Agotados. Las teorías del parasitismo empresario y las leyes de promoción industrial, 1962-1981

Por Verónica Baudino – La burguesía argentina, como casi toda la latinoamericana, goza en el sentido común del status de “bananera”, que la diferenciaría de otras burguesías “serias”. Se afirma que es remisa a la inversión productiva, ineficiente, puramente financiera y superviviente sólo al amparo del estado. Estas cualidades se habrían acentuado en lo últimos treinta años de nuestra historia económica. Según las teorías en boga, durante décadas, el empresariado habría cultivado una alianza con los regímenes dictatoriales y democráticos, lo que le habría permitido el saqueo de las riquezas estatales con el mero objetivo de acumular capital mediante la bicicleta financiera. Grandes negociados, subsidios y estatizaciones de deuda habrían sido las distintas formas que tomaron las transferencias de recursos a capitales nacionales y extranjeros. Éstos, sin embargo, no habrían tenido en sus planes reinvertirlos en capital productivo que estimule el desarrollo nacional. Sólo les interesaban sus ganancias fáciles, razón por la cuál no invertían y sólo se dedicaban a acumular capital financiero. Esta burguesía parásita sería culpable de la desindustrialización, en la que Argentina estaría sumergida desde ese entonces.

En este país “poco serio”, predominaría la irracionalidad económica con las consiguientes consecuencias: falta de industrias, desocupación y crisis. No obstante, vale la pena preguntarse si ésta imagen, tan difundida y aceptada, es real. ¿El gran problema de la Argentina es cómo se distribuyeron y utilizaron los recursos estatales, o el asunto es más grave y radica en el sistema mismo? Quienes intentaron estudiar estos problemas, sólo reforzaron estas teorías que, dado la falta de fundamentos, son sólo prejuicios. Muy arraigados, es cierto, pero prejuicios al fin. Las leyes de promoción industrial son una forma de abordar la problemática, ya que son un emblema del supuesto saqueo al Estado con fines especulativos. Muchos interpretaron que fueron expresión fiel de la “patria contratista”. Sin embargo, un examen del fenómeno nos arroja un resultado bastante diferente.

Las características de la ley

Las Leyes de Promoción Industrial, sancionadas entre los años 1962 y 1981, tenían por objetivo promover el equilibrio entre las distintas regiones a través de la descentralización industrial, fomentar la propiedad nacional, fortalecer una estructura de costos competitiva y estimular la concentración y centralización del capital para avanzar en una industria más productiva. Es decir, este sistema de promoción procuraba alentar el desarrollo de las empresas locales sobre una base competitiva. Para esto se proponía mejorar la productividad de las industrias mediante el fomento de la modernización de sus maquinarias, la fusión u otros mecanismos que permitieran aumentar la competitividad de los capitales. Su objetivo primario fue el fortalecimiento de una industria nacional.

Además, una de las preocupaciones que se observa a través de las leyes es la descentralización de la industria en términos regionales. Con este propósito, la gran mayoría de las provincias argentinas gozaba de incentivos a la instalación de industrias en su territorio. Estos alicientes eran mayoritariamente tributarios, es decir, se otorgaban exenciones impositivas -por ejemplo, del IVA- sobre el capital invertido.

Entonces, por lo menos en el aspecto formal, las leyes pretendían impulsar el desarrollo industrial argentino, mediante subsidios indirectos que eximían del pago de impuestos a la producción a las empresas que solicitaran tal beneficio. Con lo cual, teóricamente, todas las empresas beneficiarias deberían haber invertido capital y ponerlo en producción, si pretendían obtener el subsidio.

Los apologistas del combate contra la patria contratista admiten los objetivos nobles de la ley, pero se lamentan por su aplicación. Afirman que sólo estimuló la concentración del capital y la especulación financiera. Una vez más, recurren a encontrar distorsiones por aquí y por allá que no le permiten al capitalismo argentino alcanzar la prosperidad. Sin embargo, los resultados de la Promoción Industrial no suman arena para su costal.

Los beneficiarios de la ley

Aunque del dicho al hecho haya un largo trecho, los propósitos de la ley se cumplieron en gran medida. La mayoría de las empresas que presentaron un proyecto para ser subsidiado fueron atendidas. Las ramas de la producción tuvieron distinto protagonismo: el petróleo (21,7%), la industria química (21,6%), la fabricación de maquinaria (14,5%), la industria textil (11,9%), los minerales no metálicos (8,27%), los alimentos y bebidas (5,55%) y por último, madera (3,20%). Del total de proyectos aprobados, se llevó adelante el 50%, seguramente a causa de la inestabilidad económica sobre todo de la década de 1970.1 Sin embargo, ningún proyecto que no se haya efectivizado recibió subsidios. Sólo se otorgaban subsidios a las industrias instaladas, las cuales gozaban de exenciones impositivas, reintegro de impuestos, etc. A su vez, como vemos, no hay bancos ni otros capitales cuya acumulación se base en las finazas. Son todos capitales productivos. No es real, entonces, la teoría que supone que los recursos fueron desperdiciados en gastos improductivos, al menos si se entiende por esto subsidios al sector financiero.

Además, que todos hayan recibido subsidios implica una gran dispersión en la adjudicación de los mismos. Sin embargo, como la realidad argentina muestra, sólo unos pocos de los tantos capitales beneficiados pudieron acumular a gran escala. Esto nos obliga a cuestionar si el éxito o fracaso de las empresas se relaciona con su participación del saqueo al estado durante los últimos años.

El caso Arcor es un ejemplo de un capital que recibió subsidios y hoy es uno de los pocos capitales nacionales que exportan, y uno de los principales productores de caramelos del mundo. Autores como Daniel Aspiazu, Eduardo Basualdo y Martín Schorr de FLACSO sostienen que el éxito de esta empresa de golosinas se explica por sus vinculaciones con el poder político y la instalación de plantas en zonas donde regía la Ley de Promoción Industrial, especialmente Tucumán.2 Las transferencias estatales serían la base de acumulación de Arcor y no su capacidad productiva.

Encontramos en este planteo varios problemas. En primer lugar, estos autores no ponderan qué porcentaje del total del capital fue subsidiado. Es muy distinto que hayan recibido un 5% o un 80%. Además, no se preguntan por qué empresas de la misma rama (como Noel, Georgalos y Mu-Mu) que absorbieron los mismos -o aun más- subsidios que Arcor no se encuentran a su nivel. Por otra parte, estos autores no reparan en que los subsidios son una forma de garantizar la reproducción del capital en todo el mundo. Por lo tanto para afirmar su teoría “política” deberían demostrar que mientras Arcor recibió subsidios y sus competidores internacionales no. Deberían también probar que no hay otras explicaciones al éxito de Arcor y al fracaso del resto. La falta de datos que demuestren esas afirmaciones sólo contribuye a reforzar los prejuicios existentes.

La explicación de las causas que posibilitaron a unos capitales crecer -y a otros la quiebra- deben ser buscadas en la capacidad competitiva de cada uno. Arcor, beneficiado con las Leyes de Promoción Industrial, se asienta en la productividad del agro pampeano3 ya que utiliza como principal insumo la glucosa, un edulcorante derivado del maíz. Mientras tanto, capitales como Siam-Di Tella, que también gozaron de exenciones, no pudieron competir con la tecnología de punta de países como Estados Unidos y Japón. Entonces, a los subsidios hay que “ayudarlos”: deben asentarse sobre una base competitiva, ya que en sí mismos no son causa de éxito o fracaso. Existen ramas de la industria que requieren una escala de capital que en general debe ser invertido por el estado como la aeroespacial. Pero no es el caso de los capitales como Arcor, Perez Companc y Techint, ligados a las rentas agraria y petrolera, altamente competitivas en el mercado mundial.

¿Políticas antindustriales?

Es verdad que, desde la década de 1970, el Estado otorgó subsidios. Sin embargo, eso no significa que los capitales que los recibieron los hayan despilfarrado. Por el contrario, la mayoría de los beneficiados fueron capitales industriales que corrieron diferente suerte. Algunos lograron insertarse en el mercado internacional, como Arcor y Techint, y otros se fundieron como Siam Di Tella. Pero la distinción entre ellos no se debe a la recepción de subsidios, sino a la productividad del trabajo de cada capital.

Los defensores del nacionalismo y del pequeño capital esconden una parte de la historia. Su programa se basa en un diagnóstico errado: la falta de desarrollo industrial causado por la malversación de los recursos estatales. Las cuantiosas riquezas nacionales habrían sido dilapidadas por el capital financiero dejando en ruinas a la Argentina. Por esta razón, consideran el modelo instaurado en Argentina como irracional, sostenido por una serie de gobiernos bananeros. Sin embargo, Argentina se rige con las mismas leyes que cualquier otro país capitalista, la competencia y la eficiencia. Por lo tanto, las riquezas no fueron dilapidadas sino invertidas en los sectores en los que hay mayor margen de ganancia. Aquí, esa rama es la ligada al agro. Es un comportamiento racional que busca especializarse en las industrias más productivas. El hecho de que no se desarrollen industrias electrónicas o el pequeño capital se debe a su incapacidad para enfrentar la competencia. La prueba está en que aún con políticas adecuadas y subsidios para todos, las empresas que no se adecuaron a los requerimientos del mercado, no pudieron desarrollarse. No es cuestión, entonces, de políticas cipayas y antiindustriales, sino de las limitaciones que el capitalismo argentino tiene ante sus competidores internacionales. La burguesía argentina está agotada no por “idiota”, sino porque el capitalismo argentino está agotado.


Notas

1Ferrucci, Ricardo: La promoción industrial en la Argentina, Eudeba, Buenos Aires, 1985 y Aspiazu, La promoción industrial en la Argentina, 1973-1983. Efectos e implicancias estructurales, CEPAL, Chile, 1986.
2Azpiazu, Daniel y Basualdo Eduardo: Cara y contracara de los Grupos Económicos. Crisis del Estado y promoción industrial, Editorial Cántaro, Buenos Aires, agosto de 1989 y Schorr, Martín y Andrés Wainer: “Un estudio comparado sobre desempeños empresariales disímiles en el proceso de concentración y centralización del capital en la Argentina. Un estudio comparado sobre desempeños empresariales disímiles en el proceso de concentración y centralización del capital en la Argentina”, en Jornadas de Historia Económica 2006, edición electrónica.
3Véase Baudino, Verónica: “Arcor, la auténtica burguesía nacional”, en El Aromo, n° 33, Noviembre de 2006.

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