A la defensiva – Julia Egan

BrzDpamIEAEKupWParitarias y los conflictos obreros en el primer semestre de 2015

Para los sindicalistas alineados con el gobierno fue más importante hacer bien la tarea que garantizar el ingreso de gran parte de los trabajadores. Pero no se trata de una oposición entre los sindicatos oficialistas y no oficialistas. No es casualidad que en la mayoría de los casos en que se negociaron acuerdos favorables, la izquierda tenga influencia.

Por Julia Egan (Taller de Estudios Sociales-CEICS)

Como hemos visto en los últimos años, las negociaciones paritarias de 2015 no escaparon a la lógica impuesta por el kirchnerismo de implementar un tope virtual a los aumentos salariales, mediante la siempre bienvenida colaboración del sindicalismo oficialista. Por ello, el logro de aumentos por encima de ese monto dependió en gran medida de la lucha que emprendió cada gremio. A este panorama, se suman los crecientes conflictos en torno a despidos, suspensiones y cierres de empresas. Tanto éstos como las disputas en torno a la negociación del salario resultan medidas defensivas frente al impacto de la crisis económica, que viene imponiendo una caída del salario real y el aumento de la desocupación.

Las paritarias “blue”

La voluntad del gobierno de ponerle un “techo” a las paritarias responde a una doble necesidad: por un lado, licuar los salarios por la vía de aumentos por debajo de la inflación; por otro lado, que este ajuste no se muestre de forma directa y violenta, sino que pase por este mecanismo “invisible”. Pero este mecanismo viene a agravar la situación de las dos grandes fracciones de la clase obrera argentina: aquella que, según el propio INDEC, compone el 50% que gana por debajo de los $5.500 y la otra que, aunque su salario apenas supera la canasta familiar real, lo ve amputado por el impuesto a las ganancias.

En lo que va del año, se firmaron 50 acuerdos salariales. La ronda de negociación del 2015 se destaca porque buena parte de los gremios ha acordado aumentos en ítems por fuera del salario básico, lo que permitió romper el techo del 27% que pretendía imponer el gobierno, y las dio a conocer como paritarias “blue”. Según nuestro relevamiento, al menos el 24% (12 actividades) logró un aumento mayor que el establecido sobre el básico a partir de la incorporación de ítems como presentismo y viáticos. Si contamos aquellas negociaciones que lograron sumas no remunerativas por única vez, el porcentaje de utilización de este mecanismo asciende al 42% (21 actividades). Aunque en estos últimos casos la recomposición salarial resulta muy endeble.

Si tenemos en cuenta el aumento final remunerativo (aumento sobre el básico e ítems), el promedio de aumento del 2015 ronda el 30%.

Sin embargo, esto varía según los acuerdos logrados. El 56% de las actividades firmaron acuerdos por encima de la inflación interanual correspondiente al mes de inicio del acuerdo, mientras que el 44% lo hizo por debajo. De las que consiguieron aumentos por encima de la inflación, el 50% presenta aumentos por incorporación de ítems o sumas por única vez. En realidad quienes firmaron sumas por única vez se encontrarán más debilitados en la próxima ronda de negociaciones porque esos montos no son incluidos de forma permanente en la composición del salario.

El 90% de las actividades firmaron acuerdos a 12 meses, por lo cual los aumentos conseguidos con suerte empatarán la inflación anual, teniendo en cuenta que el kirchnerismo aún mantiene vigente la prohibición de indexación de los salarios por inflación.[1] Los dos acuerdos de Camioneros (corta y larga distancia), se firmaron a 10 meses, quedando en una situación ventajosa respecto de los demás gremios y acordando un 31,5% y un 38,2%, respectivamente, a partir de julio, apenas superando la inflación del 27,1% correspondiente a ese mes.[2] Los maquinistas de La Fraternidad firmaron a 16 meses y la rama de energía eléctrica (Luz y Fuerza) y transporte (Unión Tranviarios Automotor) a 18 meses, lo que lógicamente pone a sus trabajadores en una situación desfavorable. En el caso de Luz y Fuerza, si bien el aumento final es del 40%, el logrado para los doce meses respeta el 27,8% del gobierno y queda por debajo de la inflación interanual de mayo, que alcanzó el 28,8%. La UTA no tuvo pruritos a la hora de firmar un acuerdo escandaloso: 27,8% hasta enero de 2016, cuando la inflación interanual de enero de 2015 fue la más alta del año, alcanzando un 35,2%. Entre enero y junio de 2016 se complementará con un aumento del 10,6%.

Ambos acuerdos son muestra del desempeño de los sindicatos kirchneristas a favor del gobierno. Recordemos que se trata de dos ramas fuertemente subsidiadas. De los 29 gremios oficialistas que protagonizaron las negociaciones, solo 9 lograron aumentos por encima de la inflación (alimentación, azucareros, docentes -tres actividades- indumentaria, judiciales bonaerenses, subtes y telefónicos), mientras que de los 26 sindicatos no oficialistas, lo lograron 17. En suma, para los sindicalistas alineados con el gobierno fue más importante hacer bien la tarea que garantizar el ingreso de gran parte de los trabajadores.

Para muestra…

La entrega de los dirigentes sindicales oficialistas también puede verse en las medidas de lucha que se llevaron adelante. Se realizaron 28 paros en relación con las paritarias. De los sindicatos oficialistas, solo docentes, bancarios y Luz y Fuerza realizaron paros en reclamo por sus salarios. Solo los docentes superaron el aumento inflacionario (menos los universitarios, nucleados en Conadu, Fedun, Fagdut) y Luz y Fuerza firmó el acuerdo que describimos. De los sindicatos no oficialistas, 12 realizaron paros por sus respectivas paritarias sectoriales. De los gremios involucrados, camioneros, aceiteros, droguerías, minoridad, carne, estaciones de servicio, gastronómicas, petroleros y laboratorios, consiguieron aumentos por encima de la inflación. Es decir, que entre ellos se encuentran los acuerdos que más comprometen la política del gobierno nacional en materia salarial y que muestran a las distintas capas de la clase obrera ocupada que la lucha y la acción directa rinden sus frutos.

Pero no se trata simplemente de una oposición entre los sindicatos oficialistas y no oficialistas. No es casualidad que en la mayoría de los casos en que se negociaron acuerdos favorables, la izquierda tenga influencia (aceiteros, docentes, alimentación, petroleros, telefónicos). Los principales conflictos del año estuvieron motorizados por los sectores más combativos de la clase obrera e impulsados por los distintos partidos de la izquierda revolucionaria (ver entrevistas a continuación). Desde los aumentos conseguidos por los aceiteros, que tras 25 días de paro, piquetes y bloqueos de plantas lograron quebrar el techo del gobierno e imponerle un aumento del 37%, pasando por las luchas contra las suspensiones masivas y los despidos en Techint, Siderca –que contaron con el aval de la UOM- FATE, automotrices, entre otras, y la imposición de los trabajadores de Cresta Roja ante más de 600 despidos y la revocación del mandato de los delegados burócratas. Ello incluye el cierre de Donnelley, actual Madygraf, que se encuentra bajo gestión de los trabajadores y en lucha por la expropiación. Este último tipo de conflictos surgen directamente de la crisis económica que atravesamos. A julio de 2015, se han desarrollado al menos 457 conflictos laborales, cuyos principales motivos fueron reclamos por condiciones salariales (30%), condiciones de trabajo (29%) y crisis (20%).[3] La izquierda, en la organización sindical, ha demostrado suficientemente que la lucha orientada por un programa clasista, paga.

El camino

La crisis económica implica que la burguesía se va a valer de distintos mecanismos de ataque. La mitad de los gremios ya ha negociado salarios que quedaron por debajo de la inflación y otra parte logró aumentos endebles. Ninguno de los sindicatos opositores, plegados al programa macrista, plantea la necesidad de organizarse al menos en torno al problema salarial. Por eso es necesario plantear un plan de lucha a largo plazo, que involucre también a los trabajadores registrados peores pagos, a los no registrados y a los desocupados. Ante las suspensiones y despidos hay que reclamar el reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario. Si los capitalistas no pueden garantizar la producción y la continuidad del trabajo, el Estado debe proceder a la expropiación sin resarcimiento y la estatización bajo control obrero.

Sin embargo, no alcanza con organizarse defensivamente en torno a las demandas económicas. La mentada “fusión del movimiento obrero y la izquierda” es una realidad que avanza, pero aún sigue siendo limitada. De cara a la crisis económica en curso y de las disputas al interior de la burguesía para definir los términos del ajuste y quién lo llevará adelante, la clase obrera debe contar con una dirección preparada para las batallas que deberemos enfrentar y con un programa claro que la sustente. Los partidos del FIT no han mostrado siquiera poder lograr la unidad en el terreno de la lucha económica. La izquierda no puede contentarse con la postulación de un programa sindical defensivo. Es necesario conformar una gran corriente clasista nacional que agrupe a toda la vanguardia, como lo supo hacer la ANT para que la energía militante no se disipe en batallas parciales. Hay que estar dispuestos a pasar a la ofensiva y conformar para ello el partido que pueda darle una dirección a este proceso y encaminarlo hacia un futuro socialista.


“En las asambleas, el compañero que estaba en desacuerdo con la Comisión directamente quedaba afuera”. Entrevista a Jerry Sanchez, delegado de la Planta 1 de Cresta Roja.

Por Nahuel Audisio (Taller de Estudios Sociales-CEICS)

En julio, la patronal de Cresta Roja-Rasic, la segunda avícola del país, concretó más de 600 despidos en sus plantas de Monte Grande y Ezeiza. Desde hacía varios meses, los salarios y aguinaldos se venían pagando fuera de término y se pretendía reducir la jornada de trabajo sin mantener el salario. El Aromo entrevistó a Jerry Sánchez, delegado de Cresta Roja por la minoría (Lista Celeste), para detallar el desarrollo del conflicto.

¿Cómo comienza el conflicto?

Viene desde mediados de diciembre, cuando la empresa empezó a pagar los premios en cuotas y a estirar el pago de la faena de los sábados. Antes se faenaba un sábado y se pagaba un viernes. Después las horas extras se empezaron a pagar cada 15 días. La comisión de la lista Blanca propuso hacerlo cada veinte y después se terminó pagando cada un mes.

En algún momento se habló de que la empresa cerraba…

Dicen que la empresa está quebrada porque en su momento, cuando exportaba a Venezuela, había un acuerdo con el gobierno. Es algo muy de adentro, pero supuestamente Rasic exportaba pollos y negociaba con el gobierno por Gasoil, por combustible. Luego el gobierno cerró la negociación con Venezuela. Le bajaron un subsidio que tenían y por eso le echaron la culpa al gobierno de que se había fundido Rasic.

Esas exportaciones, ¿cuánto representaban para la empresa?

Representaba mucha plata. Imaginate que nosotros trabajábamos sábados y domingos casi doble turno para sacar el pollo que se iba a exportar. Se abrieron muchos puestos de trabajo para cubrir esa demanda. Después de este quiebre en la negociación entre los dos países, se perdió gran parte de esos puestos de trabajo. A partir de ese momento, empiezan a despedir gente. Hace dos años.

¿Qué acciones tomaron en ese momento?

Las tratativas en ese momento las manejaba la comisión actual, la Lista Blanca. Lo que pasa que nosotros, por una rebeldía a tantos desencuentros con esta lista, terminamos perdiendo muchos puestos de trabajo de muchos compañeros. Entonces, la gente empezó a tomar miedo y el miedo se transformó en un terror de hacer un reclamo y pedir lo justo. En las asambleas, el compañero que levantaba la mano para hablar y estaba en desacuerdo con lo que pedía la comisión, quedaban afuera directamente. Entonces la gente no hablaba más. La comisión se hizo más fuerte, más grande, y se fueron despidiendo cada vez más compañeros. Hemos tenido más de 30 compañeros despedidos. Planta 2 también tenía los mismos problemas que nosotros con la comisión que está actualmente y se despidieron alrededor de 300 personas. En un momento se unieron las dos plantas y se tomó la decisión de parar, cortar la ruta 205, la autopista Ezeiza- Cañuelas y cortar la Av. Fair, con el objetivo de conseguir esos puestos de trabajo que se habían perdido, que se paguen los sueldos como corresponde, por que los estaban pagando en 4 o 5 cuotas, y que se pague el aguinaldo como correspondía, porque hasta ahora no lo habíamos cobrado y no queríamos que nos reduzcan la jornada de 9 a 7 horas, ya que perdíamos de $2.500 a $3.000.

¿Qué papel tuvo el gremio de la alimentación en este conflicto?

Fue bastante patético, en todo momento nos dejaron solos. Solo tuvimos un solo representante, Juan Carlos Arriola. Se presentaron el primer día trayendo unos ganchos de chorizos y estuvieron con nosotros, pero después de sacarse las fotos, eso se terminó. El secretario general es Bernabé Moran, son oficialistas.

Con el Estado, ¿estuvieron negociando?

No, no hubo gente del gobierno poniendo la cara. En su momento se había firmado un acuerdo con Cuartango, el ministro de Trabajo, con la comisión actual, la Lista Blanca y luego, cuando trajeron ese arreglo que se había hecho, la gente estuvo totalmente en desacuerdo porque habían arreglado para que paguen el aguinaldo en agosto, septiembre y octubre y querían que trabajáramos 7 horas. Nosotros decidimos seguir con la misma postura, con los cortes. La única persona que se acercó en los últimos cuatro días fue el señor Gastón Granados, hijo de Alejandro Granados, el ministro de Seguridad. Y fue él quien nos dio una mano para que esto tenga un final feliz, porque después nadie más vino a estar con nosotros.

¿Por qué decís que fue Granados quien terminó resolviendo el conflicto?

Consiguieron alrededor de $3.600.000 para comprar los granos para la empresa de Rasic, para que pueda darle los alimentos a los pollos y todos los insumos. De ahí nos faltaba arreglar el tema horas. El municipio de Ezeiza se hizo responsable.

Del Ministerio de Trabajo, ¿No se presentó nadie?

No, acá la gente que estuvo con nosotros fueron agrupaciones: el Polo Obrero, el FPDS, los maestros, vecinos, nuestras familias… fueron los que estuvieron con nosotros en todo momento.


“La base de kirchneristas sacó conclusiones de todo esto”

Entrevista a Santiago Menconi, delegado de la línea 60

Por Nicolás Viñas (Taller de Estudios Sociales-CEICS)

Los trabajadores de la línea 60 tiene un largo historial de lucha reciente contra los intentos de DOTA de avanzar sobre las condiciones de trabajo y la organización gremial. Este año, después de despedir a tres compañeros, pretendieron aplicar el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo a 60 trabajadores, lo que permitiría a la empresa realizar despidos sin causa a cambio de una indemnización. Esta práctica, que había sido desterrada gracias a la organización, es moneda corriente en la actividad. En la misma reunión, la empresa planteó que se debía sacar el fondo de lucha y que no podían hacer entrar más jubilados. Ante el rechazo de los delegados, se procedió al despido arbitrario de un compañero que había sufrido un accidente de tránsito. Los trabajadores decidieron realizar una medida de fuerza mediante un método común en la línea, el no cobro de boleto, que fue reconocido como medida de fuerza gremial por la justicia. Allí comenzó un lock out patronal, que implicó otros 47 despidos y dio lugar a un conflicto de 45 días, con un acampe en la cabecera de Constitución y piquetes en la Panamericana y Puente Pueyrredón. Finalmente, los trabajadores de la línea 60 consiguieron satisfacer la totalidad de sus reclamos, superando una oferta previa de la patronal y el gobierno: reincorporación de los 47 despedidos, la consideración de reincorporación de los otros tres, el pago del 80% del básico de los días caídos y la extensión del régimen de licencia gremial de cuatro a doce días mensuales. Aquí reproducimos extractos de una charla con Santiago Menconi, delegado de la empresa y militante de la TPR.

¿Cómo fue la intervención del gobierno y la justicia?

Cuando la empresa cae con los despidos, llega con un papel trucho firmado por el Ministerio diciendo que ahí teníamos la conciliación obligatoria y que había que cobrar boleto. Algo recontra trucho porque no tenía la firma de la UTA y tampoco nos habían notificado fehacientemente. Además, el no cobro de boleto está reconocido como una medida legítima legal de huelga. Nosotros tenemos un fallo de una Cámara en primera instancia en lo civil y correccional que nos falló a favor nuestro cuando la empresa nos hizo un juicio hace 2 años atrás. ¿Sobre qué es la conciliación si yo quiero trabajar? Los tipos se van. El lunes presentamos una demanda por lock-out. Rafecas y Servini de Cubría se declaran uno tras otro incompetentes en 24 horas, pero toman una denuncia contra nosotros por usurpación de empresa y otra por robo automotor.

El tercer día militarizan las cabeceras de Rincón y Maschwitz, y en esta prohíben que se saquen los colectivos. En Maschwitz está el abastecimiento más grande de gasoil y empieza un bloqueo contra esa cabecera. Eso se maneja con el fiscal Flores del Juzgado Nº 2 de Campana. Nos movilizamos dos veces y este fiscal dice que podemos sacar a trabajar 15 colectivos. Así accedimos nuevamente al gasoil para poder sacar los colectivos. Movilizamos a Transporte, no nos atendió nadie, dejamos otra nota, movilizamos a Trabajo, nos atiende Scheravino, el tercero después de Tomada y Noemí Rial. Lo que nos dice básicamente es: “bueno pero ustedes antes co-administraban la empresa, esto no es un problema gremial, nosotros ya les dimos la conciliación con despedidos adentro”, lo cual era mentira porque nunca se retrotrajeron los despidos. “Si puedo la semana que viene les doy una entrevista con Noemí Rial… y tienen el fin de semana para entretenerse, a mi me chupa un huevo porque me quedan cuatro meses”. Cuando marchamos a Trabajo fue cuando hicimos pública por primera vez la idea de estatización de la 60: nosotros somos empleados estatales, no nos paga el sueldo DOTA. La 60 tiene 34 millones de pesos por mes de subsidios: 100 mil por colectivo. Frente a esto hubo varias corrientes que pidieron estatización bajo control obrero, otras pedían una cooperativa. Siempre hay disputas entre los compañeros y había un sector que no quería denunciar al gobierno porque si después le reclamábamos algo no nos lo iban a dar nada. Nosotros decíamos que había que dejarlos en evidencia y denunciarlos a todos, que es lo que hicimos desde Plaza Constitución.

¿Y cómo operó la UTA?

Tampoco nos atendía la UTA, que hasta ese momento ni había aparecido y sale a jugar diciendo que estaba al tanto de los despidos. Algunos compañeros querían exigirle a la UTA que intervenga, pero algunos se oponían a la intervención: ¿cómo vamos a ir a la UTA si son unos garcas? Lo bueno de todo esto es que la base de kirchneristas que es bastante grande sacó conclusiones de todo esto: se habrán quebrado dentro de la 60 un montón de kirchneristas. Uno de La Cámpora terminó siendo carnero. Otros del Evita o que simpatizaban con algún movimiento barrial peronista iban a hablar con los punteros de ellos, intentaban hacer contacto y les bajaron la persiana en todos lados, ni donaciones ni nada. Entonces sacaron conclusiones y creo que fue la vez que más se votó al FIT dentro de la 60.

Notas

[1]Véase Harari, Ianina: “Alumnos de Cavallo”, en El Aromo n° 76.

[2]Todas las referencias a la inflación corresponden a la medición realizada por el Congreso de la Nación y fueron extraídas de http://goo.gl/DberUV.

[3]Medición realizada por el Observatorio del Derecho Social de la CTA. Informes disponibles en http://www.obderechosocial.org.ar/

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