Derrumbe azteca: La crisis hegemónica en México

Desde hace años que los trabajadores mexicanos vienen soportando embates de la burguesía, a pesar de las dificultades de esta última para imponer una hegemonía plena. A este escenario, hay que agregarle la gigantesca ola de descomposición en la que está envuelta el conjunto de la sociedad. Solo una transformación socialista, puede ponerle fin a la degradación sin fin de la vida.

 

Martin Pezzarini

Grupo de Análisis Internacional


 El fortalecimiento de los carteles de la droga, junto con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que el gobierno de Calderón implementó en el 2006, han puesto de manifiesto las enormes dificultades que encuentra el Estado para controlar la totalidad del territorio. Algunos indicadores sirven para dar cuenta de la situación de violencia de la historia mexicana reciente: 200.000 homicidios en diez años, más de 32.000 desaparecidos, millones desplazados, 110 periodistas asesinados y a razón de siete femicidios por día. El narcotráfico mexicano se reparte entre nueve carteles: Sinaloa, del Golfo, los Zetas, Los Caballeros Templarios, Jalisco, Juárez, Beltrán-Leyva, Tijuana, y la Familia Michoacana. A pesar de la avanzada que implementó el Gobierno, se observa un proceso de concentración de los carteles, a partir de la conquista de nuevos territorios, como Baja California y Baja California Sur. También, por el desplazamiento de otros carteles, como Los Zetas, del Golfo, y Familia Michoacana, cuyo territorios quedaron en manos de los carteles de Sinaloa y Jalisco, que es un desprendimiento del primero. En ese sentido, a pesar de la batalla, se observa las dificultades del Estado mexicano para monopolizar la violencia y el control sobre el territorio, que tiene una fuerte presencia del narcotráfico. En principio, porque él mismo se encuentra colonizado y jibarizado por las empresas narco.

Además de esto, la clase obrera ocupada viene sufriendo una avanzada sobre sus condiciones de vida por parte del Gobierno. En efecto, detrás de las denominadas “Reformas Estructurales”, impulsadas desde fines de 2012, se esconde, entre otras cuestiones, una mayor precarización de las condiciones de empleo: se crean “trabajos a prueba”, se facilitan los despidos y se erosiona la contratación colectiva. El salario, también es otra variable de precarización para los obreros mexicanos, ya que se ubica en torno a los 105 dólares, muy por debajo de los 290 de Brasil o 504 en Argentina. En términos de empleo, los datos oficiales arrojan que existe una desocupación de alrededor del 3%, y una informalidad del orden del 57%, lo cual comprende a casi 30 millones de trabajadores. Por último, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), más de 53 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, lo cual representa al 43% de la población. Eso, tomando como buena las mediciones estatales. Como puede observarse,  el Estado mexicano no solo condena a los obreros a los avatares del narcotráfico, sino también a pésimas condiciones laborales y sociales.

En este contexto tuvieron lugar los terremotos que el 7 y el 19 de septiembre que sacudieron al país. Como consecuencia, las víctimas ascendieron a 467 muertos, más de ocho mil heridos, decenas de localidades afectadas y daños materiales que se calculan en miles de millones de dólares. La devastación se extendió a través del centro y el sur del país, afectando a especialmente a la Ciudad de México y a jurisdicciones pertenecientes Morelos,  Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y el Estado de México. Una vez más, al igual que hace 32 años, las autoridades federales y estaduales actuaron de forma muy limitada y, en algunos casos, entorpecieron la ayuda a los afectados. Se reportaron episodios en los que la intervención del Gobierno obstaculizó la distribución de provisiones que la población donaba a los damnificados, llegando al extremo del caso de Morelos, que desviaron la ayuda que llegaba, la acumularon en depósitos y, luego de etiquetarla con logotipos oficiales, las entregaron en nombre del Estado. Por otra parte, los terremotos también evidenciaron el sistemático incumplimiento del reglamento de construcción, permitiendo el crecimiento del negocio inmobiliario y la reducción del monto de las inversiones que se necesitan para construir edificaciones más seguras. Según el ex secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Elías Moreno Brizuela, de haberse cumplido esta normativa,  la mitad de las muertes en este distrito se habrían evitado. Es decir, el interés económico del negocio inmobiliario, se pone por delante de la seguridad y vida de la población. Otro aspecto que merece ser destacado son los escasos recursos que se disponen para hacer frente a este tipo de emergencias. En efecto, mientras el Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN), mediante el cual pueden construirse y reconstruirse viviendas para los damnificados,  controla  alrededor de 470 millones de dólares,  se estima que los costos de los daños producidos por los terremotos están entre 4 mil y 8 mil millones de dólares, es decir, más de diez veces del monto previsto. Ahora, continuará el negocio de la reconstrucción, en una mesa tripartita, entre el gobierno nacional, gobernadores, y empresarios ligados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Es decir, detrás del terremoto, se esncuentra la búsqueda de la burguesía por obtener y maximizar su ganancia, con el Estado como garante, constituyendo un verdadero crimen social.

 

En anomía permanente

 

En este escenario que acabamos de examinar, el panorama político está muy lejos de ser alentador para los obreros. La fragmentación y la desorganización no le han permitido superar los embates de la burguesía, que ha logrado imponer el ajuste a los golpes. La avanzada sobre las condiciones de vida y los derechos más elementales de los trabajadores se da en el marco de una escalada de la represión estatal, la cual se presentabajo diferentes formas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y sanción de leyes con las que se busca aplacar cualquier intento de protesta. La tasa de sindicalización en México ronda el 10% de Población Económicamente Activa, mientras que en Argentina ese indicador se sitúa alrededor del 35% y en Estados Unidos en el 13%. Cabe aclarar que el grueso de las entidades sindicales mantiene una estrecha relación con la gestión de gobierno actual, principalmente en el caso de la Confederación Regional Obrera Mexicana.

En términos estrictamente políticos, el paisaje no es menos desolador, dado que la izquierda, representado por agrupamientos como Partido Obrero Socialista, PRT, Acción Revolucionaria, tiene magra influencia en la población, teniendo dificultades incluso para juntar los avales necesarios para participar en el proceso electoral.

En este panorama, el 1 de julio del 2018 se llevara adelante el proceso electoral más grande de la historia de México. Se elegirán más de tres mil cargos, que incluyen la Presidencia, 128 senadores, 500 diputados y miles de posiciones en los Estados locales. La mayoría de las encuestas colocan en primer lugar a la alianza conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Trabajador, que lleva como candidato a Andrés Manuel López Obrador y reúne un 36% de intención de votos. En segundo lugar, con el 22%, se encuentra el Frente Ciudadano, una coalición que agrupa al Partido de Acción Nacional (PAN), al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Movimiento Ciudadano. En tercer lugar, con el 21,8% de intención de votos, se sitúa Partido Revolucionario Institucional, que conforma una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVM), el Partido Encuentro Social y Nueva Alianza. Por fuera de estas tres grandes fuerzas, más de setenta postulantes se han registrado como candidatos independientes, una posibilidad abierta hace pocos años que expresa el estado de descomposición de la política burguesa, la enorme distancia que existe entre los partidos tradicionales y el conjunto de los trabajadores.  Cabe destacar que una de las figuras que presentó su candidatura de esta manera es María Jesús Patricio Martínez, que fue elegida por el Congreso Nacional Indígena como su representante para las elecciones 2018. El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha decidido acompañar la candidatura de Martínez, con un programa democrático y abiertamente burgués. Otra muestra de hacia dónde conduce el indigenismo.

 

Vamos por todo

 

La política mexicana expresa las dificultades de la burguesía para imponer su hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. Los datos electorales oficiales, marcan el descreimiento político de la clase obrera para con el Estado. Las últimas tres elecciones de diputados, tuvieron una abstención promedio del 55%, mientras que las elecciones presidenciales contaron con una abstención que promedió el 40%. Es decir, la burguesía en su conjunto no logra establecer un vínculo fuerte y estable con,  al menos, la mitad de la clase obrera. De todas formas, la ausencia de este vínculo, no se traduce, en una estructura de independencia de clase, por lo que los obreros sufren el ajuste de la burguesía y la descomposición social. Esta es la clave de sus sucesivas derrotas. La alianza Morena-PT no tiene nada nuevo que ofrecer. Aunque se presente como una alternativa de “izquierda” a los partidos políticos tradicionales, sus programas no difieren sustancialmente. En este sentido, las elecciones del próximo año no traerán nada nuevo, ya que todas las fuerzas en disputa mantienen un acuerdo tácito: la continuidad de la sociedad actual. Solo la centralización política, con un programa revolucionario (un partido), que ponga fin a la dispersión de la protesta y a la extrema fragmentación obrera podrá comenzar a revertir este enorme retroceso.

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