Un gran teatro – Por Verónica Baudino

3346648191_7a7b2056a9_o_BYNAcerca de la Ley de Abastecimiento, ayer y hoy.

La ley destinada a defender el bolsillo de los consumidores, no es más que una puesta en escena. La inflación no es causada por “burgueses malos”, es producto de los límites del capitalismo argentino.

Por Verónica Baudino (Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía Argentina-CEICS)

El alto nivel de inflación que corroe los salarios es identificado por el Gobierno nacional como responsabilidad de los empresarios especulativos que fijan los precios de los bienes de consumo a un nivel muy alto, de modo que puedan obtener ganancias extraordinarias. Para combatirla, primero se lanzó el programa “Precios Cuidados” con el objetivo, según la propaganda oficial, de “brindar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios” y “asegurar condiciones de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de los argentinos y que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado.” Sumado a ello, recientemente se promovió la sanción de la Ley de Abastecimiento. Axel Kicillof, en el plenario de comisiones de Diputados, justificó la medida señalando que “este paquete de leyes es para dotar al Estado de instrumentos para defender a los consumidores. Defender a los más débiles de los incumplimientos”.

A esta altura, a nadie se le escapa que la defensa del salario de los trabajadores no forma parte de la agenda del kirchnerismo. Todo lo contrario: el Gobierno se compromete a mantener nuestros sueldos deprimidos mediante topes a los aumentos salariales de estatales y privados y a confiscar parte de él por la vía del impuesto a las ganancias, con un mínimo imponible bajo. Más allá de lo que diga públicamente el ministro de Economía, el verdadero objetivo de la ley es evitar el acaparamiento de cosechas de granos y la no liquidación de saldos exportables, como mecanismo de recaudación de renta agraria aún en manos de los exportadores de granos. Lo que debemos preguntarnos entonces es si esta ley tiene potencialidades para revertir la crisis en andas. ¿De expropiar la renta en manos de los capitalistas agropecuarios se obtendría suficiente riqueza para volver a los buenos tiempos? Por otro lado, en función del objetivo anti-inflacionario, ¿disciplinar a la burguesía industrial especuladora bajaría la inflación?

La ley

La Ley n° 20.680, de abastecimiento, en la que se basa la actual ley promulgada, data del 24 de junio de 1974. Pocos días antes de la muerte de Juan Domingo Perón, quedó sancionada esta normativa como continuación de una serie de leyes similares cuyo origen se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial. En 1991, la norma fue modificada y quedó suspendida hasta tanto el Congreso Nacional declarase emergencia de abastecimiento. Cristina impulsó entonces la derogación de la modificación que interrumpe la vigencia de la ley, así como la atenuación de penas para incumplidores y empresas sobre la cuales se aplicará. El primer punto es, sin embargo, controversial, ya que en 1999, ante una huelga de camioneros, Carlos Menem decretó el estado de emergencia que seguiría hasta hoy y por el cual la ley fue aplicada a Shell en el 2010, ante aumentos en los precios de los combustibles y a Techint, en 2011.

Veamos su contenido concreto. El artículo 1º de la ley original establecía que comprendería todos los procesos económicos relativos

“a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado— que se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población”. La actual exceptúa del régimen establecido en la ley a “los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas […] siempre que no detenten posición dominante”.

Se abre así la puerta a resguardar de la ley a gran cantidad de capitales, como veremos que sucede con aquellos nucleados en Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El artículo 2° dicta, tanto hoy como ayer, el establecimiento de márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, así como que la autoridad de aplicación disponga la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios dentro de niveles o cuotas mínimas. Esto no excluye la “justa y oportuna compensación” por parte del Estado vía subsidios, en caso de que el cumplimiento de la norma no resulte económicamente viable. Del mismo artículo se deroga la capacidad de intervención estatal sobre explotaciones agropecuarias, forestales, e industrias.

Es en materia de sanciones donde encontramos la principal diferencia. La ley original amenazaba con prisión para los incumplidores según las características del caso y la posibilidad de “expropiación de todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población”, “para evitar desabastecimientos, acaparamientos, y/o maniobras de agiotaje y especulación”. En la actual ley, en cambio, sólo se estipulan multas en dinero. Se han limado los elementos punitivos, de modo que el miedo a la expropiación de cosechas por parte de la burguesía agropecuaria es completamente infundado.

Como indicábamos al comienzo, el Gobierno defiende su ley como parte de una estrategia de defensa de los “usuarios de los abusos de posición dominante”, según manifestó Kicillof. Es decir, poner un freno a los aumentos “desmedidos” de precios de las mercancías de consumo diario así como garantizar el abastecimiento de materias primas, para el caso del acopio de productos agropecuarios. La oposición puso el grito en el cielo. Sergio Massa advirtió: “La Ley de Abastecimiento tiene que ser derogada y en 448 días la vamos a derogar” y “nuestro compromiso tiene que ver con la vuelta de la Argentina a los mercados. Nosotros marcamos una posición muy clara, de rechazo a la ley”.1 Federico Pinedo, en sintonía, señalo: “Esta ley le da carta blanca al Gobierno para apretar a los empresarios, y así no se crece ni se genera trabajo ni inversión, que es lo que nuestro país necesita”.2 Hermes Binner y Pino Solanas, coincidieron con los políticos mencionados en su desacuerdo con la ley y su plan para derogarla como plataforma política de cara a las elecciones 2015. Es decir, que todo el arco de la oposición burguesa comparte la caracterización de que se estaría violentando el derecho de empresa y la propiedad.

Ya hemos dicho que tal temor es infundado, y el propio Gobierno se ha encargado de hacerlo saber. El mismo Kicillof salió a desmentir tales afirmaciones: “Acá no hay ningún Estado que venga a intervenir ni avasallar la libertad de empresa”.3

Corporaciones al ataque

Ante la sanción de la ley en 1974, capitalistas industriales y agropecuarios no armaron tanto revuelo como hoy. ¿Por qué ocurre esto, aun cuando la ley contenía por aquel entonces mayores sanciones a quienes la violaran? La razón es que el grueso de la burguesía adoptó una estrategia reformista de la mano del tercer gobierno peronista como forma de cooptar y neutralizar a la fuerza social revolucionaria que amenazaba el orden existente, y gracias a una coyuntura económica excepcionalmente favorable (fundamentalmente por el alza de la renta agraria). Además de ello, y aún teniendo en cuenta la amenaza de una potencial expropiación, el Acuerdo de Precios que la ley venía a resguardar fue sistemáticamente violentado por ciertos sectores de la burguesía que retiraban los bienes de circulación, generando desabastecimiento y vendiéndolos luego a precios más altos en el mercado negro. Aunque en su momento no levantaron voces de oposición, un año mas tarde las mismas fracciones de la burguesía encolumnadas tras el Pacto Social, ante el cambio de la coyuntura económica y política, iniciaron un proceso que culminó con el golpe de Estado de 1976. Nucleadas en la mega-corporación Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), buscaron el restablecimiento de las condiciones de acumulación vía bajas salariales, reducción de gastos estatales y liberación de precios y tarifas. Recién en ese momento se aplicó la ley, y de forma muy marginal. En esa coyuntura, el tercer gobierno peronista, en vez de aplicar la ley que había formulado para supuestamente controlar los efectos de la crisis (y cumplir con sus objetivos de disciplinar a la burguesía), intentó la implementación de un plan de ajuste de la mano del ministro de economía Celestino Rodrigo (consistente en megadevaluación del peso, tarifazo, e incremento salarial del 45%, lo que implicaba una caída brutal del salario real) como forma de adecuación a las necesidades de reproducción del capital.

Hoy en día la reacción fue distinta. La mayoría de las corporaciones burguesas se oponen a la ley y hacen bastante espamento al respecto. El ángulo privilegiado es defenderse contra el intervencionismo del Gobierno. El Grupo de los 6, a través de uno de sus representantes (De la Vega, Presidente de la Cámara de Comercio) declaró que la ley “es sumamente intervencionista”, ya que “delega facultades en el Poder Ejecutivo para poder decir en ciertos casos a las empresas qué producir, cuánto vender, a qué precio y en qué regiones del país hacerlo”.4 La Unión Industrial Argentina (UIA), a través de un comunicado oficial, manifestó que

“en un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión que permita generar empleo de calidad y crecimiento económico, iniciativas como esta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a esos objetivos que el propio Gobierno Nacional manifiesta promover”.

Para esta entidad, la ley “potencia la intervención discrecional del Estado en la economía y en las empresas, confiando márgenes de utilidad, niveles de stock, precios, volúmenes de producción y canales de distribución, entre otros mecanismos de intervención.”5 Cristiano Rattazzi, miembro de la entidad y dueño de Fiat Argentina fue más allá en sus acusaciones y comparó esta ley con la existente en Venezuela, intentando sembrar miedo a un supuesto avance por izquierda.

Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se expresó en igual sentido que Rattazzi al señalar que se trataba de una variante del “Exprópiese” de Hugo Chávez. Las críticas de esa entidad a la ley pasan por la supuesta autoridad estatal para decomisar productos. Eduardo Buzzi, dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), inclusive sostuvo que la amenaza de confiscar cosechas pretende atacar comportamientos inexistentes, dado que los productores reservan su cosecha de soja para protegerse de los vaivenes de la economía, y no, como dice el Gobierno, para especular y presionar con una devaluación. El titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Garetto, denunció que la ley “le pone un cepo a la producción” y por eso “pone en riesgo la mesa de los argentinos”, ya que “el precio es el mayor incentivo a la producción”.6 Dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), por su parte, discutieron en el Senado de la Nación, que el proyecto no busca alcanzar una mayor transparencia como pretende el gobierno nacional, sino simplemente legalizar mecanismos de intervención por parte del Ejecutivo nacional que “el sector agropecuario conoce acabadamente como el cierre de exportaciones, las limitaciones por cupos y la elección discrecional de quienes venden y compran”.7

Por su parte, las asociaciones de bancos (Asociación de Bancos de la Argentina –ABA- y Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino –ADEBA-) también se horrorizaron por el intervencionismo sobre los procesos de producción y comercialización que la ley supuestamente habilita, afectando la “transparencia de los mercados y el clima de negocios que necesita el país para crecer”.8

Del lado opuesto, entre las pocas entidades que dieron su apoyo a la ley se encuentran Confederación General Económica (CGE) y CAME, replicando el ángulo contra los formadores de precios y remarcando la exclusión de las PYMES (empresas nucleadas bajo la órbita de las mencionadas corporaciones) de los capitales sobre los que la Ley de Abastecimiento se aplicará.

Alcances y límites

Las penalizaciones mediante la aplicación de la Ley de Abastecimiento en la década de 1970 se impusieron centralmente como medida represiva ante las acciones opositoras de los capitalistas organizados en APEGE. Como represalia a su participación en el lock out de febrero de 1976, inspectores de la Secretaría de Comercio practicaron más de un centenar de clausuras preventivas en aplicación de la Ley de Abastecimiento, sobre todo de pequeñas y medianas industrias del Gran Buenos Aires. El Ministerio de Economía había advertido que aplicaría la ley para disuadir los sucesivos paros agrarios e industriales de la época.

En el presente, los miedos expresados por los capitalistas parecen injustificados, tratándose la ley de una amenaza y no de una seria realidad. En primer lugar porque ya fue utilizada durante la gestión kirchnerista pero sólo en dos oportunidades (Shell y Techint). En esas ocasiones, sólo se aplicaron multas por subas no pactadas en los precios de combustibles y laminados. En segundo lugar, el acuerdo por el que se excluyen a un millón de PYMES, implica que no se pone la lupa sobre el incremento de precios de los responsables del 44% del Producto Bruto Interno.9 De este modo, se sustrae del supuesto intento de morigerar las ganancias, y así la inflación, a un componente central en la producción de bienes de consumo diario.

De todas formas, aún si se aplicase la ley sobre el conjunto de los capitales, y se los persiguiera para que no aumenten los precios “de más”, la inflación no podría ser reducida. El punto fundamental es que esta se genera como un mecanismo más allá de las decisiones de los capitales individuales, por la acción estatal de emisión y control del tipo de cambio. La sobrevaluación del peso, vía emisión monetaria, es el mecanismo que permitió la transferencia de renta de los capitalistas agropecuarios a importadores o capitales extranjeros que remitieran ganancias al exterior. Asimismo, posibilitó la compra de dólares baratos por parte del Estado. La inflación, entonces, se explica en un primer momento como mecanismo de apropiación de renta. Sin embargo, cuando la renta ya no alcanza para mantener al conjunto de la economía argentina, la inflación opera como herramienta para bajar salarios (al establecerse topes a las paritarias con porcentajes de aumento por debajo de la inflación), y ofrece otra forma de compensación para el capital débil vía incremento de la tasa de explotación. La devaluación que sinceró la escasez de dólares fue a su vez acompañada por el incremento general de precios como forma de recuperar el valor perdido.

En segundo lugar, el avance sobre cosechas no liquidadas tampoco parece tener asidero, dada la inexistencia de grandes acaparadores. Según datos de CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Cámara de Exportadores de Cereales), al 24 de octubre en relación a la misma fecha del año pasado se liquidó un 3,6% menos (un poco más de 700 millones de dólares). Teniendo en cuenta que en la segunda mitad de este año los precios cayeron, pero que la producción en la mayoría de los cultivos, según datos del Ministerio de Agricultura, fue alrededor de un 10% mayor, la liquidación total debería ser parecida a la de años anteriores. En enero hubo una fuerte retención de granos que se compensó después de la devaluación en febrero y marzo. En agosto y septiembre se volvieron a retener ventas y estas en relación a los mismos meses del año pasado cayeron a la mitad. En octubre el ritmo de ventas volvió a recuperarse y ya la semana del 20 al 24 de octubre se empezó a liquidar por encima del mismo periodo del año pasado, motorizado por el acuerdo por liquidación de cosechas alcanzado entre el gobierno y CIARA-CEC. La tendencia parece indicar que la retención de granos en silobolsas, al menos este año, no será tan grande como denuncian algunos sectores ligados al gobierno.

Así, la ley destinada a defender el bolsillo de los consumidores, no es más que una puesta en escena. La inflación no es causada por burgueses malos sino que es producto de las características del capitalismo argentino. Un capitalismo débil que requiere salarios bajos como forma de compensación. Salarios que son mantenidos a raya por el gobierno que hoy pretende ocultarlo con más teatro.

Notas

1 La Nación, 18/9/2014.

2 La Nación, 18/9/2014.

3 La Nación, 16/9/2014.

4 La Nación, 26/8/2014

5 www.uia.org.ar, 16/9/2014.

6 http://goo.gl/ZQImJ6, 20/8/2014

7 http://goo.gl/WE0Heo

8 Cronista Comercial, 14/8/2014.

9 http://www.observatoriopyme.org.ar/

 

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