quería quedarse afuera.
 
Un cambio de estrategia
 
Los coqueteos de Federación Agraria con el gobierno tuvieron un fin abrupto en diciembre de 2011, cuando Domínguez dejó el ministerio para asumir como diputado y fue reemplazado por Norberto Yahuar. Pero no fue el cambio de nombres la razón del alejamiento, sino un giro en la estrategia oficial una vez pasadas las elecciones. Las necesidades de caja, que el gobierno aguantó mientras duraba la campaña electoral, marcaron la agenda luego del 54%. El ajuste, que llegó a todos lados, alcanzó también al campo. Ya no había millonarios subsidios para repartir, y eso resintió las relaciones con Yahuar. En enero de 2012, se produjeron los primeros cruces, por la reticencia de las autoridades para declarar la emergencia agropecuaria ante la sequía. Es que, de hacerlo, se debía condonar el cobro de impuestos y disponer créditos y subsidios para las zonas afectadas, que trastocarían las previsiones presupuestarias del gobierno. El giro en la política agropecuaria reactivó la Mesa de Enlace, con asambleas y reclamos en las que participaron diputados de la oposición. También fue evidente el cambio de clima en Federación Agraria: su presidente salió a descalificar al ministro Yahuar luego de que éste pidiera “desdramatizar la situación”. En referencia a su cargo anterior como subsecretario de Pesca, Buzzi lo tildó de “funcionario de alta mar, que de sequía sabe bastante poco”, y lo invitó a ponerse en el lugar del chacarero: “que se saque la corbata y se meta adentro del lote de maíz, acá con 42 grados […] a ver si se ensucia un poco los zapatos” [7].  
La Mesa de Enlace volvió a golpear junta en mayo, en rechazo a la reforma fiscal promovida por Scioli en la provincia de Buenos Aires, a la que calificaron como un “impuestazo”. Es que el proyecto, además del aumento del impuesto inmobiliario bonaerense, contemplaba la actualización del valor fiscal de las tierras, que anticipaba la suba de todos los tributos nacionales y provinciales. La iniciativa no partía exclusivamente del gobernador, sino que debe inscribirse en el marco de la estrategia de ajuste del gobierno nacional. Ello explicaba que el vicegobernador Mariotto, hombre de Cristina, haya sido uno de los principales defensores de la reforma. No por nada los ruralistas que se movilizaron a la cámara de diputados para impedir el tratamiento del proyecto fueron agredidos por militantes que respondían al vice.
Entre mayo y junio, la Mesa de Enlace se movilizó para impedir la sanción de las leyes de reforma fiscal. A nivel provincial realizaron dos paros, con una duración de cuatro y cinco días. A su vez, se movilizaron a La Plata cada vez que el proyecto intentó ser tratado en Diputados, y en los pueblos del interior provincial protestaron a la vera de las rutas, aunque nunca llegaron a cortarlas. Pero eso no impidió que la reforma fuera aprobada, una parte por ley, otra por decreto. Con el hecho consumado, la Mesa de Enlace convocó a un paro provincial por nueve días (que se extendió a once), que en los últimos siete se convirtió en paro nacional. Sin embargo, la protesta no tuvo la fuerza esperada y la Mesa de Enlace terminó llamando al diálogo, sin lograr detener la reforma.
Carente de fuerza para articular una protesta propia, en la segunda mitad del año la Mesa de Enlace se acopló a los reclamos conjuntos de Moyano y la CTA contra el impuesto a las ganancias. No se trataba exclusivamente de una inesperada “solidaridad” patronal. Federación Agraria, desde la ruptura de relaciones con el gobierno se acercó nuevamente al polo centroizquierdista representado por la CTA de Micheli, que se mueve entre Pino y Binner. Además, el ajuste del mínimo no imponible en ganancias, al reactualizar las escalas, de conseguirse, beneficiaría también a los pequeños patrones que pagan el impuesto. Así, mientras Buzzi se sumó a las marchas convocadas por Moyano y Micheli, la Sociedad Rural y CRA respaldaron el reclamo y alentaron la movilización.
 
Último Round
 
Los últimos enfrentamientos entre el gobierno y las corporaciones agropecuarias comenzaron de una manera particular. En diciembre pasado la presidente decidió anular por decreto la venta del predio ferial de Palermo que la Sociedad Rural había comprado en 1991, por irregularidades en la operación. ¿Qué gana el kirchnerismo con eso? En principio, pareciera que no mucho. El predio expropiado se destinaría a armar una suerte de Mercado Central, con productos más baratos que los que se ofrecen en los supermercados. Quizás se haya buscado un golpe de efecto para desviar la atención sobre los saqueos de diciembre, que se desarrollaban cuando el gobierno anunció la medida, pero es claro que la movida se había preparado con anticipación. Las cosas quedan un poco más claras cuando observamos que, además de la expropiación de La Rural, el gobierno también avanzó sobre FAA, quitándole la administración de los certificados de depósito. ¿El kirchnerismo busca hacer caja? No pareciera ser el caso, ya que según anunciaron, el formulario que hasta ahora Federación Agraria cobraba, pasaría a estar disponible gratuitamente por internet. Pero a raíz de ello Federación Agraria perdió la administración de un recurso que representaba el 70% de sus ingresos. La entidad ya empezó a ajustar gastos, eliminando los viajes por el interior de sus directores y recortando en 50% los pagos a su plana mayor. Además, anunciaron que es probable que tengan que deshacerse de buena parte de su planta administrativa. El predio de Palermo es también para la Sociedad Rural una importante fuente de ingresos, no solo por la exposición rural que allí realizan anualmente, sino porque se encuentra permanentemente alquilado para otras actividades. Así, la medida del gobierno se devela como una ofensiva destinada a desfinanciar y debilitar a las corporaciones agropecuarias. Pero, ¿por qué? Luego de intentar quebrar a la Mesa de Enlace acercando a Federación Agraria a fuerza de subsidios para destrabar las protestas del campo, ¿por qué atacar ahora a todos por igual?
El resultado de la ofensiva oficial fue la reactivación de la Mesa de Enlace, lo que quería evitarse hasta hace poco cooptando a Federación Agraria. Las cuatro entidades realizaron un paro en diciembre y prometieron una serie de asambleas en febrero y marzo para acordar un plan de lucha. La primera de esas asambleas ya se realizó, a mediados de febrero en Pehuajó, y según las crónicas unos 2.500 productores clamaron allí por un “gran paro” para marzo o abril. ¿Qué se esconde detrás de estos movimientos? Ni los ruralistas ni el gobierno están peleando por el predio de Palermo, sino por algo que ninguno de los dos se anima a defender abiertamente: la devaluación. El desdoblamiento cambiario anticipa una devaluación de la moneda que el gobierno no podrá evitar. Pero esa medida le abrirá dos frentes de batalla: por un lado con la clase obrera, por la escalada inflacionaria y la licuación de salarios que implica. Del otro lado, para mantener las transferencias de renta, deberá acompañar la devaluación con un aumento de las retenciones. Un mecanismo de exacción directa que pondrá a la burguesía agraria en pie de lucha, como en el 2008. Anticipándose a este movimiento, el gobierno busca debilitar primero a las corporaciones que encabezan la Mesa de Enlace, quitándoles los recursos financieros que les permiten funcionar.
La burguesía agraria también quiere la devaluación, que le devolvería la rentabilidad que va perdiendo. Pero, como el gobierno, no pueden anunciarlo abiertamente por las consecuencias políticas de demandar una medida tan impopular. En abril, Buzzi habría pedido en una asamblea un dólar a siete pesos. Sin embargo, ante la prensa lo negó: “nunca pediríamos el dólar a 7 pesos, ni en pedo pediríamos una devaluación. Ni desayunando con ginebra” [8]. Sin embargo, admitió que “la situación es compleja” porque “si el dólar acompañara el proceso inflacionario estaría a 7 pesos, pero eso resentiría la capacidad financiera de la gente, el proceso inflacionario y sumaría al techo salarial”. Agregó que “existe un retraso cambiario y una pérdida de competitividad”, y pidió empezar “por vender los granos y pagar los insumos al mismo dólar”. Se refería al desdoblamiento cambiario que agrava los problemas derivados de la sobrevaluación. Es que, mientras reciben por las exportaciones con retención un dólar a 2,8, deben pagar los insumos con un dólar a 6 ó 7 pesos.
En la práctica, anular el desdoblamiento cambiario como piden implicaría necesariamente una devaluación, que es lo que la burguesía agraria busca pero no puede admitir. En una asamblea en Pehuajó, realizada hace pocos días, el reclamo apareció camuflado bajo el eufemismo de “los problemas de competitividad” [9]. También se expresa en las reticencias a vender la soja, por lo que la AFIP habría dispuesto operativos en los campos para verificar existencias, a los que los ruralistas adjudicaron un cariz “intimidatorio”. En los últimos meses los dirigentes agropecuarios vienen recomendando retener la soja a la espera de “mejor competitividad”, y en Pehuajó se barajó como medida de protesta dejar de vender “por tiempo indeterminado”. De hecho, las ventas a futuro de la próxima cosecha ya son un 35% menos que a igual fecha del año anterior [10]. El Gobierno y la Mesa de enlace se preparan para la devaluación. El primero, pretende que cuando llegue ese momento, la Mesa de Enlace se encuentre debilitada por el ahogo financiero y que no pueda movilizarse para detener el aumento de las retenciones. El proletariado, una vez más, no tiene nada para ganar con ninguna de estas dos alternativas. No obstante, la crisis por arriba que se está abriendo puede ser una oportunidad para imponer una propuesta propia, cuando el gobierno lance la gigantesca expropiación a nuestros salarios que la devaluación implicaría.
 
NOTAS
Márgenes Agropecuarios, varios números (2008-2012).
La Voz, 5/11/2010.
Tiempo Argentino, 6/3/2011.
Página/12, 13/6/2012.
5 www.ieco.clarin.com, 10/8/2011.
Página/12, 28/8/2012.
La Nación, 10/1/2012.
8 www.rosario3.com, 19/4/2012.
9 www.edicionrural.com, 15/2/2013.
10 Clarín, 18/2/2012.

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