Por Mariano Schlez – Desde hace dos años, desde estas páginas anticipamos que la revolución en Bolivia atravesaba un impasse. La causa, explicábamos, era la ausencia de un desarrollo político de las masas, que se debaten entre un apoyo más o menos crítico al MAS y su incapacidad para construir una organización que garantice la implementación de la Agenda de Octubre. Este atraso subjetivo, sumado a la ya abierta tendencia conciliadora de Evo, en oposición a la estrategia insurreccional de la derecha, somete a Bolivia a un constante ciclo que oscila entre el enfrentamiento abierto y la conciliación.1 Una verdadera guerra civil encubierta y en cuotas. Evo Morales pretende cerrar la crisis mediante un acuerdo con la derecha: la nueva constitución. Pero un ciclo que tiene como eje la lucha en las calles, difícilmente se cierre con un pacto en las oficinas.
Del referendo a la masacre
Ante la escalada de violencia de principios de 2008, el gobierno y sectores de la oposición acordaron el llamado a un referendo revocatorio que buscaba ratificar constitucionalmente la relación de fuerza entre los contendientes. La nota de la elección fue el descomunal apoyo recibido por Morales. Su ratificación, con el 67,4% de votos (14% más que en 2005) y la destitución de dos prefectos opositores, expresaron el apoyo de las masas. Lejos de los intentos oficiales, el resultado de la jornada electoral potenció los antagonismos.2 El 11 de agosto, a pesar del llamado de Evo al trabajo conjunto, la oposición planteó que no dialogará sin la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y amenazaron con profundizar su autonomismo, mediante la elección de legisladores propios y la formación de una fuerza de seguridad que garantice el cumplimiento de los estatutos. Por su parte, las bases del MAS se movilizaron reclamando la realización de las consultas por la tierra y la Constitución. La oposición respondió rompiendo la mesa de diálogo: instaló piquetes de huelga de hambre y declaró un paro cívico con movilizaciones. El centro de la disputa parecía ser el beneficio mensual para los mayores de 60 años, financiado con 166 millones de dólares provenientes del IDH. Al mismo tiempo, las bases del MAS denunciaban a los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Desarrollo Rural, Susana Rivero, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, presionando por su remoción.3
El 19 de agosto, la oposición desató una serie de tomas de edificios gubernamentales. 4 La Unión Juvenil Tarijeña (UJT) comenzó por ocupar las oficinas de la Agencia Regional de la Aduana y el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Luego, la Unión Juvenil Beniana (UJB) y el Comité Cívico Juvenil tomaron el Servicio Departamental de Educación (Seduca), en Trinidad, mientras que en Pando cayeron el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Superintendencia Forestal, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las oficinas de Migración en la ciudad fronteriza de Cobija y la Aduana Nacional. El 9 de septiembre, se produjo en Santa Cruz un violento levantamiento opositor que finalizó desplazando a las fuerzas de seguridad y con el copamiento de 22 entidades estatales. Los enfrentamientos entre la oposición y trabajadores rurales de la zona continuaron al otro día, dejando un saldo de 97 heridos y otras 14 instituciones estatales bajo dominio de la derecha. Evo Morales reaccionó expulsando al embajador norteamericano, a quien acusó de fomentar la división nacional.
La medida profundizó los combates en las rutas de todo el país con bloqueos opositores y oficialistas. Mientras que el gobierno respondió redistribuyendo por decreto el fruto del IDH, la oposición tomó el 90% de los peajes de rutas, impidiendo el cobro a los pasajeros. El gobierno intentó contragolpear llamando a un referendo por la nueva Constitución y dirimir la extensión del latifundio, pero la Corte Nacional decidió suspender la convocatoria. 5 A principios de septiembre, la derecha redobló la apuesta: los cívicos del Chaco bloquearon el acceso al campo hidrocarburífero San Alberto, el productor de gas más grande de toda Bolivia y el Consejo Nacional Democrático (Conalde), que unifica a toda la “medialuna”, resolvió masificar los cortes para la restitución del IDH; boicotear la exportación de hidrocarburos; impedir el referendo por la reforma constitucional.6
El día 11, los combates alcanzaron niveles inéditos: en la ciudad de El Porvenir, en Pando, un grupo de sicarios y personal de la prefectura llevó adelante una masacre contra trabajadores rurales y mujeres dejando un saldo de 25 muertos y 106 desaparecidos.7 Los agresores no perdonaron ni a mujeres embarazadas ni a niños, que fueron arrojados al río Tahuamanu luego de ser asesinados.8 Las víctimas plantearon que, cuando la Prefectura comenzó el ataque, la Policía no sólo no intervino, sino que huyó.
De la masacre al referendo
Luego de la masacre, Evo declaró el estado de sitio en Pando, retomó el control del aeropuerto a través de las fuerzas armadas y procesó al prefecto. Estas medidas, parecían avanzar con más determinación sobre la derecha. Sin embargo, convocó inmediatamente a un “Gran Acuerdo Nacional”. El “diálogo político” incluyó los cambios constitucionales, en particular la demanda de autonomías departamentales y la redistribución del impuesto a los hidrocarburos.9 El 5 de octubre, “técnicos” del gobierno y la oposición presentaron un documento que planteaba una propuesta de ajustes a la Constitución Política votada en Sucre, a fines de 2007.10 Al otro día, los prefectos opositores aseguraron que no firmarán ningún acuerdo con el gobierno ni aceptarán el referéndum en sus regiones.11 A pesar de la negativa, desde el 8 de octubre se retomó el diálogo. La Asamblea Constituyente volvió a sesionar y las masas volvieron a presionar. Pero, esta vez, el resultado, aunque predecible, fue penoso.
Un millón de personas llegaron a La Paz para ver como, finalmente, Evo pactó con la oposición una nueva Constitución, que las masas deberán aceptar o rechazar en un referendo llamado para el 25 de enero de 2009. El mismo día se llevará adelante el referendo por la tierra. Junto con el anuncio del levantamiento del estado de sitio en Pando, el gobierno intenta hacer pasar como un triunfo su “consenso” con la derecha.
Más de 100 artículos de la Constitución redactada por la Asamblea de Oruro, a fines del año pasado, han sido modificados. Una de las principales reformas es que Evo Morales sólo podrá gobernar por un período más, desde 2009 a 2014. Sin embargo, esto no es lo más notorio. La Constitución “notablemente mejorada” plantea que el referendo por la tierra no será de cumplimiento retroactivo, sino que comenzará a implementarse a partir de la nueva Constitución. Es decir que las propiedades que están en pleno uso y “con función económica social” no serán afectadas. Por esta razón, Jorge Quiroga, destacado opositor, dijo que ahora el proyecto garantiza el respeto a la propiedad privada. Asimismo, el vicepresidente se encargó de tranquilizar a los capitalistas bolivianos: “no van a ser afectadas [las empresas] en tanto las empresas productivas están cumpliendo la función económica y social en sus 5 mil, 7 mil 10 mil, 15 mil o 20 mil hectáreas…”. El diario La Prensa resumió la clave del consenso: “se establece el respeto a la propiedad privada, la cual no será sujeta a reversión y el referéndum de tierras regirá para lo venidero y no afectará a las dotaciones anteriores”. Se prohíbe el “latifundio”, aunque por él se entiende un concepto muy particular, que deja en pie la actual estructura social boliviana: “Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley”. En lo referido a las autonomías se reconocen tres niveles: departamental, municipal e indígena, con capacidades, incluso, legislativas. Finalmente, el gobierno aceptó los estatutos votados en la medialuna, aunque con una débil salvedad: deberán adecuarse a la nueva Constitución. A pesar de las concesiones del gobierno, el texto no ha convencido aún a todo el arco opositor: mientras Chuquisaca ya llamó a votar por el NO a la nueva Constitución, la medialuna evalúa las reformas implementadas, con fuertes críticas de amplios sectores cruceños. El dato más importante es que este acuerdo ya levantó voces disidentes en el mismo MAS. Román Loayza, reconocido dirigente sindical, aclaró: “Los sectores sociales no van a aceptar los cambios efectuados en el texto constitucional”. Por su parte, la Presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, se sumó a las críticas, planteando que “ellos no son quienes para modificar, tampoco para aprobar”.
La revolución en tres actos
En las revoluciones, procesos que pueden llevar décadas en períodos normales se aceleran vertiginosamente. En tan sólo tres meses, Bolivia pasó de un referendo revocatorio que intentó detener una escalada de enfrentamientos, a una nueva masacre pertrechada por la derecha. Este hecho profundizó el impasse que vive el proceso revolucionario. Evo volvió a detener la acción directa de las masas para llamar a un nuevo “Gran Acuerdo Nacional”, con el objetivo de pactar con la derecha la institucionalización de su “capitalismo andino”.
El proceso boliviano parece repetir un ciclo sin final a la vista: el gobierno intenta apropiarse de mayores tajadas de la renta de hidrocarburos, la derecha resiste, el MAS llama al diálogo, la oposición pasa a la ofensiva y a la acción directa, las masas responden de la misma manera, la medialuna es derrotada en las calles, pero un nuevo llamado del gobierno al diálogo vuelve a intentar “congelar” la situación. Evo actúa de esta manera porque él mismo es la expresión política de este impasse del proceso: tanto la profundización de la revolución socialista, como una restauración contrarrevolucionaria deberán prescindir de su figura. A pesar de sus esfuerzos por institucionalizar los enfrentamientos, todo parece demostrar que nuevos huracanes acecharán Bolivia. Tormentas que se volverán más dramáticas al compás de la agudización de la crisis mundial: la caída de los precios de los principales commodities exportables (zinc, plata, oro, estaño, plomo, cobre, gas, petróleo, soja, girasol, sorgo y maíz)12 profundizará los combates, no sólo por el destino de la renta, sino también por el trabajo y los salarios.13 La necesidad de una dirección revolucionaria de los explotados, que supere los límites del bonapartismo de Evo, se vuelve urgente. De lo contrario, la contrarrevolución, convencida de sus intereses y dispuesta a no claudicar hasta conseguirlos, le dará una salida a la crisis hecha a su medida.
El rechazo a esta Constitución y el cumplimiento efectivo de la Agenda de Octubre debe ser la consigna que movilice a los trabajadores bolivianos. El rechazo, porque el referéndum no tiene por objetivo darle aire al proceso revolucionario, sino que es un primer paso para cerrarlo. El MAS ha comenzado a resquebrajarse y es perentoria una intervención. El bonapartismo masista ha durado menos que su socio venezolano. Como ya reiteramos: la dispersión, el indigenismo, el autonomismo y el regionalismo son las armas con que el enemigo nos somete. Las nuestras: el programa socialista y el partido.
Notas
1Schlez, Mariano: “La explosión interrumpida”, en El Aromo, Nº 43, Julio/ Agosto de 2008.
2La Prensa, de La Paz, 10/08/2008, en http://www.laprensa.com.bo/
3La Prensa, de La Paz, 17/08/2008, en http://www.laprensa.com.bo/
4www.bolivianpress.com, 19/08/2008.
5“Punto muerto entre Evo y la oligarquía”, en www.econoticiasbolivia. com.
6www.bolivia.com, 3/09/2008.
7http://bolivia.indymedia.org/ node/19335.
8http://www.losandes.com.ar/notas/ 2008/9/13/un-380715.asp.
9La Tercera, 15/09/2008.
10Informe Diálogo Nacional: Mesa Autonomías y Constitución Política del Estado, Cochabamba, 5 de octubre de 2008.
11“Nuevo golpe fascista contra Evo”, en www.econoticiasbolivia.com.
12Ver Agencia Bolivariana de Noticias, 13/10/2008 y Los Tiempos, 13/10/2008.
13“Habrá desocupación y baja en los salarios”, planteó Teófilo Caballero, Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. La Razón, 13/10/2008
