Centinelas de la Patria

El envío de gendarmes a la Provincia de Buenos Aires y el armamento estatal

 

El oficialismo parece haber perdido su principal argumento “progre”: el respeto por los “derechos humanos”. Con el nombramiento de Granados y la Gendarmería en la calle, resulta difícil diferenciarse de Patti o Aldo Rico. Ahora bien, si piensa que esto es reciente, se equivoca. Si quiere saber cómo se distribuyen los efectivos y cómo se vino armando el Estado desde tiempos de Néstor, lea esta nota.

 

Valeria A. Sleiman

Federico Genera*

LAP-CEICS

 

A pesar de que se la considera como una medida reciente, vinculada a la derrota electoral, el Operativo Centinela fue implementado en el 2010, a partir del decreto 2099/2010, que dispuso la utilización de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en “actividades prevencionales en el marco de la ley de Seguridad Interior”.[1] Es decir, esta escalada represiva comenzó mucho antes de la debacle de 2013. Todavía Néstor estaba en plena actividad política y el Gobierno celebraba el Bicentenario, con millones de personas en la calle. El kirchnerismo decidió no hacer pasar esta medida por el Congreso, porque no tenía la mayoría absoluta (venía de las elecciones de 2009) y, fundamentalmente, porque no quería demasiada publicidad al respecto.

Luego del resultado de las PASO, este operativo se “reforzó”, con el aumento de los efectivos y el impacto mediático ya conocido. En concreto, aproximadamente 3.500 gendarmes fueron trasladados a la Provincia de Buenos Aires por 45 días. A esto, se sumó la tarea aportada por 1.200 gendarmes desplegados en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Una ayuda nada despreciable a Macri, pero también un intento (vano) de seducir al electorado de capital.

 

Una disputa geográfica

 

Corresponde mencionar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Gendarmería Nacional (19.349), las funciones específicas de esta fuerza tienen que ver con la satisfacción de necesidades inherentes al servicio de policía que le compete al Comando en Jefe del Ejército, en la zona de seguridad de fronteras y de amenaza al orden (cortes de ruta, etc.). En este sentido, la decisión de utilizar a la Gendarmería para tareas prevencionales se enmarca legalmente en un “estado de excepcionalidad”, que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) tiene la facultad de decretar. Este operativo muestra, entonces, la crisis de las fuerzas policiales en la Provincia de Buenos Aires.

El traslado de personal al Conurbano generó fuertes críticas de la oposición. Los intendentes Darío Giustozzi (Almirante Brown), Jorge Macri (Vicente López), Gabriel Katopodis (San Martín) y Gustavo Posse (San Isidro), alineados al Frente Renovador, cuestionaron la falta de coordinación de los gendarmes con el resto de los efectivos y la “discriminación” en el envío de gendarmes a sus distritos. Katopodis, incluso, dijo estar sorprendido porque el Gobierno Nacional no convocó a los intendentes para definir el lugar que ocuparían los gendarmes, en tanto ellos son quienes conocen los lugares de inseguridad en sus municipios.

En Jujuy, el diputado nacional por el Frente Jujeño, Mario Fiad, denunció que 300 gendarmes se trasladaban de allí al conurbano bonaerense, dejado la frontera sin protección y permitiendo una “zona liberada para el narcotráfico”. Santa Fe fue la que alzó las más fuertes protestas: el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el diputado Maximiliano Pullaro coincidieron en que la medida perjudicaba a su provincia.[2] Las quejas tenían su justificación: hasta este año, las provincias contaban con 6 mil gendarmes para utilizar. Con este operativo quedaban solamente 2.300, una sangría importante.

Frente a estas acusaciones, Arturo Puricelli, ministro de Defensa, supervisó el un refuerzo al operativo Escudo Norte (vigente desde 2011). El mismo consistió en el reemplazo de los gendarmes por efectivos de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército, que se incorporarían en las tareas de vigilancia y control de la frontera norte (Jujuy, Salta, Formosa, Corrientes y Misiones). Ahora bien, ello equipararía numéricamente el personal asignado, pero no a su distribución geográfica, ya que el refuerzo no llegó a Santa Fe. Fueron las provincias kirchneristas las beneficiadas (o mejor dicho, las menos perjudicadas). A esto, se agrega un segundo problema: la operatividad del personal del Ejército aparece más recortada jurídicamente. Los efectivos asignados no tienen capacidades de actuación autónoma y deben consultar ante cada situación particular en la frontera, pues la ley de Seguridad Interior no los habilita a actuar. Dicho de otra manera: los gobernadores tienen una menor disposición sobre el personal del que ya tenían (recordemos que Gendarmería depende del PEN).

 

A los amigos…

 

Como los datos oficiales del operativo no se encuentran publicados, tuvimos que reconstruir la cantidad de efectivos por nuestra cuenta. El kirchnerismo mantiene ocultos los datos fiables sobre su política de seguridad. Tanto es así que en septiembre de este año, la Cámara de Diputados solicitó al PEN que informase sobre una serie de variables: cantidad de efectivos y presupuesto destinado al Operativo Centinela, porcentaje de efectivos involucrados en relación con la cantidad de gendarmes en servicio, cantidad de efectivos destinados al operativo que previamente realizaban tareas en las fronteras, distribución de recursos por distrito, criterio de esa distribución, funciones y rol de los gendarmes afectados al operativo, condiciones de trabajo (es decir, salarios, horas extras que realicen, etc.).[3] Como habrá imaginado el lector, el Gobierno hizo caso omiso de todo esto…

Si echamos un vistazo a la distribución en el Gran Buenos Aires (véase gráfico), de esta nueva dotación, observamos una concentración en cinco puntos, a saber: La Matanza, Merlo, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Lanús. Todos municipios gobernados por el FPV. Los municipios opositores, sobre todo los de zona norte, se hallan visiblemente relegados.

Si tomamos como variable la cantidad de nuevos gendarmes sobre la cantidad de habitantes (en el mismo gráfico, ordenados de izquierda a derecha), podemos ver el predominio de Merlo, Esteban Echeverría, José C. Paz e Ituzaingó. En el tercer lugar, sin embargo, se encuentra un municipio opositor: Hurlingham. Lomas de Zamora y Lanús retroceden. La Matanza, se ubica en los últimos lugares a pesar de ser el municipio que más efectivos recibió, lo cual resulta lógico: su gran cantidad de habitantes (y su extensión) torna insuficiente el esfuerzo que el Estado puede realizar. En realidad, lo que se ve es que no ha primado este último criterio a la hora de la distribución (gendarmes sobre cantidad de habitantes), sino el reparto más o menos “equitativo” en la negociación con los intendentes más adictos. Es interesante notar que mientras los subsidios disminuyen en términos reales[4], en la provincia la presencia represiva crece.

 

Más armas, menos plata

 

Las decisiones relacionadas con la nueva distribución de las fuerzas de seguridad tuvieron su correlato en la planificación del presupuesto estatal. Se modificaron 326 millones de pesos: 268 millones de pesos fueron destinados a los ministerios de Seguridad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, para atender los operativos de seguridad en el conurbano bonaerense. Sobre este presupuesto, se destinaron 183 millones de pesos para la Gendarmería Nacional, para las operaciones complementarias.[5] Sin embargo, el aumento es proporcionalmente inferior al que se destinó a las otras fuerzas: a Gendarmería se le asignó una partida con una reducción del 9% de su presupuesto anual, mientras que a la Prefectura se le sumó un 4,8% y la Policía Federal tendrá un aumento de 13,4%. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, dirigida por Germán Montenegro, ex secretario de asuntos militares -y hombre cercano a Zannini- tuvo mejor suerte: obtendrá una suba del 32,4%, siendo el único de estos aumentos que supera el nivel de inflación.

Según declaraciones de Arturo Puricelli, durante la década kirchnerista la fuerza de la gendarmería aumentó en un 90%. Su cantidad inicial era de 18 mil hombres, mientras que en la actualidad cuenta con 34 mil. Ese incremento se refleja también en las restantes fuerzas de seguridad, aunque no con índices tan elevados: Policía Federal tenía 31 mil efectivos, mientras actualmente posee 44 mil (aumentó en un 40%). Prefectura tenía 15 mil efectivos y, ahora, 21 mil (incremento del 38%). Si consideramos a la totalidad de las fuerzas represivas del Estado, nos encontramos que de 60 mil efectivos, al comienzo del período K, hoy se ha llegado a la cantidad de 100.000 (un 40% más).[6]

Es decir, el kirchnerismo ha aumentado la envergadura del aparato represivo en una década. O, dicho en forma más específica: a pesar de los planes sociales, del consenso “nacional y popular”, del (precario) aumento del empleo y de todas las concesiones, el Estado argentino se ha debido reforzar militarmente. Este fenómeno, que aparece en un número global del 40%, esconde la casi duplicación de las fuerzas destinadas específicamente a la represión del conflicto social (Gendarmería). Se trata, indudablemente, de un síntoma de aquello sobre lo que no nos hemos cansado de insistir: el Argentinazo no ha pasado en vano. Otra vez, para la burguesía, el esfuerzo en el consenso y en la represión no necesariamente deben ser dos variables inversamente proporcionales.

En este último año, los aumentos del aparato militar no han sido acompañado de los recursos suficientes para sostenerlos. Vemos que la ampliación del presupuesto militar sólo supera la inflación en el caso de la Policía Aeroportuaria. Para el resto de los cuerpos, la situación se vuelve precaria. Eso fue lo que estalló en el conflicto con los gendarmes y eso fue lo que pudo verse en el caso Cabandié, el cual se develó las indignantes condiciones en las que trabajan los agentes de tránsito. Ese episodio, a pesar del manto de humo del oficialismo y la oposición (bajo la discusión de la “prepotencia” y “la igualdad ciudadana”), reveló mucho de la situación actual: una fuerza dividida y disconforme, que es capaz de conspirar contra quien (no) le da de comer.

 

 

Gráfico:

 

Los municipios kirchneristas más afines son los que más gendarmes recibieron. Si observamos la cantidad de gendarmes recibidos por habitante (de izquierda a derecha), vemos que los partidos con más población quedan relegados a pesar de recibir grandes contingentes.

 

 

 

1Según decreto 2099/2010.

2Véase http://goo.gl/GhsLi8 y http://goo.gl/2Hk5RH.

3Véase http://goo.gl/u0dP2h.

4Véase Seiffer, Tamara: “La Asignación Universal en el banquillo”, en El Aromo, n° 73, julio-agosto de 2013.

5http://goo.gl/7nWQ4p.

6http://goo.gl/E6TKp4.

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