Del franquismo a la eurocrisis – Por Nicolás Villanova

nicolás villanova image 79Reseña de El mito de Mondragón. Cooperativas, política y clase trabajadora en una ciudad del País Vasco, de Sharryn Kasmir, 1999

¿Sabía usted que algunas cooperativas se crearon con el apoyo del fascismo? ¿Cree que estas asociaciones pueden salvarnos de la crisis? Lea esta nota y entérese que, más que una ayuda, las cooperativas son un verdadero obstáculo para los obreros.

Por Nicolás Villanova (TES-CEICS)

La villa de Mondragón se encuentra en la pro­vincia de Guipúzcoa. Allí, en el País Vasco, se desarrolló una experiencia cooperativista que opera como modelo en varios países para en­frentar las crisis económicas. La ciudad es con­siderada el reino de la solidaridad entre los trabajadores por la elevada cantidad de coo­perativas, todas ellas asociadas al Grupo Coo­perativista de Mondragón. A fines de 2012, el Grupo contaba con 80.321 asociados en 256 empresas. Suele decirse que el compromi­so asumido por los socios redundaría en me­joras para la empresa. Sin embargo, detrás de ese “compromiso” de “socios” se oculta el incre­mento de la explotación de obreros. El mito de Mondragón, trabajo que aquí reseñamos mues­tra, por un lado, el desarrollo de las coopera­tivas se encuentra inmerso en la competencia capitalista; y, por el otro, cómo la utilización ideológica del fenómeno pone un freno a la po­lítica de clase.

La estrategia del Caudillo

En sus orígenes, el cooperativismo de Mondra­gón fue impulsado con un propósito conser­vador, con influencia de la Iglesia católica ha­cia fines de la década de 1930 y principios del ‘40. Por ello, la Iglesia no dudó en tejer alian­zas tanto en Italia con Mussolini y en España con el franquismo, puesto que ambos regíme­nes incentivaban las cooperativas, a cambio de que éstas purgaran a los líderes socialistas y co­munistas. Se trata de un momento de derrota y profundo reflujo del movimiento obrero, ile­galidad del Partido Socialista Obrero Español y del PC y del descabezamiento de la Unión Ge­neral de Trabajadores.

Luego de la Guerra Civil, el devastado coope­rativismo de Mondragón fue reimpulsado por iniciativa de la Acción Católica, distanciándose del movimiento obrero. Los antecedentes del Grupo Cooperativista de Mondragón (GCM), fundado en 1984, remiten al año 1956, mo­mento en el cual un grupo de jóvenes perteneciente al centro de estudios de la Juventud Obrera Católica (impulsado por el sacerdote José María Arizmendiarrieta, vinculado con el Partido Nacionalista Vasco y defensor de la causa republicana durante la Guerra Civil) crea la primera empresa cooperativa Ulgor. Unos años después, en 1959 y 1966, el mismo sacerdote impulsa la creación de dos entidades que contribuyeron al desarrollo del GCM: la Caja Laboral y la Entidad de Previsión Social Lagun Aro.

El proyecto de la Acción Católica pugnaba por la creación de cooperativas para evitar la lucha de clases. En su desarrollo posterior, los so­cios de cooperativas de Mondragón tendieron a distanciarse del movimiento obrero, aspecto que se manifestó, por ejemplo, en la escasa in­tervención de los asociados en las huelgas. A principios de la década del ’70, el movimiento obrero vasco protagonizó cerca del 37% de los más de 9 mil conflictos laborales sucedidos en toda España. Sin embargo, en Mondragón, los cooperativistas estuvieron alejados del resto de los trabajadores.

Este aislamiento de los asociados se vincula con varios aspectos, como por ejemplo, los estatu­tos que regulan las entidades asociativas y que impiden las huelgas en el seno de la empresa desde el año 1971. También se refleja en la re­presión ideológica hacia los socios por parte de los directivos de las cooperativas, allí cuando aquéllos se movilizaron o radicalizaron sus re­clamos. Por ejemplo, en 1974 se produjo una huelga en la cooperativa Ulgor (una de las más grandes de Mondragón con 3.500 socios) por un reclamo salarial. Los directivos habían pro­puesto revaluar las categorías laborales con la consiguiente retribución salarial. Como conse­cuencia, un 22% de los trabajadores sufrió un descenso en su escalafón y una baja en el sa­lario. Un grupo de asociados realizó un paro, mientras que otros miembros de la misma coo­perativa, incentivados por los directivos, efec­tuaron piquetes anti-huelgas para evitar el in­greso de los manifestantes. Como saldo hubo 24 dirigentes despedidos, los cuales fueron re­incorporados recién en 1978, es decir, tres años después de que los sindicatos obtuvieran la po­sibilidad de readmitir a todos los trabajadores expulsados luego de la muerte de Franco.

La fragmentación entre cooperativistas y el mo­vimiento obrero se vio reflejada con mayor cru­deza a principios de los ’90. Desde el año 1962, los trabajadores del sector del metal de Mon­dragón realizan huelgas, mientras sindicalistas y empresarios negocian el incremento salarial, condiciones laborales, duración de la jornada y vacaciones. A pesar de que los socios de coope­rativas no participaban en conjunto, algunos se plegaban en solidaridad. Una de las razones era que el salario promedio que rige para el sector privado es tenido en cuenta para el incremen­to de los “anticipos” de los cooperativistas. Es decir, la negociación salarial de los sindicalistas tiene una influencia en las condiciones labora­les de los asociados. No obstante, no partici­pó ni un solo cooperativista de la huelga de los obreros metaleros de febrero de 1990. Más allá de que la manifestación fue un fracaso (sólo asistieron 60 personas), la ausencia total de so­cios fue todo un síntoma de su aislamiento.

El sello de la eficacia

Las cooperativas no son entes aislados, sino que su desarrollo se encuentra directamente li­gado a la competencia capitalista. En Mondra­gón, las asociaciones llevaron a cabo estrategias para afrontar la crisis económica de los ’70, los ’80 y la reestructuración industrial en vísperas del ingreso de España a la Comunidad Euro­pea en los ’90. Durante los ’80, los socios se vieron obligados “poner el hombro” para po­der incrementar la inversión, viendo cercena­dos sus salarios por debajo del promedio del sector privado. Aunque, formalmente, sus in­gresos se presentan como “anticipos” (es decir, retiros a cuenta de las ganancias de la coopera­tiva), en los hechos, éstos son salarios puesto que son intercambiados por la fuerza de trabajo empleada. Además, las cooperativas aumenta­ron las horas extras impagas y contrataron tra­bajadores temporales, sin otorgar el derecho a vacaciones, aguinaldo, es decir, a un costo la­boral más bajo. A partir de 1993, el Estado es­pañol permitió a las cooperativas contratar ya no un 20% como hasta ese momento sino un 30% de trabajadores eventuales en relación al total de la planta. Algunas asociaciones contra­taron a equipos de ergónomos para que obser­varan los puestos de trabajo con el objetivo de intensificar el ritmo de trabajo. Otras coopera­tivas implementaron la producción ajustada a la demanda. Por ello, se crearon nuevos turnos de trabajo para garantizar una producción du­rante las 24 horas de los siete días de la semana.

El carácter capitalista de las cooperativas se muestra más claramente a partir de la creación de la Mondragón Corporación Cooperativa (constituida como un holding e integrada por varias cooperativas) y, más adelante, la Mon­dragón Corporación Cooperativa Inversiones Sociedad Anónima, fundada en 1991 y com­puesta por el banco cooperativo y dos nuevas empresas financieras aseguradoras. En su do­cumento fundacional, la entidad mencionaba que su origen se debía a “la necesidad de lo­grar la máxima eficacia empresarial en el nue­vo contexto competitivo europeo”. Para ello se creó un marco regulatorio que le permitiese a la Corporación comprar empresas privadas en quiebra y controlarlas, como ya se había hecho con Fabrelec en 1989 y con Luzuriaga en 1990. Estas empresas, que empleaban a más de 2 mil obreros, no fueron convertidas en cooperativas.

Cabe destacar que, los asociados son represen­tados por el Consejo Social y tienen un voto en igualdad de condiciones respecto de los direc­tivos. No obstante, su representación se halla muy limitada comparada con la que poseen en España los sindicatos en una empresa común. Para los delegados de estos últimos, la legisla­ción estipula entre 15 y 40 horas remuneradas para el desempeño de tareas gremiales (según el tamaño de la empresa). Además, los sindi­catos cuentan con abogados, ingenieros y eco­nomistas propios, quienes influyen en la eva­luación de proyectos, según las relaciones de fuerza entre obreros y empresarios. En cambio, los estatutos de las cooperativas conceden dos reuniones y sólo una hora al mes para que los representantes comuniquen a los socios las de­cisiones tomadas por los directivos. Además, el cuerpo de profesionales es aquel que se encuen­tra en el directorio. A los socios no se les permi­te consultar a personal ajeno a la cooperativa. De modo que, quienes elaboran los proyectos de reformas son los que deben ser consultados por aquellos que las padecerán una vez efecti­vizadas. De esta manera, el manejo de las coo­perativas resulta aún menos democrático que el de las empresas capitalistas. Esta es la clave de la “eficacia” cooperativa y de la degradación de las condiciones laborales de sus asociados.

Utopías, nada más

El libro muestra cómo el cooperativismo en Mondragón tiene como objetivo combatir la política de clase, esto es, evitar la unidad en la acción y la igualdad en las condiciones de vida de la clase obrera. Por ello, no extraña que, en sus orígenes, el cooperativismo vasco ya se vin­culara al fascismo, la Iglesia católica y luego al nacionalismo. A su vez, las cooperativas no pueden ser analizadas por fuera del capitalis­mo. Deben invertir, explotar obreros y recibir subsidios del Estado. Aún así, la competencia no les garantiza su supervivencia. No es ca­sual que, con la actual crisis europea, una de las cooperativas más grandes de Mondragón, Fagor, haya quebrado y llamado a una convo­catoria de acreedores. Esto pese a que previa­mente recibió inyecciones monetarias, impuso rebajas salariales, renuncia de la paga de vera­no por parte de los socios y expulsión de casi la mitad de los trabajadores (de 9.400, en 2007, a 5.700, en 2013). Así como el libro desmiti­fica un conjunto de creencias sobre el coope­rativismo, la crisis viene a poner un fin a una falsa utopía: aquella que supone que se puede cambiar el mundo sin tomar el poder, y que éste se desenvuelve centralmente al margen del Estado.

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