De Caleta Olivia a Metrovías (pasando por Puente Pueyrredón): La lucha contra la persecución K. Entrevista a Claudia Ferrero (miembro de APEL en el Polo Obrero)

 

 

Fabián Harari

 

Lejos de aplacarse definitivamente, como muchos afirman, la lucha de clases mantiene su virulencia. Sucede que el estado ha recobrado una parte importante de su iniciativa, como escribimos en el número anterior. Desde la universidad hasta Caleta Olivia se persigue a los luchadores. Sin embargo, el Argentinazo no ha pasado en vano: la clase obrera ha incorporado a su lucha a intelectuales que realizan tareas específicas a su servicio, en este caso, en la defensa legal de los luchadores.

 

Claudia, ¿cuál es tu actividad?

 

Soy abogada militante desde hace cuatro años. Soy miembro de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha) en el Polo Obrero y del Partido Obrero. APEL nació después del 19 y 20, muy al calor de las luchas de las fábricas recuperadas. Nuestras primeras experiencias fueron en ese canal y en casos de gatillo fácil. APEL no es una organización de derechos humanos. APEL se creó como una organización de profesionales en lucha que tenía como objetivo asesorar a los trabajadores desocupados en todas sus necesidades: abogados de los obreros de Metrovías, de los obreros del SOIP, de la Lista Roja de ferroviarios, de la Lista gráfica Naranja.

 

¿Qué casos estás llevando adelante?

 

Los de Hernán Gurián, Sergio Salgado y Martín Ogando, de Caleta Olivia y las acusaciones a los compañeros de Metrovías. Gurián es un piquetero que fue detenido luego de la masacre del 26 de junio y va a ser llevado a juicio por “atentado a la autoridad” y “tentativa de hurto”. “Atentado a la autoridad” porque ese día forcejea con las fuerzas de seguridad tratando que no lleven detenidos a otros compañeros. “Intento de hurto”,  porque él, cuando lo detuvieron, (estaban convencidos de que era él el que le había pegado la famosa trompada a Franchiotti) apareció un celular que resulta ser… ¡del comisario Vega! Quienes firman el acta no son otros que Vega, De la Fuente y Leiva, todos acusados por la participación en la masacre. Vega y De la Fuente acusados de homicidio. O sea que la pretensión del juez de darle carácter de instrumento público porque fueran funcionarios públicos los denunciantes, es una aberración.

 

¿Cuál es la situación en Caleta Olivia?

 

En la primera causa son detenidos 16 compañeros después de una toma de Termap, que duró varios días y terminó con el compromiso de los empresarios y el municipio por 1.200 puestos de trabajo, de los cuales 400 empezaban en forma inmediata y los otros en forma paulatina. Termap hace una denuncia por obstrucción y por privación ilegitima de la libertad y la juez Meyer dice que sólo se trató de amenazas simples. Entonces, la empresa hace una denuncia sobre las personas que habían ocupado la fábrica y se los acusa de expulsar a los dueños por la fuerza. El juez de instrucción, Bailac, une esta causa con una instrucción (que no constituye una denuncia) que había hecho la policía por la toma y por los 17 días de acampe previos. Bailac toma ese hecho y usa como prueba fotos dadas a los periodistas y los listados de presentaciones que se habían hecho al municipio por planes para trabajo genuino. Incluso presenta como acusación las carpetas que se habían entregado al municipio proponiéndole planes de obras públicas, la planificación de esas obras y el convenio por el cual se debía incorporar a los desocupados. O sea, verdaderos tratados de gestión obrera sobre cómo acabar con la desocupación y cómo llevar adelante la obra pública. Esa es toda la prueba que se usa. Las personas a las que se libró la orden de captura eran las voceras del  movimiento. Esta causa es una sumatoria de delitos comunes. Acá no hay figuras que se empalmen con figuras políticas, como en la causa de los presos del FMI. Incluso hay un interés en el juez de tratarlo como delincuentes comunes. Se los acusa de usurpar y obstruir la producción. Lo curioso es que el cargo es un artículo incorporado en la época de Duhalde que buscaba penalizar a las petroleras (y las privatizadas en general) ante posible lock-out patronal para presionar por el aumento de tarifas. Y a los primeros que se les aplica es a los obreros. Por otro lado, lo que hicieron es un concurso real estirando un hecho. En Caleta hubo tomas de la planta, manifestaciones y tomas en el municipio y cortes de ruta. El estado quiere juzgar a todos por todos los hechos. Pero no hay ninguna relación ni prueba que ubique a Perancho, Mancilla e Iglesias en el municipio (estuvieron en la toma), ni a Isabel Orozco en Termap (estaba en el municipio). La prueba es muy forzada y solamente ha prosperado por una acción política concreta. Quisiera resaltar que las detenciones se hicieron con una brutalidad terrible. Se emiten 16 órdenes de captura. Algunos son detenidos incluso en el curso que estaban haciendo para entrar a Termap, otros en la cola para cobrar el primer subsidio, en el municipio, otros en la escuela nocturna donde van a estudiar. A otros los van a buscar a sus casas. De las 16 órdenes de captura sólo pueden efectivizar 9 por el escándalo que armaron los vecinos. Inmediatamente hay una movilización de la gente y una denuncia de la brutalidad policial. En ese momento se detuvieron a nueve, pero se ordenan 40 indagatorias más. Los que fueron detenidos en Termap fueron torturados. Concretamente, paseados y golpeados en un camión, se les hizo submarino seco en una comisaría, las mujeres fueron golpeadas y amenazadas con ser violadas. Se trata de la  misma comisaría en la que permanecen detenidas Marcela Constancio, Elsa Sánchez y Orozco, que ahora iniciaron una huelga de hambre en reclamo de las condiciones brutales de detención. Además de estos procesados, después se deja a tres detenidos acusados de coerción agravada, a los que luego se les baja la calificación y se deja en libertad. Esto es fruto directo de las denuncias de tortura. La idea en la segunda represión era intimidar a la gente, dejar más detenidos e incluso ir directamente contra el Polo Obrero. En ese momento yo llego a Caleta Olivia y, con la denuncia de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Trabajadores, el hecho toma trascendencia nacional. Es allí donde se dictamina la libertad de algunos compañeros, pero se mantiene detenidos a los dirigentes, siendo que pesaban sobre todos los mismos cargos.

 

O sea que habría un criterio de selección por parte del estado…

 

Los que son dirigentes o voceros son los que quedan presos, aunque no haya ninguna prueba directa de su participación en los hechos. No está probado que todos los detenidos hayan participado de la toma, si bien algunos que apoyaron los reclamos, fueron voceros, o participaron de las reuniones. En particular la mayoría de los 16 detenidos había tenido algún rol dirigente. Aquí hubo acción legal sobre los que estaban apoyando en la ruta, se los detuvo y a algunos se los trató de forzar para que señalaran a dirigentes del Polo Obrero como instigadores de todo lo sucedido. Concretamente, a compañeras detenidas en las comisarías les decían que si señalaban a estos dirigentes ellas quedaban libres. Se iniciaron denuncias penales ante la justicia por estos aprietes. Aquí se vulnera el fundamento del régimen democrático. Porque lo que la democracia dice defender es el principio gremial de organización. Si de pronto se empieza a encarcelar dirigentes, lo que se esta vulnerando es el derecho popular de elegir a sus representantes.

 

¿Cómo afectó el encarcelamiento de dirigentes al movimiento?

 

Hubo tres tomas después, pidiendo por la libertad de los presos y para que se cumpliera el acuerdo que había firmado el municipio y Termap. Y la última toma fue respondida por la represión del 2 de octubre, coordinada por las fuerzas de gendarmería. Aquí no solamente tuvo responsabilidad el gobernador Acevedo, el mismo juez Bailac, sino también el gobierno nacional. El gobernador Acevedo está alineado con el kirchnerismo. Caleta Olivia tiene 200 gendarmes en forma permanente cuyos viáticos son pagados por la empresa Termap y las petroleras. Cualquier movimiento de la gendarmería nacional tiene que estar avalado por lo menos por el ministerio del interior. La gendarmería despejó la ruta por la fuerza y detuvo gente. En el desalojo de la ruta no hubo orden judicial. Actuó el fiscal federal, en concordancia con el juez de instrucción Bailac y el jefe de seguridad de la provincia. La jueza federal dijo expresamente que ella no había dado la orden y que los fundamentos del fiscal para actuar eran los insuficientes. Lo cual fue la causal de que los detenidos de la ruta fueran liberados en forma automática.

 

¿Qué elementos nuevos aparecen en el accionar judicial del estado?

 

Forzar los tipos penales: insultar a los legisladores porque van a votar una ley que afecta directamente a un sector, se transforma en una “coacción”, y “agravada” por tratarse de un funcionario de gobierno. Después, si hubo algunos delitos y eran todos excarcelables porque eran delitos menores, se busca la forma de sumarlos para que la persona quede detenida. Estos artículos rozan lo que puede ser un tipo penal abierto. Un tipo penal abierto es cuando una conducta no esta definida en forma indudable. El 213 bis es lo que les aplican a los presos del 31. La acusación es de asociación para imponer ideas por la fuerza o el temor. Este artículo es votado por primera vez en 1974, justo después que Perón echó a Montoneros de la plaza, para que la persecución política tuviera un mejor marco legal. Yo creo que hay un plan de represión sistemática contra la sociedad. La libertad de Castells y la suspensión de los juicios previstos, nos dice que este gobierno no tiene todas las de ganar. La ultima lista de procesados fue de 4 mil. Yo creo que ya deben estar por los 10 mil. Pero de los 10 mil procesados pero aún no han logrado llevar a juicio oral a ninguno. Yo estuve, con otros organismos, defendiendo a 80 procesados de Metrovías, que están imputados por los cortes de las vías. Pero claramente se trata de una persecución política. Se les dictaminó delitos leves, porque cuando se los llevó a un juzgado de instrucción, el juez retrocede y dice que el daño no es agravado. Cualquier intento por procesamiento o llevar a juicio a los obreros de Metrovías va a significar un paro absoluto. Ellos lo saben. En el caso de Caleta, la huelga de hambre y la movilización fueron ocultadas por los medios, porque si se difunde a nivel nacional el gobierno se va a ver forzado de dictar la libertad.

 

¿Esta avanzada del gobierno los obligó a cambiar las actividades de APEL?

 

Antes predominaba la acción laboral y sindical. Hoy día estamos muy abocados a la defensa en el fuero penal. Yo no tuve que hacer cambios porque me manejo en la parte penal y tomo los casos penales en APEL. El viraje lo tuvieron que hacer otros miembros, que tuvieron que recurrir más a penal cuando su fuerte era civil y laboral. Realmente la realidad nos ha impuesto mayor trabajo en casos penales.

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