De evangelistas a funcionarios indígenas. El movimiento indigenista en Chaco y la creación del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH)


Roberto Muñoz
Taller de Estudios Sociales (CEICS)

Toda la literatura sobre el movimiento indigenista coincide en señalar la década del 80 como el momento del “resurgimiento” de la “identidad indígena”. En el norte, las causas profundas de ese fenómeno se encuentran en transformaciones en la producción del algodón, que transformó a los trabajadores rurales estacionales en desocupados. Esto generó un problema con estos obreros que engrosaron las filas de la sobrepoblación relativa, hundidos en el pauperismo consolidado y proclives a migrar a las ciudades. Frente a este fenómeno, varias organizaciones desplegaron una serie de estrategias que propiciaron la permanencia de esa población en el ámbito rural. Esta estrategia fue tomada por el propio Estado para contener a esta fracción de la clase en esos espacios con condiciones de vida miserables.

Efectivamente, a partir de la década del 80 se observa el despliegue del accionar de organizaciones indigenistas en diferentes provincias de la Argentina, que van a impulsar una serie detransformaciones a nivel estatal, tanto nacional como provincial, en la forma de concebir la cuestión indígena en Argentina. Como consecuencia de ello, comienza a desarrollarse toda una serie de herramientas legislativas e instituciones específicas destinadas a abordar a las personas que quedan englobadas bajo esta denominación identitaria. Entre otras cosas, se destaca el hecho que desde el Estado se pretende dar lugar a la participación directa de los implicados bajo este marco legal en la gestión de las políticas públicas que los atañen.

En esta primera entrega de una serie de notas que iremos presentando sobre las características que asume este movimiento en la provincia de Chaco, nos detendremos en los orígenes del mismo en los años 80, que tendrá como punto culminante la sanción de la Ley N° 3.258 “De las comunidades Indígenas” en 1987. Esta normativa creaba el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), organismo autárquico que desde entonces concentra la gestión de las políticas públicas destinadas a esta población chaqueña y cuyos directivos debían surgir desde sus propias filas.

Los antecedentes organizativos

Desde la década del 70, el Estado chaqueño, a través de la Dirección Provincial del Aborigen, propicia la organización de los habitantes de los asentamientos rurales con población identificada como indígena en los que esta entidad interviene. Inicialmente, esto se realizó bajo la modalidad de asociaciones civiles para derivar, tras un decreto de 1974, en la constitución oficial de “Comisiones Comunitarias”, como entes autónomos de carácter electivo. Previamente, existía cierta organización de la población “indígena” rural que estas Comisiones venían a institucionalizar. Se trataba de un proceso espontáneo, en donde los pobladores de cada colonia o asentamiento se reunían para discutir sus problemas y peticionar ante las autoridades. Es interesante notar el hecho de que los puntos de encuentro solían realizarse en los templos del culto Pentecostal, que desde por lo menos la década del 40 habían logrado instalarse en estos espacios rurales.

La penetración evangelista fue tal, que para la década del 70 gran parte de la población de las comunidades indígenas comulgaba alguna de las variantes de esa religión. Un relevamiento realizado en Colonia Aborigen Chaco, indicaba que para esa época casi la totalidad de sus habitantes “indígenas” eran evangelistas, distribuidos en varias sectas: Rayo de Luz, Vaya a la Biblia, Pentecostal, Iglesia Evangélica Unida o Iglesia de Dios. Es así que estas entidades han resultado ser una cantera de dirigentes indígenas en la provincia, tales como Nieves Ramírez –que se convertirá en el primer diputado provincial “indígena” hacia fines de los 80–, y Orlando Charole y Orlando Sánchez, futuros presidentes indígenas del IDACH. El derrotero biográfico de éste último dirigente indígena es especialmente ilustrativo al respecto:

“Yo en realidad nací en un hogar cristiano, mis padres conocieron el Evangelio allá por el año 1932. (…)Yo tenía 19 ó 20 años cuando pasé a ser miembro de la naciente IEU [Iglesia Evangélica Unida]. (…) Durante cuatro años dirigí la iglesia, es decir, del año 63 al 67, y esos cuatro años fueron una escuela para mí, porque pude comprender la estructura de una familia, de una iglesia, de una organización. Porque el objetivo de una profesión como el pastorado siempre está orientado a la conducción del hombre, de la familia, de la iglesia, de la organización; sin esa previa experiencia uno no puede avanzar. (…) De tal manera que cuando asumí la conducción general de la IEU, como tesorero general, vice-presidente, presidente en el ejercicio de la presidencia, durante doce años, ya tenía una visión clara y una experiencia desarrollada”.i

A la participación de las iglesias evangelistas se agregaba la renovada participación de diferentes grupos católicos hacia la década del 60, luego de haber sufrido cierto repliegue tras el cierre de la política indigenista sustentada en las reducciones y misiones de indios. Desde la década de 1950, distintos núcleos intelectuales vinculados a la Iglesia Católica venían interviniendo en las zonas rurales de la región noreste del país, desarrollando una intensa labor de agitación política e incentivando la organización de “los pobres rurales”: pequeña burguesía, semi-proletarios y proletarios. Sectores que en el contexto de la crisis que golpeaba a la producción algodonera, yerbatera y azucarera, todas actividades axiales de las economías del NEA y NOA, se encontraban en franco proceso de pauperización. Esta iniciativa fue el resultado de las transformaciones que venía atravesando la Iglesia Católica con el surgimiento de tendencias internas, que buscaban reformar una doctrina que consideraban desactualizada, para recobrar influencia sobre las masas. Innovaciones doctrinales que quedaban enmarcadas en las nuevas visiones evangélicas que fijó el Concilio Vaticano II (1962-1965) y, con mayor fuerza para el caso de América Latina, la Conferencia Episcopal de Medellín (1968). En ese contexto, y en la búsqueda por amplificar la influencia e inserción de la Iglesia, la Acción Católica Argentina desarrolló, desde mediados de los ’50, una estrategia hacia las áreas rurales del interior del país, a través de la Asociación Juvenil de la Acción Católica. El método de trabajo consistía en el traslado de jóvenes católicos de parroquias urbanas a las capillas rurales, donde realizaban una tarea de apoyo a la acción evangélica. En 1958 esa estrategia se sistematizó con la creación del Movimiento Rural de la Acción Católica (MR), una organización de laicos bajo encuadramiento jerárquico institucional, cuyo objetivo principal fue la formación de cuadros entre los pobladores locales para el desarrollo de una tarea asistencialista.

En ese sentido, la actividad del MR no se reducía a una formación de carácter estrictamente religioso, sino que tenía pretensiones integrales, estimulando una gran actividad comunitaria en cada paraje o localidad en la que se insertaba. Un indicador de la envergadura que fue tomando este movimiento –que si bien tenía alcance nacional, tuvo mayor desarrollo en las provincias del NEA– es que para 1965 el MR contaba con unos 4.000 militantes agrupados en 230 grupos, distribuidos en cinco zonas que incluían a 28 diócesis.

Este accionar irá institucionalizándose a través de la conformación de organizaciones no gubernamentales. Se trataba, de asociaciones civiles laicas de raigambre tanto católica como pentecostal. Entre las primeras, sobresale en la región el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), que nace en 1968 como entidad dedicada a la alfabetización en áreas rurales. Entre las segundas, destaca la Junta Unida de Misiones, fundada para la misma época por iniciativa de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y Discípulos de Cristo, a las que luego se agregarían otras organizaciones. Tendrá su base de operaciones en Juan José Castelli, ciudad cabecera de la región del Impenetrable Chaqueño. De entre sus filas saldrá el responsable de la Dirección Aborigen del Chaco a partir de 1984. A estas entidades hay que agregar a la Asociación de Amigos del Aborigen, asociación civil fundada 1963 por René Sotelo, Director de la Dirección del Aborigen provincial a lo largo de toda la década del 70. También comienza a tener participación en la zona el Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana (INDES),inscripto dentro de la corriente del humanismo cristiano, pero sin vínculo orgánico con la Iglesia Católica. Se trata de una institución constituida a mediados de los 70 a partir de cuadros técnicos de la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPAC)-dependiente del Ministerio de Bienestar Social-, que habían ingresado a la administración pública durante la dictadura de Onganía, y que hacia mediados de la década del 70 fueron desplazados de sus cargos, cuando el ministerio en el que se encontraba aquella dependencia era presidido por López Rega. Su misión, tal como la presenta el propio instituto desde su portal oficial, fue desde un principio

“Contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil, apoyando a las organizaciones comunitarias de base (Cooperativas, Comisiones de Fomento, etc.), para consolidar sus mecanismos de participación interna y mejorar su capacidad de elaboración y gestión de proyectos.”ii

Por último, a la presencia de las iglesias evangelistas y el accionar del Movimiento Rural de la Acción Católica, los diferentes equipos pastorales y las distintas ONGs, se sumaba la tarea organizativa que llevaron adelante sobre la población indígena ciertas corrientes internas del peronismo. Varios grupos indígenas tuvieron vinculaciones con el Partido Justicialista, el Comando de Organización (Juventud Peronista de la República Argentina, la Juventud Peronista (Regionales) y Peronismo de Base.

El trabajo mancomunado de gran parte de este entramado de instituciones confluyó en la conformación de la Federación Indígena del Chaco, expresión local del fenómeno organizativo que se observaba en varias provincias como Neuquén, Tucumán y Buenos Aires, y que sentó las bases para la conformación de una Confederación Indígena Nacional.

En resumen, podemos decir que para la década del 70 nos encontramos con un entramado de instituciones de diverso tipo, con fuertes vínculos eclesiales pero también con predisposición ecuménica, muchas veces actuando como brazo ejecutor de las políticas de la Dirección Provincial del Aborigen o de dependencias estatales nacionales, que intervienen en la organización de la población clasificada como indígena en la provincia de Chaco. Con la dictadura del 76 este proceso es interrumpido parcialmente y, a su salida, varias de estas instituciones retoman su tarea, para consolidar su presencia a lo largo de las últimas décadas.

Reconocimiento e integración estatal

Con la restauración del régimen democrático, el movimiento indigenista provincial cobra nuevo impulso, direccionado fundamentalmente por las ONGs que observamos más arriba. El flamante gobierno peronista electo en la provincia constituye un Consejo Asesor Aborigen, como entidad asesora del poder ejecutivo compuesta por referentes indígenas. A su vez, como dijimos, en 1984 es nombrado Carlos Benedetto, miembro de la Junta Unida de Misiones, como Director del Aborigen. Benedetto era un profesor de matemática que había iniciado su trabajo misionero en villas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires hasta que se radica en Castelli y llegará a ser intendente en los 90 por el PJ. Al asumir como Director, su labor se centró en la formulación de un proyecto de ley integral para la población indígena, impulsando un proceso de discusión entre los diferentes espacios indigenistas de la provincia. En ese contexto, tendrá lugar una primera instancia organizativa a nivel de toda la provincia en julio de 1986, en el marco del “Primer Congreso Aborigen”, que contará con la presencia de 150 delegados de las tres etnias que actualmente reconoce el Estado chaqueño -qom, wichí y moqoit,- tanto de asentamientos rurales como urbanos. El encuentro fue convocado por la propia Dirección del Aborigen junto al conjunto de organizaciones intermedias que vimos más arriba –Equipo Pastoral de la Diócesis de San Roque, INCUPO, JUM, Asoc. Amigos del Aborigen y el INDES– y se realizó en el Centro de Espiritualidad “María Auxiliadora” de la ciudad de Roque Sáenz Peña a lo largo de cuatro días, con la finalidad de poner en común las problemáticas de cada asentamiento y avanzar en la redacción final del mencionado anteproyecto.

Al cierre del Congreso, se encomendó a los delegados difundir estas resoluciones en sus comunidades y transmitir todo lo referente al anteproyecto de ley, para luego volver a reunirse en un Segundo Congreso. Éste se concretó en los primeros días de octubre de 1986. El periódico Acción de INCUPO, una de las organizaciones centrales en la organización de este proceso deliberativo, describió en detalle los ejes de discusión. Organizado en grupos de trabajo –Educación, Salud, Tierras y Ley del Aborigen­–, algunas de las conclusiones del Congreso fueron:

“- Reiteramos nuestra exigencia de que nos entreguen 1.080.000 hectáreas.

-Capacitación de promotores, agentes sanitarios o educadores de la salud, con cartilla en el idioma y castellano.

-El reconocimiento de nuestros médicos naturales, las parteras y nuestra medicina.

-La educación debe estar adaptada a las culturas de los aborígenes, en especial de su lengua, historia, conocimiento para la educación fundamental de sus hijos.

-Exigimos que dentro del plantel de educadores se incorpore a aborígenes capacitados para tal efecto.”iii

En este segundo Congreso, la presencia estatal ya no se redujo a la participación del Director de la Dirección del Aborigen, también participó en calidad de invitado el Ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Jorge Morales, quien estimó que el poder ejecutivo iba a hacer suya la ley “que ustedes han elaborado”y les fijó la forma de proceder para lograr su sanción, al recomendarles crear una comisión para llevar adelante las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias estatales.ivEs así que se conforma lo que se dio en llamar la “Comisión de los Seis” integrada por dos dirigentes indígenas de cada etnia quienes, junto con el acompañamiento de asesores de las diferentes ONGs, van a participar de una serie de reuniones con miembros del gabinete de ministros del gobierno peronista para terminar de delinear el anteproyecto de ley. De tal manera, el texto ingresó a la legislatura chaqueña en noviembre de 1986, aunque por una serie de dilaciones, recién va a ser tratado en mayo del año siguiente. Ante la demora, las ONGs indigenistas publican un documento que resulta especialmente descriptivo de su injerencia en este proceso:

“Somos instituciones no gubernamentales que desarrollan su accionar con las comunidades aborígenes desde hace tiempo, básicamente implementando actividades de capacitación, promoción de organizaciones comunitarias, promoción de artesanías y financiamiento de pequeños proyectos productivos, de maquinarias agrícolas, de autoconsumo o de pequeños fondos rotatorios de créditos, básicamente en el cultivo de algodón. (…) deseamos destacar que hemos participado conjuntamente con representantes de la totalidad de las comunidades aborígenes, a través de dos asambleas y varias reuniones de trabajo. (…) en base a compromisos oportunamente contraídos por esta Honorable Cámara de Diputados nos parece de fundamental importancia su tratamiento y sanción en el actual período extraordinarios de sesiones.”v

En el mismo sentido se expresó el titular de la Dirección del Aborigen, resaltando que el anteproyecto no era solo producto de las comunidades indígenas sino también “de las instituciones que trabajan con ellos y que están al lado de ellos, en sus luchas y sus aspiraciones, para reivindicar sus derechos”.vi

Finalmente, en la madrugada del 14 de mayo de 1987 fue aprobada la Ley provincial N° 3.258 “De las Comunidades Indígenas”, que recuperaba muchos de los lineamientos establecidos en los congresos indígenas que se habían llevado a cabo el año anterior. El espíritu de la nueva normativa estaba atravesado por la idea de lograr la integración plena como ciudadanos de los indígenas, lo que implicaba, contradictoriamente, fijar una serie de derechos especiales, que a su vez se justificaban en el respeto de formas de organización y cosmovisión que serían propias de esta población y que merecían por parte del resto de la ciudadanía una “reparación histórica”. Para ello, como elemento novedoso, la normativa establecía la creación de un organismo especial, el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), cuyos funcionarios debían ser electos por la misma población a la que iba dirigido. Se trataría de una entidad autárquica y su finalidad sería atender a la promoción general del indígena, teniendo a su cargo una larga lista de funciones que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida de la población así identificada. En síntesis, el Instituto tendría intervención como promotor, gestor o contralor de todas las políticas públicas que involucrasen a esta población. Entre otras, destacaba dentro de sus funciones el promover la entrega de tierras en propiedad a los aborígenes, reclamo central de las organizaciones indigenistas que impulsaron esta normativa. Asociado a ello, varias de sus funciones aludían a la posibilidad de desarrollar proyectos productivos, fundamentalmente agrarios. En ese sentido, de las funciones asignadas al Instituto se desprende que en general se soslaya el carácter obrero de la inmensa mayoría de esta población y se hace hincapié en el propósito de transformarla en un productor agrario, preferentemente cooperativizado, a partir del fortalecimiento de prácticas productivas agrarias. A ello se agregaba el desarrollo de una política educativa bilingüe que, contemplando la diferencia cultural, desarrolle contenidos curriculares específicos, así como también la formación de miembros de las comunidades como agentes sanitarios.

El IDACH entró en funciones a fines del año siguiente a la sanción de la ley, en octubre de 1988, asumiendo como presidente y por mandato de un año, Orlando Sánchez, el dirigente evangelista al que nos referimos más arriba. En años posteriores, se realizaron algunas modificaciones a la normativa, no en relación a sus atribuciones y funciones sino respecto a la duración de los mandatos y a la forma de elegir al titular del directorio, que ya no es designado por el Poder Ejecutivo en base a una terna consensuada entre las organizaciones indígenas, sino que es elegido de igual modo que los vocales, por el voto directo de los electores empadronados. Desde su creación, se han sucedido once directorios y ha sufrido dos intervenciones del Poder Ejecutivo provincial por disputas faccionales entre los representantes de las diferentes etnias, que implicaron la impugnación del proceso eleccionario.

Lejos de la proclamada autodeterminación y la participación autónoma como “colectivo indígena”, el proceso organizativo que cristalizó en la conformación del IDACH, sirvió de plataforma para profundizar la incorporación política de los referentes indigenistas dentro de los partidos del régimen. En 1987, tras la sanción de la ley hubo elecciones generales en la provincia. La trascendencia pública que había tomado la “cuestión indígena” hizo que los dos partidos mayoritarios –PJ y UCR- y el flamante partido del ex gobernador de facto Ruiz Palacios, Acción Chaqueña, engrosen sus listas con “caciques indígenas”. Así, el justicialismo consagrará al “primer diputado indígena” de la provincia, Nieves Ramírez y llevará a la intendencia de Sauzalito al wichi Rogelio Herrera. Por su parte, la UCR postuló como candidato a Intendente de Pampa del Indio al referente qom Maciel Medina, mientras que Acción Chaqueña incorporó como candidato a diputado a Pablo Lorenzo, dirigente del Barrio Toba, de Resistencia. El IDACH también funcionará como instancia para el lanzamiento de sus presidentes y vocales como dirigentes políticos de los partidos burgueses, en particular dentro de las diferentes fracciones del peronismo. El caso paradigmático será, sin embargo, el de los hermanos Charole, que se van a alternar en la presidencia del IDACH desde 2005 hasta la actualidad. Orlando Charole, miembro también de la Iglesia Unida Evangélica, asumió como presidente en 2005 y fue reelecto en 2008, para luego ser sucedido por su hermana, Andrea Charole, también por dos mandatos, hasta fines de 2017, cuando nuevamente es elegido Orlando para el cargo. En el interín, este último ha sido diputado provincial por el PJ, quedando a cargo de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados. Su hermana actualmente es diputada y desde 2016 ocupa la vicepresidencia del Partido Justicialista de Chaco. A ellos se suma una tercera hermana, Inocencia Charole, quien fuera diputada provincial también por el PJ a fines de la década del 2000 y ocupó el cargo de vocal en el directorio del IDACH durante el período 2014-2017.

¿Retomando tradiciones milenarias?

Así quedaban plasmadas las características generales que va asumiendo la organización indigenista en la provincia a partir de los 80. Como mostramos, la misma se estructuró sobre la base de la participación conjunta de diversas ONGs con impronta religiosa, junto con el acompañamiento de funcionarios estatales, que venían trabajando con esta población de manera sistemática por lo menos desde la década del 70. Los referentes localesno eran producto del desenvolvimiento autónomo de las comunidades indígenas, sino que su capacidad de representación se sustentabaen las vinculaciones tejidas con sectores de la Iglesia Católica y las múltiples variantes de las sectas evangelistas, fracciones de partidos políticos (principalmente por el momento el peronismo), organizaciones no gubernamentales –por ejemplo, la que dirigía el propio Sotelo, la Asociación de Amigos del Aborigen- y funcionarios estatales, como veremos en próximas entregas.

A su vez, con la creación del IDACH, podemos afirmar que la dirigencia indigenista ha logrado un grado de incorporación importante dentro de la estructura estatal, con un elevado nivel de institucionalización e integración política. Ello ocurre incluso desde antes de la creación del mismo, como vimos con la conformación y funcionamiento del Consejo Consultivo Aborigen creado en 1984 en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial. La puesta en funcionamiento del IDACH desde 1987 vino a consolidar ese proceso, proveyendode cuadros indigenistas a los partidos del régimen. Esto muestra el grado de integración política que han logrado. Pero a la vez, muestra que el proceso organizativo no fue autónomo y espontáneo, siguiendo tradiciones ancestrales, sino motorizado por la intervención de una serie de instituciones que influyeron en la construcción del programa del movimiento indigenista. De esta manera, tanto la forma de organización como los elementos ideológicos que van a operar como trasfondo de las demandas que articulan al “movimiento indígena” no brotaron espontáneamente de las masas que lo constituyeron. Por el contrario, son el producto de una intensa labor militante previa, de un colectivo que intervino, principalmente por iniciativa de sectores católicos y evangelistas, para organizar y “concientizar” a esas masas. En próximas entregas iremos mostrando este proceso con mayor detalle y develando qué hay detrás de este resurgir indigenista.


Notas

iFragmento de entrevista realizada a Orlando Sánchez en 1984. Reproducida en Memorias del Gran Chaco, Encuentro Interconfesional de Misioneros. Resistencia, Chaco, 1998.

ii http://indes-ong.blogspot.com/p/historia_12.html.

iii Periódico Acción de INCUPO, Diciembre 1986.

ivDiario Norte, 13/10/1983.

v Diario Norte, 26/02/1987.

vi Periódico Acción de INCUPO, diciembre 1986.

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