CABA / BUENOS AIRES: Protocolo anti-protesta en las escuelas – Rocío Fernández

El gobierno viene utilizando distintas estrategias de cara a cerrar el conflicto docente en las provincias que aún no firmaron sus paritarias (Buenos Aires, CABA, Tierra del Fuego y Santa Cruz, entre otras). A medida que el conflicto se profundizó pasó de la búsqueda del consenso vía el “diálogo” a una estrategia abiertamente represiva. La represión en la carpa itinerante fue uno de los episodios, pero no el único. Se está volviendo “costumbre” el ingreso de la policía a las escuelas ya sea para pedir listas de docentes huelguistas o para reprimir y disciplinar a los alumnos.

Despacito

Ya a mediados de marzo la gobernadora Vidal ordenó a la policía ingresar a los colegios a exigir “un listado” con los datos de los docentes que acataban el paro, incluyendo su filiación política. Un remake de las listas negras de antaño que generó repudios varios, pero no detuvo la marcha ascendente en la delación y represión gubernamental.

En la Ciudad de Buenos Aires, un hecho paradigmático ocurrió en el Colegio “Mariano Acosta” el 20 de abril pasado. En el transcurso de una clase pública irrumpieron fuerzas policiales en la escuela para impedir cualquier tipo de protesta. Horas más tarde, un efectivo entró armado al establecimiento con el fin de frenar una supuesta marcha. No es el único caso. El asesor tutelar de la escuela inició una denuncia penal contra la policía y pidió averiguar la cadena de mandos que envió a la policía para amedrentar alumnos. Tras cartón, el Gobierno de la Ciudad pretendió jubilar a su rectora, Raquel Papalardo, quien cuenta con una comisión gremial por lo que no puede ser jubilada de oficio. Así, el gobierno busca dejar claro de qué lado deben ubicarse los directivos.

Apenas dos días más tarde, el 22 de abril, el Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Nº27, “Hipólito Yrigoyen”, denunció que, en medio de una asamblea del turno mañana, irrumpió un policía armado preguntando qué acciones iban a tomar los alumnos en medio del conflicto docente. A mediados de mayo, en Berisso, los estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media N°1 “Raúl Scalabrini Ortiz” protestaron frente a la municipalidad por un problema edilicio. Como respuesta los alumnos recibieron golpes por parte de la policía.

Bastones largos new age

Pero no estamos ante una novedad. Ya en las tomas generalizadas de las escuelas secundarias en la Ciudad, entre 2010 y en 2015, el Ministerio de Educación “recomendaba” a los directivos hacer las denuncias policiales y elaborar actas, con el nombre y DNI de los alumnos que participaron de las tomas. Lo que antes era una “recomendación” se ejerce ahora arbitrariamente atropellando a las autoridades escolares.

La creciente escalada represiva sobrepasa el hostigamiento y persecución ante los reclamos educativos sindicales inmediatos porque hoy día se avanza en la criminalización directa del estudiantado. En mayo, tres alumnos se ratearon en inmediaciones de la escuela “Antonio Mentruyt” de Banfield. Según sus testimonios estaban tomando una bebida alcohólica. Al verlos la policía comenzó a perseguirlos efectuando disparos. Los jóvenes corrieron hasta ingresar al establecimiento. La policía entró al colegio con armas, sin orden, sin identificación y pateando la puerta de los baños, se llevó a uno de los jóvenes detenidos. El 10 de mayo un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12 de San Martín fue detenido tras impedir una requisa a los estudiantes en la puerta del colegio. Lo liberaron, horas más tarde, pero le abrieron una causa por obstrucción de la autoridad. Lo hicieron porque ante los atropellos policiales, los directivos y los docentes carecemos de un marco legal para defendernos o defender a los pibes ante estas situaciones. Si bien la ley de 24.521 de Educación Superior, prohíbe el ingreso sin orden judicial de las fuerzas de seguridad en las universidades nacionales, las escuelas secundarias y primarias se encuentran sin una regulación sobre el tema.

Como si fuera poco, hace unos meses, el Gobierno de la Ciudad está haciendo una campaña de voluntarios para sumarlos como “guardianes escolares”. El único requisito que se pide para formar parte del programa es llenar un formulario y participar en una jornada de capacitación. En la convocatoria se indica expresamente que estos “guardianes” servirían como apoyo a los agentes y también “brindarían” protección en el ingreso y salida de las escuelas. El objetivo es claro: incrementar las fuerzas represivas. Al ser una convocatoria abierta, no hay supervisión de antecedentes y son “controlados” por un coordinador de área. Ante cualquier disputa o rencilla entre los chicos ellos tienen orden de llamar a la policía.

Está claro: el Gobierno está probando hasta dónde puede llegar en materia represiva. Avanza cuando puede y si no introduce mojones en esa dirección. Somos nosotros quienes debemos poner un freno. Tenemos que organizarnos y asirnos de un marco legal para cuidar a nuestros alumnos dentro y fuera del colegio y para evitar la persecución de colegas. En asambleas, los docentes debemos discutir este nuevo escenario represivo. No hay tiempo que perder.

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