De pura cepa. La Unión Industrial Argentina ante la dictadura de Onganía – Verónica Baudino

563px-Onganía_rezando Aunque su nombre parezca reflejar claramente los intereses que persigue,  recae sobre la Unión Industrial Argentina una acusación frecuente. Le es  negado su carácter industrial. Desde una línea nac&pop se considera que  nuclea a grandes empresarios más preocupados por obtener rentas a corto  plazo que por realizar inversiones productivas. En su lenguaje: anti-  industriales y anti-nacionales. Para ellos, la defensa de la industria nacional  implicaría el desarrollo a escala internacional de la Argentina, y por lo tanto,  un beneficio para los trabajadores. Pero la UIA no representaría ese interés,  sino a los empresarios “vende-patria”. Se los suele identificar con las ideas  “liberales”, que despreciarían la conformación de un mercado interno y  aborrecerían la intervención Estatal.

 Desde hace tiempo venimos batallando contra estas ideas. No en nombre de una reivindicación de la burguesía industrial argentina sino contra las ilusiones que una parte de la izquierda y de la centro-izquierda tienen con ella. Ilusiones que parten de la creencia de que si ella fuera como ellos desean, la Argentina sería un mundo feliz. Lo cierto es que los señores de la UIA son aquello que se les critica no ser y, precisamente por eso, estamos como estamos. Mostramos en este artículo un avance de la investigación con la que pretendemos probarlo. En este caso, intentaremos reconstruir el programa de la UIA, a través de las posiciones asumidas entre el inicio de la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966) y el Cordobazo (1969). Veremos si se ajusta a lo que de ella dicen sus críticos.

Dictadura y eficiencia

La Revolución Argentina, comandada por el general Juan Carlos Onganía, contó desde sus inicios con el apoyo político de la Unión Industrial Argentina. Ésta demostró su total confianza en las autoridades militares tanto en el acto de su asunción, como a través de comunicados oficiales.1 En este contexto, la UIA expuso su programa económico. Consistía en una serie de medidas tendientes a relanzar la economía por la vía de la disminución del gasto público, la reducción impositiva, la estabilización de la inflación, el destino exclusivo de los fondos de los bancos oficiales para la promoción agraria e industrial, el impulso del comercio exterior y la modificación del sistema previsional, a su juicio oneroso e ineficiente.2
No se olvidaron de la clase obrera: la dictadura debía anular aquellas “pseudo-conquistas” sociales que atentasen contra el desarrollo industrial general. Completando un programa tendiente a favorecer el avance de los sectores más concentrados del capital, la UIA sostuvo que si bien la industria necesitaba cierta protección de la competencia extranjera, “ésta no debía ser tal que la libere de preocuparse de producir bien y a bajo costo”.3 Así se entiende su apoyo a la dictadura: las demandas que expresaba implicaban abrir un proceso de liquidación de capital sobrante y un ataque a la clase obrera. Medidas altamente impopulares que difícilmente podían realizarse en democracia.

Trabajadores baratos

Las líneas rectoras del programa económico de la UIA se expresaron en cada intervención particular durante las gestiones de los ministros de Economía Salimei y Krieger Vasena. El problema salarial, que incluye tanto el salario directo como los aportes patronales, constituyó entre 1966 y 1969 una de las principales preocupaciones de la corporación empresaria. Su fórmula: congelamiento salarial, reducción de aportes y sueldos atados a la productividad del trabajo.
A fines de 1966 la entidad participó del Consejo Nacional de Salario Vital, Mínimo y Móvil. Intervino planteando que las distintas resoluciones adoptadas por el Consejo habían desvirtuado el sentido y el concepto de las remuneraciones. Señaló que se distorsionaba el régimen de los jornales en razón de la permanente vinculación de las asignaciones familiares con el salario mínimo, que desalentaba el esfuerzo personal. También se opuso a la posibilidad de atar la suba de las indemnizaciones por despido a los aumentos salariales.4 La idea era clara: oponerse a cualquier medida que implicara un aumento salarial.
En sintonía con la búsqueda de reducción salarial, en septiembre de 1967, la UIA expresó su conformidad con las medidas de congelamiento de sueldos dispuestas por el gobierno, señalando que contribuían a la estabilización de los costos industriales. El problema volvió a ser puesto sobre el tapete luego del Cordobazo, cuando las autoridades militares se vieron compelidas a incrementar en alrededor de un 15% los salarios. La UIA se opuso, señalando que el aumento era muy superior al deterioro del salario real, y que estaba divorciado de la productividad del trabajo.5 La forma de procesar los conflictos salariales también constituyó una preocupación para la corporación. A su entender, el gobierno debió haber fijado el aumento de las remuneraciones por una norma legal y no permitir la apertura de comisiones paritarias que no contaban con un “contexto adecuado” para su funcionamiento.6

Estado, inflación y otras yerbas

Tal como adelantamos, la racionalización del aparato estatal constituyó otro aspecto del programa sobre el que la UIA recargó las tintas. Además de la mención en las declaraciones al inicio de la dictadura de 1966, la entidad insistió en numerosas oportunidades sobre este punto, recalcando la insuficiencia en las medidas implementadas por el gobierno en la materia. Esto abonaría la caracterización de aquellos que los tildan de liberales.
Sin embargo, estuvo dispuesta a someterse a la intervención estatal sobre precios para controlar la inflación, luego de una resistencia inicial. El “Acuerdo de precios”, lanzado por las autoridades militares en 1966, buscaba la cooperación del empresariado para controlar las subas aplicando incentivos y sanciones. Las posiciones de la UIA fueron en un primer momento de resistencia. En una reunión de empresarios de diversas organizaciones (UIA, CGE, CAC, ACIEL, entre otras) con el subsecretario de comercio, la UIA alertó sobre la propuesta de estimular a quienes “respondieran positivamente al llamado oficial, y de compulsión y desaliento a quienes no aportaran al sacrificio comunitario”. El “castigo” implicaría la no incorporación de los sectores renuentes a la moratoria impositiva, el crédito bancario y a las rebajas arancelarias.7 Sin embargo, la asunción de Krieger Vasena, economista cercano a la entidad, destrabó el conflicto con la firma del acuerdo.
Por otro lado, las apelaciones de la UIA a la liberalización de la economía, la reducción de las trabas arancelarias y la disminución del gasto fiscal, no implicaron la renuncia al pedido de intervención estatal mediante políticas de promoción industrial. En efecto, en 1968, la UIA auspició la realización del Congreso Regional de Industriales del Centro-Noroeste Argentino, en el que se trataron las solicitudes al gobierno de regímenes de promoción industrial que comprendieran el total del territorio nacional. La eliminación de la superposición impositiva y la vigencia del sábado inglés en algunas provincias, que elevaban los salarios, también fueron objeto de reclamo en aquella ocasión.8
En las vísperas del Cordobazo, la UIA volvió sobre este último problema en conjunto con la Federación Argentina de Industria Metalúrgica y ACIEL, enviando notas al Ministro de Economía y a los gobernadores de Córdoba, Mendoza, Santiago de Estero, San Juan y Tucumán. Advertía sobre el riesgo de paralización de las actividades industriales si se avanzaba en la eliminación de las “quitas zonales” del 9,1% respecto de los regímenes salariales de Capital Federal, Buenos Aires, Rosario y Santa Fe. Las quitas zonales eran un beneficio promocional que permitía a los capitalistas de determinadas provincias descontar un porcentaje del salario sobre el acordado en convenciones colectivas nacionales. El argumento para eliminar las “quitas zonales” era el mayor costo de vida en las ciudades del interior, pero la UIA defendía que éste era compensado por la mayor cantidad de jornales que el empleador debía pagar, debido a la vigencia del sábado inglés en algunas de ellas. Su propuesta consistía en el establecimiento de compensaciones que redundaran en un incentivo a la instalación de plantas metalúrgicas en el interior del país, que dadas las circunstancias mencionadas no encontraban ventajas para tal localización.9
Otras intervenciones insistieron en la necesidad de intervención estatal para la promoción de la industria, pero direccionada hacia los sectores de mayor eficiencia. La expresión más clara de la línea estuvo a cargo de un asesor de la entidad, Mariano Maciel, quien publicó en La Nación un artículo que sostenía que debían encaminarse medidas hacia la centralización de polos industriales en detrimento de la promoción del interior sobre la bases de extensas zonas, tal como se hacía en aquel entonces. En ese sentido, se pronunció a favor del desarrollo de centros industriales en aquellas zonas que contaran con las características que tal sistema implicaba (infraestructura y servicios, mercado, etc.).10 Lo que solicitaba, en definitiva era que imperara el criterio de eficiencia a la hora de redistribuir los recursos estatales.
En cuanto a la política arancelaria, lejos estaba de proponer una apertura total de la economía. En 1967 saludó que los aranceles implementados tuvieran como premisa constreñir al empresariado a un uso más racional de los factores de producción, al enfrentarlo a la amenaza de la competencia extranjera. Sin embargo, sostuvo que se debía promover y proteger las actividades industriales del país, exigiendo la rebaja de los gravámenes sólo para las materias primas y bienes de capital que no se producían en el país.

Industria anti Nac&Pop

Las posiciones sostenidas por la UIA entre 1966 y 1969 tendían a una liberalización de la economía que permitiera el avance de los capitales más productivos. Su estrategia de resolución de la crisis aparece como favorable a eliminar los capitales sobrantes, aquellos qué sólo sobreviven gracias a ingentes transferencias estatales debido a su falta de competitividad. Esto no implicaba una política anti-industrial, sino todo lo contrario. Constituye el intento por profundizar la estructura industrial en base a la concentración y centralización del capital. La UIA defendió desarrollo de la industria nacional, aunque esto demandara eliminar a los sectores ineficientes, salarios bajos y represión. Los defensores de un capitalismo “humano” creen que esto puede hacerse de otra manera. Pretenden estimular el desarrollo capitalista sin hacerse cargo de sus consecuencias, es decir, pretenden una utopía.

Notas

1 Cronista Comercial, 5/07/1966.
2 Cronista Comercial, 5/07/1966.
3 La Nación, 27/04/1967.
4 UIA: Memoria y Balance, 1967.
5 UIA: Memoria y Balance, 1969/1970.
6 La Nación, 1/09/1969.
7 Cronista Comercial, 9/08/1966.
8 La Nación, 18/06/1968.
9 La Nación, 24/04/1969.
10 La Nación, 3/10/1969.

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